San Martín: “Las reformas laborales deben hacerse en tiempos de bonanza”

“La abogacía se opone, por sistema, a todas nuestras reivindicaciones” “Los 33 días de salario por año trabajado me siguen pareciendo excesivos”

Javier San Martín, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.Pablo Monge

Javier San Martín lleva desde el año 2002 al frente del Consejo General de Graduados Sociales. de España. En este tiempo, el colectivo ha logrado algunas victorias, como que puedan ejercer la representación técnica en los procedimientos laborales, permitiéndoles, además, firmar el recurso de suplicación.Pero todavía queda camino por recorrer, con retos como poder firmar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo o que se cuente con ellos en la prestación de asistencia jurídica gratuita. Aspiraciones a las que, según San Martín, la abogacía institucional se opone. En esta entrevista expone las claves de sus reivindicaciones y su visión del mercado laboral.

R. ¿Cuál es el valor diferencial que aportan estos profesionales frente a los abogados laboralistas?

R. El valor que aportan se ha visto reflejado en la crisis, siendo capaces de vehiculizar todas las acciones jurídicas tanto por parte de las empresas como de los trabajadores. La diferencia entre un graduado social y un abogado laboralista es muy poca, pero el matiz es importante. El abogado laboralista estudia sólo una asignatura de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, mientras que el graduado social accede a la profesión tras cursar su grado universitario, en el quel los 240 créditos son sobre Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

R. ¿Cuáles han sido los principales logros del colectivo en los últimos años y cuáles son sus principales objetivos ahora?

R. El logro fundamental ha sido dar a conocer la profesión a la sociedad, conseguir ser reconocidos como una profesión jurídica ante el Ministerio de Justicia, poder firmar el recurso de suplicación y, sobre todo, que los estudios de Graduado Social estén incorporados en la universidad como un grado universitario. Está todavía pendiente la firma del recurso de casación, un máster de acceso a la profesión y la incorporación en igualdad de condiciones del graduado social tanto en la ley reguladora de la jurisdicción social como en los recursos en esa materia.

R. ¿Cree que se logrará pronto que los graduados sociales puedan firmar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo?

R. Creo que va a ser muy difícil porque tenemos a los abogados en contra. De forma incomprensible, están poniendo trabas a que los graduados sociales puedan firmar el recurso de casación, y el Ministerio, en lugar de ayudar, evita enfrentamientos con los abogados, un colectivo mucho más potente que el de graduados sociales. Por la misma razón, también veo difícil la incorporación del colectivo a la asistencia jurídica gratuita. Hay dos factores importantes: uno es la oposición que tenemos por parte de la abogacía, y otro, las ganas que tenga el poder legislativo y el ejecutivo de darnos esas facultades.

R. ¿En qué punto se encuentran las relaciones con la abogacía?

R. A nivel personal son magníficas, pero a nivel institucional no entiendo por qué los abogados ponen pegas a que el graduado social firme el recurso de casación o se incorpore a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuando lo que se quiere es ayudar, no entorpecer.

R. El Gobierno acaba de impulsar la nueva regulación sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador, ¿cómo cree que debería regularse para su colectivo?

R. Se podría aprovechar esta modificación de la ley para incorporar al colectivo de graduados sociales. No sé si lo hará o no. Desde luego, parece ser que, como ya he dicho, la abogacía muestra mucha oposición a ello y desde luego lo veo difícil, pero la vía adecuada sería esta. La abogacía se opone a todo por sistema.

R. ¿Por qué cree que se oponen a todo?

R. Yo creo que quieren evitar que el colectivo de graduados sociales pueda copar o coger algún tipo de competencia. Pero eso es absurdo porque no quiere más competencias de las que ya tiene. Y temor no tendrían que tener porque la relación del graduado social con el abogado es sobre todo de colaboración, máxime cuando buena parte de los graduados sociales somos también abogados. No se entiende mucho la posición de la abogacía, pero llevamos así muchos años y cada vez que el graduado social quiere sacar algo adelante la abogacía se opone.

R. ¿Qué debe mejorar en los tribunales en el ámbito laboral?

R. En la jurisdicción laboral reivindicamos jueces con especialización en materia social y con experiencia. No creo adecuado que un juez con la oposición recién terminada se ponga a resolver cuestiones laborales como si el derecho laboral fuera algo tan elemental como una cuestión civil. El derecho laboral genera muchísimas complicaciones. Por tanto, en primer lugar, especialización. En segundo lugar, experiencia y, tercero, que no haya distanciamientos jerárquicos, un trato mucho más humano en los juzgados.

R. En cuanto al mercado de trabajo, ¿ve necesaria una nueva reforma laboral?

R. En estos momentos el tema de la reforma laboral está bastante calmado en la sociedad española. Se ha conseguido estabilizar la forma de llevar a cabo los despidos en situaciones de crisis y se ha generado o consolidado el derecho del trabajador en estos supuestos. Lo que debería hacer el Gobierno es, en las épocas buenas, como la actual, abordar las posibles reformas laborales del futuro, las que permiten cambiar las estructuras jurídico-laborales de este país, porque en 2012 se incorporó una reforma muy valiente, muy activa, pero se hizo en un momento muy complicado. No se debería haber hecho nunca esa reforma laboral en una situación tan desastrosa de la economía, porque supuso apagar el fuego con gasolina.

R. ¿Y qué medidas concretas se podrían adoptar para mejorar el mercado laboral?

R. Hay que partir de la base de que el trabajo lo crea la economía, no el derecho del trabajo. Pero en cuanto a la regulación necesaria, a mi modo de ver, sería necesario estructurar el despido, con un coste más barato para el empresario. Los 33 días de salario por año de trabajo me siguen pareciendo excesivos. Habría que instaurar medidas de mayor flexibilidad para que puedan modificarse sustancialmente las condiciones de los trabajadores, con menos inseguridad que la que tenemos en estos momentos. Es también importante establecer un buen sistema contractual para la generación de empleo.

R. ¿Cree que la recuperación económica debería ir acompañada de mejoras salariales?

R. No, en estos momentos España no está capacitada económicamente para una subida salarial. Necesitamos unos años de recuperación para que el nivel salarial crezca, pero antes debemos crear más empleo. Cuando se haya conseguido eso, ya habrá momento para aumentar los salarios, con una economía más estable.

R. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo con expertos para reflexionar y elaborar propuestas sobre el empleo del futuro. ¿Cuentan con ustedes?

R. No, no cuentan con nosotros. Hemos pedido estar en ese grupo y nos parece absolutamente incomprensible que no se cuente con nosotros en esta materia.