Los funcionarios denuncian a la CE por desproteger sus derechos laborales
Bruselas se niega a extender a la función publica medidas de protección del sector privado La Federación Sindical de funcionarios lleva al organismo de Juncker ante el Tribunal de la UE
Batalla legal inédita en la UE. Los principales sindicatos de la función pública de todo el continente han anunciado que denunciarán este martes a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia europeo. Los funcionarios acusan al Bruselas de desproteger sus derechos laborales.
Los denunciantes lamentan que el organismo presidido por Jean-Claude Juncker se haya negado a legislar para extender a los 10 millones de empleados del sector público la norma que garantiza en el sector privado el derecho de los trabajadores a ser consultados en casos de reestructuración de la empresa y en relación con normas esenciales de vida laboral como la seguridad, la higiene o la conciliación familiar.
"La negativa de la Comisión es inaceptable, intolerable e incomprensible", lamenta Jan Willem Goudriaan, secretario general de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) durante una rueda de prensa en Bruselas para anunciar la presentación de "una denuncia sin precedentes".
Las organizaciones sindicales consideran que la decisión de la CE "es una burla" a la Europa social que la UE proclamó hace apenas seis meses y en la que consagraba el diálogo social como uno de los pilares de su nueva estrategia para recuperar la confianza de la ciudadanía en el proyecto europeo, baqueteado tras una década de crisis económica.
En aras de la recuperación de esa confianza, las administraciones públicas de 17 países (incluidos España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) suscribieron en 2015 un acuerdo con los representantes sindicales del sector público con las condiciones de consulta y representación de los funcionarios de sus administraciones centrales.
Los sindicatos pidieron a la CE en 2016 que trasladara ese acuerdo al texto de una directiva comunitaria, para que la protección de esos derechos quede blindada legalmente, como ocurre en el sector privado, ante futuros vaivenes políticos o económicos. "Parecía una propuesta ganadora para todos: para administraciones, para funcionarios y para la CE, que reforzaba su apuesta por la agenda social", recuerda ahora Goudriaan.
Pero el 5 de marzo de este año cayó el jarro de agua fría. La Comisión Europea denegó por escrito la posibilidad de plasmar el acuerdo de administraciones y funcionarios en una directiva. Bruselas aduce que la estructura de la función pública es una competencia exclusiva de cada país en la que no puede intervenir.
El organismo europeo añade que el blindaje de los derechos de información de los funcionarios de las administraciones centrales podría resultar discriminatorio hacia los funcionarios de las administraciones regionales o autonómicas en los países con una estructura administrativa descentralizada.
Los sindicatos consideran "inauditas" las excusas esgrimidas por la Comisión para no intervenir. Y confían en que el Tribunal de Justicia obligue al organismo comunitario a tomar en consideración la petición de los funcionarios. "Estamos defendiendo principios fundamentales como el derecho a un trato igual entre los trabajadores y el derecho a una buena administración", afirma Goudriaan.
Los funcionarios, que cuentan con el apoyo a la denuncia de la Confederación Europea de Sindicatos, confían en que el caso ponga en un brete político a la Comisión Europea en un período que coincidirá, además, con la cuenta atrás hacia las elecciones europeas de mayo de 2019.
"La Comisión tendrá que defender ante el Tribunal que los trabajadores pueden sufrir discriminación en función de su lugar de trabajo", advierte Goudriaan. Y asegura que llevarán a cabo acciones de presión sobre el organismo comunitario aprovechando los próximos comicios europeos.
Los denunciantes esperan, además, que el caso judicial centre la atención en la amenaza que sufre la función pública en Europa como consecuencia de los recortes presupuestarios (en los países del sur de la zona euro, sobre todo) o de las derivas autoritarias (en países como Hungría o Polonia).
Derechos que se evaporan y despidos de la noche a la mañana
Los sindicatos de los funcionarios reclaman que el derecho de información y consulta quede plasmado en una directiva para garantizar que no desaparece. "Durante la crisis hemos visto que los derechos logrados pueden desaparecer de la noche a la mañana", señala Nadja Saisson, que encabezó las negociaciones del acuerdo sobre información logrado por la FSESP y las administraciones públicas de 17 países, España entre ellos.
Saissol evoca casos como el cierre de la televisón pública en Grecia, con el despido de cientos de trabajadores, o el trasvase en Italia de miles de guardias forestales desde el ministerio de Agricultura al de Defensa (con consiguiente merma de derechos sindicales) como recientes ejemplos de medidas draconianas que no hubieran sido posible con una directiva comunitaria.
