El CGPJ advierte que la reforma hipotecaria planteada no basta para cumplir con la UE
El Ejecutivo maneja un nuevo borrador del anteproyecto de ley con cambios menores Impulsará su tramitación ordinaria en las próximas semanas
La reforma hipotecaria que ultima el Gobierno no convence a los jueces. Así se deriva, al menos, del informe emitido por el Conejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el texto del anteproyecto. Este, expone el órgano en una evaluación solicitada por el Ministerio de Justicia, no basta para incorporar a la legislación española todas las garantías de protección al consumidor hipotecario que comporta la directiva europea que España lleva más de un año de retraso en transponer.
Pese a todo, fuentes conocedoras del proceso revelan que aunque el Ejecutivo maneja un nuevo borrador de la reforma hipotecaria revisado este mes, el texto apenas incluye cambios menores frente al texto anterior. Es más, tras negociar con distintas fuerzas políticas, el Gobierno prevé iniciar una tramitación parlamentaria ordinaria del anteproyecto en las próximas semanas, antes del parón veraniego en el Congreso de lo Diputados, para su discusión a partir de septiembre.
La valoración del CGPJ se enmarca en la función consultiva que el órgano de gobierno de los jueces ofrece sobre los anteproyectos de leyes y las disposiciones generales que afecten a aspectos jurídico-constitucionales. Incluye consideraciones de técnica legislativa, terminología y otras apreciaciones sobre la aplicación que, en última instancia, harán los juzgados de las nuevas normas.
“El prelegislador ha optado por llevar a cabo la transposición de la Directiva europea 2014/17 mediante una ley que no incorpora la totalidad de las previsiones de la norma europea”, denuncia el informe del CGPJ.
“Buena muestra de ello es la ausencia de regulación de la información que debe figurar en la publicidad” de los contratos hipotecarios, subraya el documento que también apunta a la falta de incorporación del contenido de la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) de la hipoteca o de un cálculo homogéneo de la Tasa Anual de Equivalencia (TAE), aspectos que “constituyen el núcleo sobre el que se proyecta la máxima armonización buscada por la directiva”.
Frente al contenido de la normativa europea, el CGPJ también echa en falta en el anteproyecto un “reflejo directo” de la obligación de la banca de realizar una evaluación del prestatario que permita la detección temprana de riesgos de impago; la existencia de determinadas garantías en la tasación de los inmuebles; aclaraciones en algunas definiciones o la mención del derecho de desistimiento del cliente cuando la entidad no le entrega información suficiente sobre la operación.
“La norma proyectada renuncia a incluir en su contenido requerimientos derivados de la norma europea”, expone el CGPJ, observando que si bien se incorporan algunos aspectos no exigidos por Bruselas, “el prelegislador ha renunciado a regular, de forma completa y sistemática, las normas de transparencia”.
En otros casos, denuncia el CGPJ, el Ejecutivo “ha dejado para ulterior desarrollo reglamentario la concreción” de aspectos pendientes de transponer, como ocurre con algunos aspectos de la información precontractual, la elección de las cláusulas que deben ser advertidas de forma expresa, la posibilidad de contratar préstamos de forma electrónica, el uso de una hipoteca tipo, etc.
15 meses de retraso
España debía transponer la directiva europea en materia hipotecaria antes del 21 de marzo de 2016, un retraso de 15 meses ya por el que la Comisión Europea llevará al país ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como recuerda el CGPJ en su informe de 91 páginas.
El órgano de los jueces alerta de que “la correcta transposición exige disposiciones precisas, claras y transparentes”, lo que en este caso “exigiría que la norma de transposición tuviera rango legal”, y no dejar algunos aspectos clave en manos de futuros reglamentos o directivas que tienen menos difusión y por tanto reducen la eficacia de la protección al consumidor a la hora de solicitar la anulación de determinadas cláusulas opacas, ilustra.
El CGPJ admite que algunas de las lagunas del anteproyecto “ya se encuentran en cierta medida recogidas en las normas vigentes”, si bien critica que el Gobierno no aspire a eliminar la “dispersión normativa”, proporcionando “mayor claridad y seguridad jurídica”.
En paralelo, el informe también critica que el anteproyecto impida a las comunidades autónomas complementar la regulación en el ejercicio de sus competencias, lo que, recuerda, solo está en manos del Tribunal Constitucional.
Más allá de las materias de la directiva europea, el CGPJ recuerda en su informe que el legislador español viene viéndose obligado a adaptar la normativa hipotecaria española ante los varapalos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), entre otros.
El informe remarca que el anteproyecto no permite resolver la problemática que aún plantean las cláusulas de vencimiento anticipado (que permiten a la banca ejecutar la hipoteca) o de intereses de demora, sobre las que el TJUE tiene pendiente pronunciarse, o sobre el reparto de los gastos de constitución de la hipoteca, que están provocando oleadas de litigios pero que la reforma hipotecaria no ayudará a remediar.
Cambios clave del anteproyecto
Estas son algunas de las principales novedades que incluye la reforma hipotecaria:
Información al cliente: Una de las principales novedades de la reforma hipotecaria, que ante todo busca transponer la directiva europea en la materia, es su ímpetu en la mejora de la transparencia y la información que recibe el cliente. Este dispondrá con antelación de toda la información del contrato para estudiarla y recibirá una hoja de advertencias sobre los efectos de las cláusulas más críticas del contrato crediticio.
El rol del notario: La reforma hipotecaria dará un papel más importante a los notarios, quienes ofrecerán una labor de asesoría a los firmantes de la hipoteca, que podrán consultarles en los días previos a la firma.
Empleados de banca: La norma busca desvincular la remuneración de la plantilla de las entidades financieras al volumen de créditos, para evitar incentivos a la concesión descontrolada, y elevar las exigencias de formación de quienes comercializan hipotecas.
Otros cambios: El vencimiento anticipado dejará de activarse por el número de cuotas impagadas y pasará a ligarse a impagos del 3% al 5% del monto. Se limitarán los intereses de demora.
