Los grupos solo tienen siete días hábiles para enmendar la reforma hipotecaria
El plazo acaba el 5 de diciembre aunque el Gobierno ya tiene una mayoría que apoya el texto Un vocal del CGPJ denuncia que la norma fijará intereses de mora abusivos
La tramitación parlamentaria de la reforma hipotecaria entra en su fase culminante. Tras recibir el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros en los últimos días, el Congreso de los Diputados ha dado a los grupos políticos hasta el próximo día 5 de diciembre para presentar enmiendas a la norma.
A los partidos les restan siete días hábiles para tratar de modificar un texto que llega a la Cámara con apoyos suficientes para ser aprobado sin tocar una coma pero que suscita críticas entre bancos, consumidores y jueces, los tres colectivos que más de cerca siguen las hipotecas.
Nadie espera cambios de calado en un antreproyecto ya consensuado por PP, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, si bien el interés del Gobierno en contar con el máximo consenso posible abre la puerta a sumar al PSOE si plantea enmiendas compatibles con el proyecto del Ejecutivo.
Este supondrá conceder al consumidor español la misma protección de la que gozan el resto de europeos, con un par de años de retraso, y elevar la transparencia de los contratos para prevenir abusos y evitar la alta litigiosidad actual.
En este marco, la asociación de usuarios bancarios Adicae, que celebró el viernes unas jornadas sobre la materia con políticos, juristas y representantes de clientes y entidades, propuso 45 alegaciones que espera ver transformadas en enmiendas a la ley por los partidos.
Destacan entre ellas la petición de que se de más de una semana al consumidor para estudiar la documentación de la hipoteca antes de firmarla, que se fijen sanciones para los bancos que cometan irregularidades, y que se modifique la redacción de la nueva cláusula de vencimiento anticipado, que regula cuándo el banco puede ejecutar el préstamo y desahuciar.
Adicae propone pasar de nueve cuotas impagadas (o 2% del monto) en la primera mitad del préstamo, y de 12 cuotas (o el 4% del monto, luego), como propone el anteproyecto de ley, a fijar un impago mínimo del 8% y 10%, respectivamente. La asociación de consumidores financieros ya presentó algunas alegaciones a uno de los borradores de la reforma, si bien estas no fueron tomadas en cuenta en el análisis definitivo que hizo el Consejo de Estado, que daba cuenta de la influencia que han tenido en el texto final otra docena de lobbies.
El portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, expuso en el mismo foro que la norma debe permitir “volver a la certidumbre jurídica” perdida, pero con cuidado de no alterar un sistema que funciona.
Finalmente, Vicente Guilarte, uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que emitió un informe crítico con el anterior borrador de la ley, aseveró que el Ejecutivo no ha corregido los mayores errores del texto que despertó importantes críticas en el sector judicial.
Guilarte se mostró especialmente crítico con el interés de demora, que la nueva ley fijará en tres veces el precio del dinero (lo que actualmente lo situaría en el 9%), lo que tachó de abusivo dado que hasta la Agencia Tributaria, “donde no son hombres de caridad”, aplican un 3,75% por la mora.
De otra parte, el vocal del CGPJ cargó duramente contra lo que definió como la “autoconfesión” que se obligará a firmar a los clientes, que deberán de declarar de forma manuscrita que entienden todos los riesgos del contrato antes de firmarlo. Algo que no queda garantizado pero que las asociaciones de usuarios creen que se usará para invalidar las reclamaciones de los consumidores ante la justicia.
Finalmente, Guilarte sostuvo que la nueva ley debía haberse aprovechado para clarificar el polémico reparto de los gastos de constitución de las hipotecas, objeto de miles de litigios, y lamentó que pese a los requerimientos hechos al Ministerio de Economía la norma omita este asunto.
