¿Para cuándo una CEOE más solidaria?
Los socialistas no compartimos el apoyo de la patronal a reducir el gasto público y bajar impuestos a las empresas
Cuando uno ve valoraciones de la cúpula empresarial española como la que se ha hecho de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 solo puede sentir estupefacción, por decirlo suavemente. Resulta llamativa su lejanía de la realidad social. A la CEOE no le gusta el Proyecto de Presupuestos. En eso coinciden con la mayoría de los partidos de la oposición y compartimos algunos argumentos: la escasez de inversiones públicas, la no credibilidad de las cuentas por sobreestimación de ingresos –reiteradamente incumplidos durante los siete años de gobierno del PP–, o las serias dudas sobre el cumplimiento del objetivo de déficit fiscal y la vulnerabilidad de la elevada deuda pública.
Hasta ahí podemos compartir diagnóstico, pero donde se retrata ideológicamente la cúpula empresarial es en su reivindicación de un mayor descenso, aún más, del gasto público, y en particular del gasto social, y su crítica a la subida de las pensiones y del salario de los empleados públicos, y eso nos parece profundamente insolidario e injusto, junto a la petición de mayores bajadas de impuestos a las empresas.
Nosotros defendemos como un derecho la actualización de las pensiones para que no pierdan capacidad adquisitiva y la recuperación del nivel de renta de los empleados públicos devaluada durante la crisis. No estamos de acuerdo en las propuestas arbitrarias y electoralistas del Gobierno, pero defendemos la recuperación de los derechos conculcados a ambos colectivos.
En un momento donde los beneficios de las empresas crecieron al 9,7% en 2017, donde los sueldos de los consejeros del Ibex han crecido un 21,3% –frente al 0,81% de los de los trabajadores–, en el que el peso de los salarios sobre el total de renta nacional ha disminuido al nivel del año 1989 y se ha ampliado el peso del excedente bruto empresarial, en el que los trabajadores han visto recortados sus salarios y condiciones laborales, en el que muchos jóvenes trabajan por sueldos de miseria y en el que la tributación del impuesto de sociedades está 20.000 millones por debajo de la recaudación del año 2007, las propuestas de la cúpula empresarial suenan provocadoras y ofensivas. La insensibilidad que demuestran y la falta de empatía con la situación de la mayoría de la población de este país son muy preocupantes.
España necesita una clase empresarial moderna, innovadora, abierta al mundo, con capacidad de asumir nuevos retos y riesgos, pero también corresponsable con el devenir y el bienestar de las sociedades en las que desarrollan su actividad. La cúpula empresarial española debería esforzarse en acercarse a la realidad empresarial cotidiana de las pequeñas y medianas empresas, a la de los emprendedores y autónomos, y sobre todo, a la realidad de la mayoría de la sociedad.
La mano invisible de Adam Smith mece la cuna de la desigualdad y la insolidaridad y el reflejo de una sociedad tan desigual como la española, con más de un 22% de su población en riesgo de exclusión social o más de 2,3 millones de niños en riesgo de pobreza infantil o más de un millón y medio de parados sin cobertura por desempleo, debería producir un profundo rechazo también en nuestros dirigentes empresariales. El PSOE defiende un proyecto de futuro para España que apuesta por la modernización de la estructura productiva, que incluye la digitalización y la transición ecológica de la economía, y mayores estándares de calidad del gasto social en línea con los países más desarrollados de Europa.
Necesitamos el compromiso, la colaboración y el partenariado de los agentes sociales y económicos para hacer los cambios profundos que necesita este país, empezando por un aumento de la productividad para competir por valor añadido y aportación tecnológica y así poder generar empleos de calidad. Y la economía necesita que los salarios recuperen peso en la estructura de la renta nacional, por equidad social e interés económico. Por eso hay que subir salarios y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
España no se debería plantear con carácter estructural un modelo de competitividad basado en la devaluación salarial y la precarización de las relaciones laborales. Necesita modernizar su estructura productiva y para eso, los empresarios han de jugar un papel protagonista en ese cambio de modelo, pero quizás el mundo empresarial tiene también un problema en su cúpula, que hipoteca el futuro de modernidad de la economía española, y que también necesitaría una visión más social del papel de la empresa en el siglo XXI.
Javier Lasarte es Portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso