Las ayudas de Estado enredan a las renovables

El Supremo decide este mes si suspende los pleitos contra los recortes Una petición del Abogado del Estado que parece improbable que prospere

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Ha sido necesario que la Abogacía del Estado presentase un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo solicitando la paralización de las cientos de denuncias contra los recortes a las renovables para que la opinión pública conociese que el Ministerio de Industria había notificado el nuevo sistema de incentivos a estas energías ante la Comisión Europea como ayuda de Estado.

 Solo unas declaraciones de Miguel Arias Cañete del pasado 24 de abril habían puesto sobre la pista de que la Comisión de Competencia investigaba la retribución a las renovables como una ayuda de Estado. Pero nada especificaba el comisario de Energía de que dicha investigación era producto de un comunicado previo del Gobierno al que, por otro lado, le obligan las nuevas directrices que sobre esta materia entraron en vigor el 1 de julio de 2014.

Efectivamente, en un recurso fechado el 21 de abril, el abogado del Estado informa al Supremo de que el 13 de febrero la Comisión Europea había abierto “un procedimiento de examen preliminar de ayuda de Estado” del régimen retributivo incluido en la reforma eléctrica del Gobierno, que supuso la desaparición del antiguo sistema de primas a la producción y su sustitución por incentivos a la inversión basado en parámetros.

Teniendo en cuenta dicho procedimiento y que (¡una nueva noticia!) Bruselas había decidido por su cuenta ampliar el expediente al régimen de primas reguladas en cuatro decretos sucesivos aprobados por el anterior Gobierno entre 2007 y 2010, el abogado del Estado solicitaba la suspensión de las reclamaciones contra el Estado en tanto se resuelve la investigación de la CE.

Durante muchos años, y al amparo de una normativa que apoyaba abiertamente el desarrollo de las renovables en Europa, los países de la UE han venido incentivado económicamente, por una u otra vía, la generación eléctrica con energías verdes. Ningún Gobierno tuvo nunca dudas sobre que dichas ayudas pudieran ser consideradas una ayuda de Estado, ni compatible ni ilegal. Este es el motivo por el que tampoco nunca se notificasen a Bruselas.

Nuevas directrices de la UE obligan a los gobiernos a notificar como ayudas de Estado los incentivos en energía y medio ambiente

Varias denuncias (algunas, como en el caso de España, procedentes de las eléctricas tradicionales) y el pago de primas sin control que podían perjudicar a la libre competencia llevaron a la Comisión a dictar el año pasado nuevas directrices sobre ayudas de Estado. Más allá del carácter general que regía hasta ese momento, estas obligan específicamente a los Gobiernos a notificar cualquier incentivo a la energía o protección del medio ambiente. De hecho, no afecta solo a las renovables, sino a los pagos por capacidad que reciben también las tecnologías convencionales.

Se trata de medidas transitorias ya que a partir de 2016 cualquier nuevo incentivo ha de otorgarse a través de subastas (de ahí las que se han celebrado para la interrumpibilidad).

Aunque no hay plazos legales para decidir (además, la investigación puede hacerse retroactivamente), todo indica que la Comisión evaluará primero si los nuevos incentivos pueden ser considerados una ayuda de Estado, con lo que abriría otro procedimiento. En el caso de las primas, el proceso irá para más largo, aunque resultará muy complicado hacer devolver unas ayudas consentidas durante años. En los casos en que se obligó a restituir subvenciones se hizo un corte a partir del momento en que se generaron las dudas sobre su incompatibilidad.

Lo que no parece cuestionable es que se escapen a la consideración de ayuda de Estado porque su pago se realice a través de la tarifa eléctrica y no vía Presupuestos del Estado. Ya hay fallos que dejan claro que lo son si ha habido intervención del Gobierno. En el caso español, los Presupuestos están contribuyendo al sostén del sistema eléctrico (una decisión política gracias a la cual se ha acabado por el momento con la lacra del déficit tarifario).

La supuesta animadversión del Ejecutivo hacia las renovables, más allá de la necesidad de aplicarles un recorte, hace pensar que paradójicamente estaría de acuerdo en que se decretaran ilegales unos incentivos que él mismo ha aprobado (aunque mermados respecto a las primas). En cualquier caso, será otro Gobierno (del PP o no) el que se pueda ver en la disyuntiva de acatar o  recurrir la decisión comunitaria.

Pero llegados a este punto la pregunta es qué tiene que ver la investigación abierta por la CE (en la que se dirime si ha habido ayudas ilegales por excesivas) con los recursos contra los recortes en los que las demandantes plantean al Supremo si los recortes incluidos en distintos decretos u órdenes ministeriales se ajustan a la ley. De hecho, el alto tribunal ya ha sentenciado que dos de los decretos que regulaban las primas (el 661/2007 y el 1578/2008) son acordes a derecho.

Fuentes jurídicas dudan de que el Supremo pueda suspender estos procesos (aunque dada su complejidad, ganas no le queden) en tanto Bruselas resuelve sus investigaciones (lo que podría durar años). Pero nadie pone la mano en el fuego cuando de los tribunales se trata. Sí hay quien aplaude la maniobra de la Abogacía del Estado (“por si cuela”) al utilizar esta extraña herramienta procesal que, según desvelan las afectadas, es copia de una denuncia similar del Gobierno checo.

Sea como fuere, el desenlace se conocerá este mismo mes.