Energía quiere forzar por ley que las eléctricas sigan explotando las nucleares

La proposición de ley sobre cierre de centrales obliga a pedir la prórroga de las licencias

La negativa sería considerada una infracción muy grave

Cierre de centrales
Central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres.

El empeño del ministro de Energía, Álvaro Nadal, de evitar el cierre de las centrales de carbón y las nucleares en España, inaugura un nuevo capítulo. Tras fracasar en su intento de consensuar con el PSOE un proyecto de ley para reforzar la potestad del Gobierno a la hora de impedir los cierres, una medida que se remonta a enero del año pasado, y después de tramitar un real decreto que finalmente decayó porque carecía de rango legal, el Gobierno se ha decantado por una proposición de ley (PL), que el Grupo Popular entregó a la mesa del Congreso el pasado viernes.

En este texto, Energía da una vuelta de tuerca a las propuestas anteriores, en las que, esencialmente, se ampliaban los supuestos de denegación de cierre de instalaciones de generación que establece la Ley Eléctrica. Así, además de razones de seguridad de suministro, que es el único motivo que hoy por hoy figura en la ley del sector, la proposición plantea otros supuestos: que el cierre tenga un efecto desfavorable significativo en los precios de la electricidad; sobre la competencia en el mercado eléctrico o en los objetivos medioambientales, especialmente el impacto en emisiones de gases de efecto invernadero. Una traba pensada en las centrales nucleares, que no emiten CO2.

Para sorpresa de las empresas, en el caso de las centrales  nucleares, el texto presentado al Congreso impone a sus titulares la obligación de pedir autorización para prorrogar las licencias, que tienen una duración de 10 años. El problema del ministerio respecto a las nucleares no es que las eléctricas le puedan pedirsu cierre, sino que no soliciten su continuidad llegado el momento. La próxima que debe solicitar la prórroga de su licencia es Almaraz, que, además, cumple 40 años de vida útil, hoy por hoy, la que marca la clausura definitiva. La solicitud debe presentarse un año antes de dicho plazo.

Según la PL del Grupo Popular, el silencio de las empresas implicará que las quieren cerrar, por lo que se activará el mecanismo que regirá para el resto de centrales. Así, señala el texto, “tanto la expresa comunicación del titular de cesar en la explotación de una central nuclear, como el vencimiento del plazo establecido sin que dicho titular haya presentado la solicitud de renovación de la autorización de explotación, tendrán la consideracion de solicitud de cierre”. Por tanto, se solicitarán los correspondientes informes a la CNMC, la Oficina de Cambio Climático y el IDAE.

Si finalmente el ministerio denegase el permiso de cierre, la autorización de explotación “continuará desplegando efectos duranrte el tiempo de su vigencia”. En el caso de que venza el plazo para solicitar la renovación de autorización de explotación, el ministerio podrá establecer un nuevo plazo, en el que obligatoriamente, la compañía (o compañías) deberán presentar la solicitud. En caso contrario,  se considerará una infracción muy grave de la Ley Eléctrica.

Fuentes del sector califican la propuesta de “disparate jurídico”, que carece de antecedentes “en el ordenamiento español”.  La regulación actual ata de pies y manos al Gobierno,  ya que son los titulares de las nucleares, sin más, los que tienen la potestad  de pedir o no una prórroga de la licencia, cuando en el caso del resto de centrales, deben solicitar su cierre si no quieren seguir explotándolas.

Nadal está en manos del PSOE para sacar adelante una norma que planea desde hace más de un año

Con este enjuague, todas las plantas quedan en igualdad de condiciones, si bien, para las nucleares es requisito indispensable el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). A partir de ahí, se le aplicaría  el mecanismo de subastas que la nueva proposición de ley deja para su posterior desarrollo reglamentario, pero que el ministerio desveló en sus anteriores proyectos legislativos.

En ellos, el departamento que dirige Nadal planteó  la posibilidad de que las empresas a las que se denegase el cierre de alguna central  la  subastasen a través de un proceso controlado por el ministerio. Primero, a un precio establecido indirectamente por la compañía y, de quedar desierta, a un precio fijado por la CNMC. Si en ambas ocasiones quedara desierta, se celebraría una tercera puja que incluiría el pago de incentivos.

En manos de PSOE

La piedra está ahora en el tejado del Grupo Socialista que, como en otras ocasiones, se debate entre las presiones del partido en las comarcas mineras en Asturias y León, y las de los medioambientalistas, contrarios al carbón y a la continuidad de las centrales nucleares más allá de los 40 años.

En esta facción no faltan los partidarios de, directamente, “no tomar en consideración la proposición de ley” del PP.  O, en caso de un inevitable apoyo al carbón, que dicho apoyo  se limite al mineral autóctono y no a las centrales de carbón de importación, tal como pretende el ministro Nadal. En cualquier caso, el Gobierno se puede ver obligado a ofrecer al PSOE alguna contrapartida cuyo precio quizás no le compense, como, por ejemplo, desempolvar los viejos y polémicos CTC.           

 
 

Guiño a la oposición

La proposición de ley del Grupo Popular para modificar la Ley Eléctrica en lo relativo al procedimiento de autorización de cierre de centrales de generación, incluye alguna novedad más respecto al real decreto que el Ministerio de Energía tramitó el año pasado y que, finalmente, metió en un cajón tras comprender que carecía de rango legal. La medida implica una modificación de la ley del sector, lo que requiere de otra ley.

 En un guiño a la oposición, el ministerio ha modificado un punto relativo a los dictámenes preceptivos que el ministerio debe tener en cuenta para decidir sobre los posibles cierres que se soliciten. Así, en lugar de un informe de la Dirección General de Energía (dependiente del propio ministerio) se solicitará el de la Oficina de Cambio Climático, amén de los de la CNMC y el IDAE, ya previstos en el borrador de real decreto nonato de 2017.

Además, en cuanto al efecto de las clausuras de centrales sobre los precios del mercado, la proposición de ley habla de “objetivos de precios de la energía”. Esto, unido a las referencias a la planificación energética (que es meramente orientativa y no obligatoria), ha soliviantado al sector. En este entienden que el Gobierno no se puede arrogar una política de precios de un mercado liberalizado, como el de la generación.

Normas