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El abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, abandona la Fiscalía de Bruselas, el domingo. EFE

Puigdemont resquebraja en Bruselas la unidad de la UE

La persecución judicial del Govern divide a las grandes familias políticas europeas

La extradición del expresident amenaza la estabilidad del Gobierno de Bélgica

Los 28 socios de la Unión Europea habían cerrado filas hasta ahora, algunos a regañadientes, con la gestión del gobierno de Mariano Rajoy en el conflicto de Cataluña. La unidad se mantuvo incluso tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y la consiguiente destitución de todo el gobierno de Carles Puigdemont.

Pero el encarcelamiento de una parte del govern en España y la huida de su presidente y cuatro consejeros a Bélgica ha provocado las primeras grietas en la posición frágilmente monolítica de la UE. La presencia en la capital europea del expresidente de la Generalitat hace inevitable que autoridades nacionales y europeas se pronuncien sobre la situación de unos políticos que aseguran estar en búsqueda y captura solo por defender sus ideas.

Bruselas, por un lado, no puede aceptar el argumentario de Puigdemont, que insiste en que se limitó a aprobar la independencia porque figuraba en su programa electoral. Esa tesis abriría la vía para que partidos extremistas, que ya gobiernan en varios países, incluyeran la pena de muerte o la persecución de la homosexualidad en su programa electoral. Y que intentaran aprobarlo una vez elegidos con la excusa de que el aval del electorado está por encima de lo previsto en el Tratado de la UE, que prohíbe la pena capital o la discriminación.

Pero por otro lado, el encarcelamiento de autoridades democráticamente elegidas ha estrechado el cerco a la Comisión para que asuma mayor protagonismo en el conflicto catalán y empiece a jugar sus bazas políticas.

La última vez que comprobamos, tanto Bélgica como España eran una democracia, señala la CE.

 

La Comisión Europea ha intentado este lunes minimizar las grietas que aparecen en el bloque comunitario y ha reiterado su posición de que Cataluña es un asunto interno de España y que el proceso de extradición de Puigdemont es competencia exclusiva de las autoridades judiciales belgas y españolas.

"La última vez que comprobamos, tanto Bélgica como España eran una democracia", ha ironizado el portavoz de Jean-Claude Juncker, presidente de la CE, en respuesta a las dudas sobre el procesamiento de cargos electos.

El propio Juncker ha terciado este lunes a favor de España, solo 24 horas después de que Bélgica iniciase la tramitación de la orden europea de detención y entrega contra Puigdemont y sus cuatro exconsejeros atrincherados en Bruselas. "No veo que las autoridades españolas hayan violado el Estado de derecho", ha señalado el presidente de la Comisión. "Creo, más bien", ha añadido, "que quienes violan la ley son quienes no respetan el orden constitucional español."

Pero la táctica del avestruz no puede ocultar que la deriva judicial del procés genera un problema para Bruselas y puede obligar a Juncker a endurecer las veladas críticas que ha vertido hasta ahora sobre la pasividad del presidente del Gobierno español. "Desde hace días le pido a Rajoy que tome medidas para que la situación no se descontrole", reconoció Juncker a mediados de octubre. "Se han hecho cosas, pero queda mucho por hacer", lamentó el luxemburgués.

La visita de este jueves del presidente de la Comisión a la Universidad de Salamanca, donde será nombrado doctor honoris causa, puede marcar un punto de inflexión en la actitud de una Comisión a la que empiezan a golpear los coletazos del procés.

Lo que se ventila en Bélgica es un problema entre partidos europeístas y antieuropeístas, asegura González Pons

 

Las reacciones se han sucedido en las últimas horas e indican una fractura que afecta, en primer lugar, a Bélgica, un país de acogida donde el conflicto catalán se ha convertido en la espoleta propicia para reabrir un cisma lingüístico y político entre Flandes y Valonia aparcado desde la grave crisis de 2010. El gobierno belga, un tripartito de liberales, conservadores e independentistas flamencos, se bambolea desdel el 1 de octubre y en las últimas horas apenas puede contener las fricciones entre quienes no disimulan su presión a los jueces para que niegue la extradición de Puigdemont y quienes defienden que no se politice el caso.

Pero el incendio alcanza mucho más allá de los pastos previsiblemente favorables al independentismo y amenaza tanto a las dos grandes familias políticas de la UE (el Partido Popular Europeo y Socialistas y Demócratas) como a la propia convivencia dentro de un club comunitario que, por primera vez en su historia, afronta el intento de secesión unilateral de una región dentro de un Estado miembro.

La ruptura de España parece descartada por todas las capitales europeas. Y Puigdemont vaga por Bruselas en compañía de allegados sin agenda oficial ni contactos de alcance para defender su causa. Pero a pesar del escaso futuro del procés y de su último líder, la ofensiva de la justicia española divide a Europa mucho más que el debate anterior sobre la legalidad o legitimidad de la proclamación de independencia aprobada por el Parlamento catalán.

La nueva discusión gira sobre un tema más espinoso y proclive a los matices como es la necesidad de deslindar dentro de la UE la represión de actos ilegales por parte de una administración y la responsabilidad penal de los cargos políticos.

El silencio, más o menos connivente, que rodeaba hasta ahora las actuaciones del Gobierno de Rajoy se ha transformado en un alud de voces críticas con la actuación de la Audiencia Nacional. Y el chaparrón cae no solo desde voces ajenas sino desde dentro del propio Partido Popular Europeo y de su rival socialista. Una división interna que coloca a Rajoy y al líder socialista, Pedro Sánchez, en una incómoda posición con sus colegas europeos y previsiblemente obligará a ambos a redoblar los esfuerzos diplomáticos para defender las actuaciones acometidas en España.Lo que se ventila en Bélgica es un problema entre partidos europeístas y antieuropeístas, asegura González Pons

El europarlamentario y líder del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha asumido de momento la responsabilidad de responder a las críticas más aceradas contra España. "Lo que se está ventilando ahora mismo en Bélgica es un problema entre los partidos europeístas y los partidos xenófobos y anti europeístas con Puigdemont como excusa”, ha señalado el eurodiputado.

Reding acusa a los políticos españoles de dejar el problema en manos de la justicia

 

El diagnóstico de González Pons se basa en evidente entusiasmo de los euroescépticos con un movimiento centrífugo que podría debilitar a la cuarta economía de la zona euro y a la quinta de la UE. Esos grupos, que en el catálogo de Pons abarcan desde los independentistas flamencos (NVA) presentes en el gobierno belga a los británicos que impulsaron el brexit (UKIP), sueñan además con un efecto dominó que arrastre en pos de Cataluña a muchas otras regiones europeas.

Pero el esquema de Pons es tan acertado como incompleto. Las críticas a España llegan también desde destacados miembros del PPE, como la eurodiputada y excomisaria de Justicia, Viviane Reding, o de los Socialistas, como el ex primer ministro belga, Elio di Rupo.

Reding, con su habitual acaloramiento, arremetió el domingo, en una entrevista con la radio pública belga, contra la aparente pasividad del Gobierno de Rajoy, al que responsabilizó de haber dejado pudrirse el conflicto catalán. "Da la impresión", lamentó la excomisaria, "de que se deja a la justicia resolver un problema que no han querido o no han sabido resolver los políticos".

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