Grandes fondos piden a la JUR que Deloitte no haga otro informe sobre Popular

Rechazan que realice el texto definitivo sobre el banco en resolución

Remiten una carta al FROB europeo reclamando explicaciones

Ángel Ron, expresidente de Banco Popular
Ángel Ron, expresidente de Banco Popular

El que fuera el mayor grupo de bonistas de Banco Popular, entre los que están Pimco (el mayor), Anchorage, Algebris y Ronit Capita, pidió ayer por carta a la Junta Única de Resolución (JUR) que aclare en qué situación se encuentra la elaboración del informe definitivo sobre la caída de la entidad intervenida y, la posterior venta a Santander por un euro.

A través del bufete de abogados londinense, Quinn Emmanuel, estos bonistas, que perdieron alrededor de 850 millones de euros tras la resolución de Popular, reclaman a la JUR que explique qué auditora elabora este documento. Mantienen, según explican en la carta remitida a la autoridad europea, que “es alarmante en varios aspectos”, que sea Deloitte (como parece) nuevamente la firma que realice el documento definitivo que valore si los accionistas de Popular podrían haber recibido un mejor tratamiento (la norma permite la elaboración de dos informes de valoración, uno provisional y un segundo definitivo). Por ello, piden que aclare si es esta auditora o no la que llevará a cabo el nuevo documento.

Hay que recordar que fue esta auditora la que elaboró el 6 de junio el informe considerado provisional que valoró entre unas pérdidas de 2.000 (“convenientemente igualados al valor de los bonos subordinados mantenidos” en Popular, afirman) a 8.000 y unos números positivos de 1.300 millones Popular cuando fue sometido a resolución.

Este informe ha provocado una fuerte polémica al no explicar cuál fue la metodología que empleó para llevar a cabo esta valoración, y por no entregarse el contenido del documento por parte de la JUR, y que ha sido reclamado por accionistas, bonistas e incluso por el FROB español y por el Congreso de los Diputados.

Los bonistas califican de “muy controvertido” el informe de Deloitte, como lo demuestra el hecho de que sea el objeto de más de 95 acciones de anulación ante el Tribunal General de Justicia de la UE, explica la carta.

Otra de las razones que argumentan los bonistas en contra de que Deloitte realice el informe definitivo hace referencia a la trayectoria de la firma en los últimos años en España. Recuerdan a la JUR que la firma era la encargada de hacer las auditorías de Bankia en el momento de su salida a Bolsa. Una situación por la que Deloitte ha sido multada con 12 millones de euros por “graves infracciones continuadas” por el ICAC. Además, se han emitido cargos penales formales contra el responsable de la auditora en España, Francisco Celma, añade el bufete británico en su carta.

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