Una reforma hipotecaria parcial que deberá esperar a un reglamento

El texto que tramita el Congreso deja fuera un buen número de cuestiones clave

reforma hipotecaria
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.

La tramitación de la reforma hipotecaria que está llevando a cabo estos días el Congreso de los Diputados ha puesto de manifiesto el importante número de temas clave que han quedado fuera del texto. Pese a que el objetivo de la reforma es trasponer la regulación europea en esta materia y elevar la protección del consumidor, la exclusión de esas cuestiones hace ya evidente que habrá que esperar al desarrollo reglamentario de la norma para contar con un marco legal que cumpla suficientemente con esa función.

Tanto el propio Consejo de Estado, que advirtió al Gobierno de que la trasposición de la directiva en el texto tiene solo “carácter parcial”, como jueces y consumidores, coinciden al señalar que la reforma no es suficiente para cumplir con Bruselas. Ello supone que habrá que esperar a contar con un reglamento para resolver cuestiones de tanto calado como el cálculo una tasa anual equivalente (TAE) homologable a nivel europeo, el desarrollo de la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), la publicidad sobre créditos hipotecarios o la hoja específica de advertencias sobre cláusulas hipotecarias de especial riesgo que la banca deberá entregar obligatoriamente a sus clientes. A todo ello se une el retraso en la trasposición de la norma europea, que ya es de más de un año respecto al plazo que estableció Bruselas y que podría costar a España una sanción de más 100.000 euros diarios en caso de que prospere la denuncia interpuesta por la CE ante el tribunal de la UE por la demora.

Pese a la parálisis que ha traído consido la crisis de Cataluña y ha obligado a concentrar esfuerzos en la gestión del conflicto, el Gobierno ha tenido tiempo suficiente para presentar un texto más completo que el que ha llegado a las Cortes. El hecho de que no haya aprovechado la oportunidad de hacerlo envía dos mensajes, ninguno de ellos positivo. Uno, que una reforma del calado de la hipotecaria se afronta con precipitación y sin una sistemática suficientemente exhaustiva y el otro, que la batalla política, incluso aún siendo obligada, como lo es en Cataluña, desplaza y retrasa la labor legislativa.

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