Bruselas autoriza el régimen de ayudas a las renovables que le notificó el Gobierno
En 2016 se concedieron 6.400 millones de euros en subsidios Vestager considera que el modelo de subasta evita la sobrecompensación
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha autorizado este viernes el régimen español de ayudas a la producción de electricidad con fuentes renovables. El sistema de incentivos a este tipo de energías, aprobado por el Gobierno español en 2014, cuenta con 40.000 beneficiarios y solo en 2016 concedió subsidios por valor de 6.400 millones de euros, que se financian a través de la factura eléctrica.
Bruselas ha dado el visto bueno tras la introducción el año pasado de subastas competitivas para adjudicar estas ayudas a nuevos proyectos de capacidad. Los beneficiarios reciben una rentabilidad razonable y se les retribuye la inversión y, en su caso, los costes de operación y mantenimiento.
Ese modelo -destaca la Comisión-, garantiza que los beneficiarios solo recibirán compensaciones si el precio de mercado cae muy por debajo de su nivel actual. De ese modo, el productor está protegido frente a una caída abrupta de los mercados pero se evita una sobrecompensación excesiva, según el departamento de Vestager.
Entre 206 y 2017 se han realizado tres subastas en las que que se han adjudicado una capacidad de más de 8.000 MW con derecho al cobro del incentivo. Los subsidios fueron obtenidos, sobre todo, por parques eólicos y solares.
Bruselas confía en que el régimen de apoyo permita a España alcanzar su objetivo de producción renovable, fijado en un 20% del consumo final en 2020. El último informe de la Comisión indica que España se situaba en el 16,2% en 2014, ligeramente por encima de la media europea (16%).
El procedimiento de autorización comunitaria zanjado este viernes se inició hace más de dos años de manera opaca y rocambolesca. España notificó el nuevo régimen de ayudas a Bruselas, que inició el escrutinio en febrero de 2015. Pero el expediente solo salió a la luz a raíz de un recurso de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo solicitando la paralización de las numerosas denuncias presentadas por los recortes a las energías renovables incluidos en la reforma eléctrica del Gobierno de 2013 (esta supuso la desaparición del antiguo sistema de primas a la producción por el actual de incentivos a la inversión).
La investigación comunitaria, además, incluyó el régimen de ayudas previos a 2014 (el de las citadas primas otorgadas por el anterior Gobierno socialista). Algo que sorprendió en su momento (la obligación de notificar las ayudas a as energías verdes es de 2014) y que, después, se ha atribuido al intento del Gobierno de Mariano Rajoy de blindarse contra los posibles laudos a favor de los inversores afectados por los recortes de primas.
Las primas a examen
Ese segundo expediente está aún por resolver. A España le interesaría que Vestager declarase que aquellas primas constituyeron una ayuda de Estado ilegal, porque eso facultaría a la Comisión a prohibir las compensaciones derivadas del recorte de esas ayudas como reclaman, ante instancias internacionales, los inversores perjudicados. Se calcula que las reclamaciones a través de arbitrajes superan los 7.000 millones.
El departamento de Vestager mantiene abiertos, además, otros expedientes relacionados con el sector energético español. El más explosivo potencialmente atañe a los llamados pagos por capacidad (conocidos anteriormente como garantía de potencia). La comisaria llevó a cabo en 2015 una investigación sectorial sobe esos mecanismos en 11 países. Y España resultó ser el país de los investigados que más utiliza ese mecanismo y el que recurre a la fórmula que Bruselas considera menos acorde con las normas de competencia: los pagos por capacidad específica que reciben las centrales térmicas (por disponibilidad y por inversión).
Fuentes del sector dan casi por seguro que Vestager se pronunciará en contra del modelo español y obligará, como mínimo, a modificar este sistema de pagos por capacidad.
