Banca

Los grandes inversores de Popular creen que el informe de la JUR invalida la resolución

El abogado de Pimco y otros fondos de inversión ve demostrado que no hubo un “análisis real”

Subraya que la propia Deloitte reconoce haber trabajado sin tiempo ni información precisa

 La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, acompañada del Presidente del FROB, Jaime Ponce, en el Congreso de los Diputados.
La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, acompañada del Presidente del FROB, Jaime Ponce, en el Congreso de los Diputados.

 El informe de Deloitte en el que la Junta Única de Resolución (JUR) fundamentó su decisión de resolver Banco Popular el pasado 6 de junio, debido a la fuga de depositantes en un clima de desconfianza sobre la viabilidad de la entidad, es el documento más ansiado por los miles de inversores que perdieron su dinero aquella noche.

Por ello, la expectación era máxima ante la publicación este viernes de una versión del informe censurada en algunas cuestiones por el Banco Central Europeo. Los documentos omiten determinados datos entre otras cosas para proteger información comercial que está considerada como sensible por Banco Santander, que se quedó con el banco tras su resolución por un euro simbólico.

Pese a que no se detallan los riesgos litigiosos con que cargaba Popular, el impacto de sus filiales, la liquidez de emergencia con que contaba o el volumen de alguno de los colchones con que contaba en sus últimas horas, el documento aporta algunas revelaciones.

Entre otras que Deloitte tuvo que realizar su análisis en apenas unas horas cuando un informe así le hubiera llevado semanas, que no tuvo acceso a toda la información que requería o que asume que sus propias conclusiones tienen un carácter “incierto y provisional”.

El informe, como ya trascendió, aporta tres escenarios de valoración de Popular, siendo el peor un valor negativo de 8.200 millones de euros, el medio -2.000 millones y el mejor escenario posible una estimación de 1.300 millones en positivo. Es a esta última cifra a la que se aferran los damnificados para alegar que la entidad no debió ser resuelta, ni recapitalizada a costa de su inversión.

La reacción airada por parte de los inversores que vieron pasar a cero toda su inversión aquella madrugada de junio no ha tardado en llegar. Su indignación, por lo que dice y lo que calla el documento conocido este viernes, promete convertir este documente en un ariete legal.

"La JUR ha hecho desaparecer las inversiones de nuestros clientes basándose en un informe que la propia consultora Deloitte reconocía haber hecho en un corto periodo de tiempo y advertía que debía considerarse como “provisional y con muchos puntos que aclarar”, ha denunciado este viernes Richard East, socio principal del bufete de abogados Quinn Emanuel que representa a algunos de los mayores inversores de Popular.

East defiende concretamente a grandes fondos como Pimco, Anchorage Capital Group, Algebris Investments, Ronit Capital y Cairn Capital que tras recurrir la decisión de la JUR ante la justicia europea y la ejecución del FROB ante la Audiencia Nacional han decidido personarse esta semana en la causa penal que investiga a los dos últimos expresidentes de Popular.

El abogado de estos fondos subraya que la propia Deloitte reconoce que “tenía acceso limitado a información crítica” para evaluar el valor del banco, que no pudo consultar libremente a los directivos del banco y que desconocía cierto colchón anticrisis del banco, información que constituía "una parte esencial del informe”. “Ahora resulta obvio que la JUR no quería revelar un informe que muestra claramente que no hubo un análisis real y ni una valoración ajustada”, denuncia.

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