Cataluña y Valencia ganarían con una quita del FLA y Madrid se sentiría agraviada

Montoro rebaja las expectativas de aplicar un perdón a la deuda autonómica Los expertos se mostraron divididos sobre una hipotética quita

Alejandro Meraviglia

“Tenemos que ver qué hacemos respecto a la deuda de las comunidades autónomas y en concreto con la deuda que las comunidades tienen con el Estado. Ver qué parte de esa deuda corresponde a insuficiencias del sistema actual. No hay ningún interés por parte del Estado de financiarse con esta deuda”. Estas palabras del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, pronunciadas en el Congreso de los Diputados el miércoles y sugiriendo la posibilidad de una reestructuración de la deuda, gustaron especialmente en la Comunidad Valenciana. El Gobierno de Ximo Puig denuncia que el sistema de financiación actual provoca que algunas comunidades reciban menos recursos que el resto y, por lo tanto, deban recurrir con mayor intensidad al FLA. Fue la primera vez que Montoro reconoció abiertamente que hay comunidades infrafinanciadas.

El Gobierno valenciano reclama que se realice una quita a la deuda del mismo importe que la cifra estimada de infrafinanciación. Una medida como esta beneficiaría especialmente a Valencia, Cataluña, Murcia y Andalucía. Estas cuatro comunidades reciben menos recursos que la media por el modelo de financiación y, a su vez, están fuertemente endeudadas.

El caso de Valencia es el más notable. Está en la cola en financiación por habitante ajustado y según datos recopilados por Fedea, en 2015, recibió 2.178 euros por habitante, lejos de los 2.354 euros de media o de los 2.906 euros de Cantabria, la comunidad mejor financiada. Estas cifras son recursos por habitante ajustado, es decir, ya tienen en cuenta que una región con muchos niños requerirá más dinero para educación y otra con una población envejecida destinará más dinero a sanidad. En un sistema equitativo y en el que existiera igualdad en el acceso a los servicios públicos, las diferencias en la financiación por habitante ajustado deberían ser mínimas.

La Comunidad de Madrid es la región que se opone de forma más tajante a una posible quita. Y ello es así porque figura entre las comunidades que reciben menos recursos que la media, pero prácticamente no ha recurrido al FLA y se ha financiado por su cuenta. Los últimos datos publicados correspondientes al tercer trimestre de 2017 muestran que la deuda autonómica alcanza los 284.407 millones y, de esta cifra, el 56% son prestamos que ha concedido el Estado, especialmente a través del FLA y también por el plan de pago a proveedores.

En el caso de Valencia, el 80% de su pasivo lo adeuda al Estado central. El porcentaje alcanza casi el 70% en Cataluña. En cambio, en Madrid, su deuda con el Estado no llega al 6% del total. Se trata del porcentaje más bajo entre las comunidades de régimen común. Por ello, el Ejecutivo madrileño entiende que una quita supondría algo así como un premio a los peores gestores.

Montoro insistió ayer en que habrá que analizar qué tratamiento recibe la deuda entre administraciones en el nuevo modelo de financiación autonómica, aunque también señaló que no se deben “generar agravios” entre comunidades autónomas. Uno de los compromisos del Gobierno es cambiar el sistema de financiación, sin embargo, se trata de una negociación compleja. Hoy por hoy, el acuerdo parece muy lejano.

La dificultad de alcanzar un consenso se reflejó en la propuesta de reforma que el comité de expertos elegidos por Hacienda y las comunidades publicó en julio. El 40% de las 160 páginas del documento eran votos particulares. La posibilidad de una quita fue uno de los puntos que generó una mayor división. Parte de los académicos consideraban que el Estado debería aprobar un perdón de la deuda común para todas las autonomías y establecer quitas adicionales a las comunidades que presenten “insuficiencias de financiación relativas”. Para otro grupo de expertos, una quita “generaría incentivos perversos de cara al futuro y sería injusto para las comunidades que han cumplido en mayor grado los compromisos de estabilidad fiscal”.