Deuda
El vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami durante la primera reunión con acreedores para renegociar la deuda REUTERS

S&P y Fitch declaran en impago la deuda venezolana en divisas

Cree menos probable la suspensión de pagos de deuda en moneda local

La primera reunión del Gobierno con los acreedores se salda sin acuerdos ni propuestas

La calificadora crediticia estadounidense Standard & Poors (S&P) rebajó hoy la deuda soberana de Venezuela en moneda extranjera a "default" después de que incumpliera el abono de los intereses en dos bonos.

La calificadora anunció que la decisión se justifica por el hecho de que las autoridades venezolanas no abonaron 200 millones de dólares de los cupones correspondientes de bonos globales emitidos con vencimiento en 2019 y 2024. El pago no fue hecho después de que este fin de semana se cumplieran los 30 días del período de gracia. En consecuencia, colocó en grado SD/D ("selective default/default") la deuda soberana de Venezuela a largo y corto plazo en moneda extranjera, según anunció la firma en un comunicado.

El endeudamiento en moneda nacional de largo y corto plazo se mantiene en CCC/C, el grado anterior a suspensión de pagos, pero con una vigilancia negativa en cuando a las perspectivas de que se cumplan los pagos de ese endeudamiento.

S&P cree que hay un 50 % de posibilidades de que Venezuela "pueda entrar en suspensión de pagos otra vez en los próximos tres meses", según dijo la calificadora en el comunicado.

La firma señaló que están pendiente de abonar los pagos de otros cuatro cupones dentro del período de gracia, hasta un total de obligaciones pendientes de abono de 420 millones de dólares. Si Venezuela no abona esos pagos, por instrumentos de deuda con vencimiento entre 2023 y 2028, S&P colocará también en "default" esas emisiones.

En paralelo, Fitch colocó en "default" o suspensión de pagos restringido a la petrolera venezolana PDVSA por los retrasos en los abonos de dos bonos que vencían en las últimas semanas. Fitch asegura que la decisión está motivada porque los tenedores de bonos que vencían el 27 de octubre y el 2 de noviembre recibieron sus pagos del principal una semana después de la fecha de vencimiento. 

El Gobierno venezolano, frente a ello, presumió de su solvencia como pagador y anunció que comenzó a abonar este martes nuevos "intereses de la deuda externa de Venezuela".

La calificación de RD ("default" restringido) afecta a la deuda de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en moneda extranjera y local a largo plazo. Anteriormente tenían el grado de C y CC, respectivamente.

Ambas notas se conocieron poco después de que el Gobierno de Nicolás Maduro anunciara que había iniciado "con rotundo éxito" la refinanciación de su deuda externa en una primera reunión con sus acreedores. De esa cita no surgieron acuerdos o propuestas concretas.

"No salió nada de allí, fue una oportunidad perdida", ha dicho uno de los inversores que ha viajado a Caracas para la reunión. Las conversaciones buscan renegociar los términos de unos 60.000 millones de dólares (unos 51.405 millones de euros) de deuda soberana y de PDVSA. Casi un centenar de inversores --o sus representantes-- han acudido al Palacio Presidencial, en el centro de Caracas, para asistir al encuentro promovido por el mandatario, Nicolás Maduro.

La reunión, que duró unos 15 minutos, se consideraba clave para comprender la estrategia del Gobierno que, aunque ha esperado hasta el último día para realizar pagos clave, ha seguido cumpliendo con sus obligaciones. "No hubo oferta, ni términos", ha señalado otro de los participantes a la salida de la reunión.

De acuerdo con cálculos oficiales, Venezuela tiene una deuda total cercana a los 150.000 millones de dólares, con abonos anuales cercanos a los 10.000 millones.

S&P menciona esa primera reunión y cree que "es muy probable que se considere cualquier reestructuración (de deuda) de Venezuela como un intercambio de deuda en dificultades y equivalente al 'default' teniendo en cuenta las altas restricciones en la liquidez". También sostiene que es menos probable que Venezuela caiga en suspensión de pagos en su deuda en moneda local.

Además de estos dos bonos que, según S&P, Venezuela no ha abonado sus intereses, hay dos emisiones más en deuda. Una de ellas, de unos 1.500 millones de PDVSA (la petrolera nacional), que venció hace dos semanas y no está claro si el Estado ha acudido al vencimiento. Un grupo de bonistas dicen no haber recibido el dinero y han acudido al regulador estadounidense del mercado de derivados, ISDA, para que determine si ha pagado o no la deuda. El comité se reunió el lunes por primera vez, pero aplazó su decisión hasta otra cumbre celebrada esta tarde.

El otro bono en liza es una pequeña emisión de unos 500 millones de la eléctrica nacional. Según el fondo Wilmington Trust, no había cumplido con el vencimiento. Sin embargo, la compañía explicó que sí habían realizado el pago, pero que no había llegado a las cuentas de algunos bonistas por un problema informático.

Las reacciones internacionales al anuncio de S&P han sido variadas. Por un lado, Brasil ya ha anunciado que acudirá al Club de París para intentar cobrar 262 millones de dólares de deuda venezolana que contrajo en  el marco del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos entre Bancos Centrales  de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además, otros 270 millones que Venezuela adeuda a Brasil vencen en enero.

El Club de París es el acuerdo entre países que regula qué hacer en caso de impago de la deuda y qué mecanismos puede seguir para pagar su pasivo. Sin embargo, Venezuela no está incorporado dentro del acuerdo y aún debe decidir si recurrirá a él para reestructurar la deuda, toda vez que las sanciones de EE UU complican la implicación del FMI. En caso contrario, cada país podrá recurrir a sus propios tribunales para reclamar a Venezuela que pague la deuda con sus propios bienes. Fundamentalmente, refinerías y petróleo.

El Gobierno de Maduro pretende dar un golpe de efecto el miércoles con la firma de un acuerdo de refinanciación de 3.000 millones de deuda. El importe, sin embargo, es bastante exiguo comparado con los 150.000 millones en vencimientos a los que se enfrenta.

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