UGT, CC OO y CSIF reclaman un salario mínimo de 1.200 euros para todos los funcionarios del Estado
Convocan medio centenar de manifestaciones y protestas a partir del 21 de mayo Denuncian que la Administración General del Estado es la única donde sigue existiendo brecha salarial entre funcionarios y laborales
Los sindicatos mayoritarios en la función pública, CC OO, UGT y CSIF han convocado este viernes medio centenar de manifestaciones en ciudades de toda España que tendrán lugar desde el próximo 21 de mayo hasta el 21 de junio para reclamar mejoras en las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos que forman parte de la Administración General del Estado (AGE).
En concreto, los sindicatos reclaman un salario mínimo de 1.200 euros para todos los empleados públicos de la AGE, así como que se homologuen las condiciones retributivas del personal laboral con el personal funcionario, ya que se trata del único nivel de la Administración donde sigue existiendo una brecha salarial entre ambos colectivos de 200 euros de promedio. Por ello, tal y como explica Carlos Álvarez, secretario de AGE de UGT, para lograrlo, proponen un incremento lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros por efectivo para el establecimiento de la carrera profesional.
Álvarez calcula que de los 200.000 efectivos con que cuenta la Administración General del Estado, unos 50.000 son personal laboral, por lo que se verían afectados por esta mejora salarial.
CC OO, UGT y CSIF han denunciado que la Administración General del Estado ha sido "castigada" de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados "con la excusa de la crisis".
El representante de UGT admite que el reciente acuerdo suscrito con el Ministerio de Hacienda para la mejora del salario y el empleo público es muy positivo para el conjunto de la Administración, pero no tanto cuando se trata de analizar las condiciones de la AGE.
En este sentido, los sindicatos han exigido el desarrollo del II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo, con la apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el pacto para lograr avanzar en tres ejes: empleo, derechos (restablecimiento de toda las retribuciones en situación de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas) y salario.
Al mismo tiempo, han demandado que se desarrolle y aplique la jubilación parcial en el ámbito de la AGE, que se desbloquee el IV Convenio Único del personal laboral, y que se desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público para establecer el derecho a la carrera profesional y adaptar la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones.
Carlos Álvarez ha insistido en que las manifestaciones solo podrán ser desconvocadas si reciben una llamada de la Secretaría de Estado de Función Pública en las que les garanticen que se va a poder avanzar en el establecimiento de un salario mínimo de 1.200 euros para todos los empleados públicos, que sería equivalente al 60% del salario medio del país tal y como establece la Unión Europea. También buscan un compromiso del Gobierno para conseguir desbloquear el convenio único y que se inicien cuanto antes las acciones necesarias para desarrollar el estatuto del empleado público y la carrera profesional horizontal.
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