El Banco de España envía dos peritos a la Audiencia para investigar si hubo delito en la caída de Popular

Apoyarán las pesquisas que dirige el magistrado instructor Fernando Andreu

Revisarán la ampliación de capital de 2016 y el ajuste contable de 2017

La caída de Popular
Sede del Banco de España.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu cuenta ya con el apoyo de dos peritos especializados para abordar la instrucción de la causa abierta en torno a la debacle de Banco Popular. El Banco de España ha remitido un escrito a la Audiencia informando de que ha procedido a designar a dos inspectores de entidades de crédito para que ejerzan de peritos judiciales en la investigación sobre la resolución de la entidad, el pasado junio.

El nombramiento responde a las primeras diligencias previas ordenadas por el juez tras admitir varias de las querellas presentadas por afectados en la resolución del banco, en concreto ante la petición realizada por Unive Abogados.

Los inspectores designados son Santiago Jesús Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romero, según el escrito remitido por la responsable de la unidad de colaboración con órganos jurisdiccionales del Banco de España, Ester Miralles, a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso este diario.

En el mismo se detalla los objetivos iniciales que tendrán los peritos judiciales del caso. En primer lugar deberán revisar el folleto y la documentación que soportó la ampliación de capital de 2.500 millones que Popular celebró en junio de 2016, para comprobar si la información contable expresada ofrecía una “imagen fiel” de la entidad.

Además, deberán analizar las cuentas oficiales de Popular del ejercicio 2016, anuales, trimestrales y semestrales, los informes intermedios así como los ajustes contables realizados el pasado 3 de abril, cuando el banco admitió errores contables por cientos de millones de euros pero rehusó reformular las cuentas del año pasado.

Finalmente, los dos inspectores estudiarán los precios de venta de las sociedades participadas, así como l actividad accionarial de 2016 y 2017 para comprobar si existe algún tipo de irregularidad.

El movimiento es similar al ya seguido por el juez Andreu durante la instrucción del caso Bankia, que abordaba el posible fraude cometido con la salida a Bolsa de la entidad en verano de 2011. En aquella invetigación, los inspectores Víctor SánchezNogueras y Antonio Busquets concluyeron que la firma saltó al parqué ofreciendo al público una información que no casaba con la "imagen fiel" de la realidad contable de la entidad que acabó requiriendo el mayor rescate financiero del país.

Estos informes periciales son la base del juicio que finalmente se abrirá en los próximos meses contra los principales responsables de Bankia, con el expresidente Rodrigo Rato a la cabeza. 

En esta ocasión, Popular fue resuelto el pasado junio por las autoridades europeas ante la fuga de depositantes desatada por la desconfianza en la entidad financiera. Esta fue inmediatamente vendida a Banco Santander por un euro simbólico y supuso la pérdida de todo el dinero invertido por los accionistas y bonistas de Popular. 

Más allá de la designación de los dos inspectores del Banco de España, las diligencias admitidas por el juez Andreu suponen una revisión en profundiadad de las tripas de Banco Popular durante el último lustro, de la actividad de su accionariado y del las circunstancias de la resolución, incluyendo la petición del polémico informe de Deloitte en el que la Junta Única de Resolución (JUR) se basó para decretar su final.

Este documento tasaba la entidad en un valor de entre 1.500 millones en positivo y 8.200 millones en negativo, por lo que algunos de los afectados consideran que la entidad valía más de un euro en el momento de la resolución y reclaman una compensación por las pérdidas sufridas.  

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