La inseguridad ahuyenta a las empresas en Cataluña

El caso de Quebec, que perdió peso económico y capitalidad financiera, es un serio precedente

elecciones 21d

Los flagrantes atropellos cometidos por los representantes del Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra el orden constitucional, con tal de llevar adelante la declaración de independencia, han generado un éxodo progresivo de empresas sin precedentes y con el consiguiente daño reputacional. Todavía es pronto para medir el impacto real en la economía catalana, pero de lo que no cabe duda es de que, a medio plazo, azotará no solo a la economía de esta región, que in tempore llegó a ser denominada como la pequeña Inglaterra del Mediterráneo, sino también al resto de España, aunque en menor medida.

Lástima que todo esto ocurra cuando, por tercer año consecutivo, nuestra economía cierra el ejercicio con un crecimiento superior al 3%, que incluso podría llegar al 3,3%. Y cuando las expectativas para el 2018, a pesar de que apuntaban hacia una suave desaceleración, el satisfactorio contexto exterior impulsará de nuevo el crecimiento. Desafortunadamente, el escenario político que se puede dar tras los próximos comicios arroja un resultado muy igualado entre el bloque constitucionalista y el independentista, resultado que, sin lugar a duda, detraerá décimas porcentuales al crecimiento de la economía española y, en mayor medida, a la catalana.

Han sido muchas las promesas esgrimidas por los dirigentes del procés con su revolución de las sonrisas con relación a convertir esa porción de tierra española en una potencia económica de primer orden, con la declaración unilateral de independencia. Pero la cruda realidad habla por sí sola, y es suficiente con analizar un indicador inequívoco, como es la fuga de empresas, para apreciar el severo deterioro sufrido en la reputación de Cataluña, así como la pérdida de confianza de los inversores, que siempre buscan un entorno seguro, estable y predecible dentro de la Unión Europea y de la zona euro.

Y es que desde que se inició el denominado procés, no solo más de 3.000 empresas se han trasladado hacia otras regiones de España buscando mejor abrigo, sino que el número de empresas de nueva creación, en dicha comunidad, se desplomó en un 14,3% durante el mes de octubre.

Cierto es que con la vuelta a la legalidad, tras la aplicación del artículo 155, el éxodo societario se ralentizó suavizándose los ritmos de caída de determinados indicadores, como han sido los casos de las matriculaciones de turismos, las ventas minoristas o la llegada de turistas. Pero la legalidad deberá perdurar en el tiempo, por lo que resultará prioritario que no se revierta la situación creada. Un 42% de los directivos de las empresas afincadas en Cataluña tiene clarísimo que no dudaría en trasladar su sede si se proclamara de nuevo otra declaración de independencia, incluso el 46% de los mismos ha congelado las inversiones en dicho territorio, según el informe presentado por Esade recientemente.

Probablemente más de uno pensará que la fuga de empresas es relativamente baja en comparación con el total de sociedades que operan en dicha comunidad. Sin embargo, solo las 13 primeras empresas cotizadas que cambiaron su domicilio reúnen una capitalización conjunta de en torno a los 84.000 millones y una cifra de negocio que ronda los 49.300 millones. Como también habrá voces que dirán que el efecto económico es ridículo al haberse producido, únicamente, el trasladado de la sede social o fiscal y no el de la producción.

Yerran todos aquellos que no tienen en cuenta que el camino elegido por el bloque soberanista lleva a Cataluña al precipicio. Basta leer las insinuaciones veladas de muchas empresas nacionales y multinacionales sobre el traslado de su producción efectiva, y de plantillas, en el caso de que se prolongara el conflicto en el tiempo. Insinuación que, de llevarse a cabo, superaría la categoría de anécdota pudiendo llevar en un futuro a esta región a la insolvencia económica. Piense el lector que de las 12.338 filiales de las multinacionales implantadas en España en el año 2015, un tercio estaban localizadas en Cataluña. Estas 3.886 empresas representan el 18,9% del empleo generado en dicha comunidad, aportando, el conjunto de las mismas, el 30,8% de la cifra de negocio, el 27,5% del valor añadido bruto, y destinando, a su vez, el 45,9% de su ventas al exterior, según los datos recogidos de la Nota de Economía de Foment del Treball.

Existen pocos ejemplos a nivel internacional con los que comparar el actual proceso soberanista catalán siendo el más parecido el de Quebec, que, al igual que Cataluña, tenía un peso importante en la economía de su país. Pues bien, desde que comenzaron las tensiones soberanistas en 1976 hasta 2016, el comportamiento de la economía de Quebec ha sido muy inferior a la del resto de Canadá. A la vez que la capitalidad económica y financiera que ejercía Quebec, en la década de los setenta, se desplazó claramente a Toronto. Unas 700 empresas optaron por trasladar no solo su sede sino también su producción a otras provincias, huyendo de la inestabilidad generada por los secesionistas. Estas empresas nunca volvieron.

Así, mientras que en 1981 Quebec representaba el 22,5% de la economía canadiense, su importancia relativa ha ido menguando hasta el 19,5% en 2016. Una de las principales razones del menor crecimiento del PIB de Quebec fue un comportamiento demográfico negativo y una fuerte emigración de capital humano cualificado hacia otras provincias de Canadá, algo similar, por cierto, a lo que podría ocurrir en Cataluña.

En definitiva, las empresas, auténtico tesoro para la generación de riqueza y empleo, buscan seguridad jurídica, y, en el caso de que el conflicto se prolongase en el tiempo, las insinuaciones veladas que hoy hacen muchas empresas nacionales y multinacionales sobre su posible deslocalización, se haría efectiva, lo que se traduciría, no solo en una pérdida de confianza en la región como destino fiable de la inversión, sino en una pérdida de peso económico para la comunidad catalana. A lo largo de los años, esta pérdida de peso sería más acusada en la medida en que las fuerzas independentistas siguieran teniendo una presencia política significativa.

Almudena Semur es Gerente del Instituto de Estudios Económicos (IEE)

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