Urge revisar con transparencia y rigor el nuevo cupo vasco

La comunidad aportará al Estado 225 millones al año menos que lo establecido desde 2007

El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, tras su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, que ha aprobado la reforma del Concierto Económico con el País Vasco y el nuevo cupo.
El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, tras su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, que ha aprobado la reforma del Concierto Económico con el País Vasco y el nuevo cupo.

El nuevo acuerdo de financiación para el País Vasco, aprobado ayer en el Congreso, establece un cupo para la comunidad cuyo montante resulta seriamente discutible y debería ser objeto de un debate público riguroso y transparente. El cupo que la comunidad abonará al Estado anualmente será de 1.300 millones de euros para el período 2017 a 2021, lo que supone 225 millones menos por ejercicio que el que marca el concierto establecido desde 2007. La decisión ha sido secundada por 294 votos a favor de PP, PSOE y Podemos, 36 de Ciudadanos y Compromis y dos abstenciones de EH Bildu, y adoptada tras un debate áspero y severo en el que la polémica sobre las cifras ocupó un lugar destacado.

No es para menos. El montante que el País Vasco aportará a partir de ahora a la financiación del Estado supone una rebaja considerable respecto al acuerdo anterior, recorte que resulta muy difícil de explicar y justificar. Como señalaba ayer Albert Rivera, el cupo deja a la región “subvencionada en un 30% por el resto de los españoles”. Los cálculos realizados desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) por Angel de la Fuente, que ha asesorado al Gobierno en materia de financiación, concluyen que incluso con las cifras que este maneja –confusas e insuficientemente explicadas– el cupo vasco debería ser de más del doble del que se ha fijado finalmente en la norma. Los cálculos de De la Fuente aseguran que el País Vasco aporta 4.480 millones menos de lo que le correspondería. Ese desfase se explica por una infravaloración del coste de los servicios estatales, así como por unos cálculos de IVA desfasados, algo que el Gobierno vasco niega.

No existe discusión acerca de la legitimidad del cupo vasco, respaldada por una Constitución que reconoce un marco fiscal excepcional para el País Vasco y Navarra. Pero más allá de ese reconocimiento, el debate sobre la cuantía de los flujos del País Vasco y Navarra al Estado no solo es legítimo, sino urgente. Es necesario revisar esas cifras y hacerlo con transparencia. Lo contrario supone alimentar una nueva carga de dinamita en la difícil y conflictiva cohesión de España.

 

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