Ha llegado la hora de dejar actuar a la justicia en la deriva soberanista

España es un Estado de derecho con un ordenamiento jurídico que es obligado acatar

El exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ayer a su llegada a la Audiencia Nacional.Reuters

La decisión de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, de dictar prisión provisional sin fianza para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsellers del Govern es una lamentable pero necesaria consecuencia de una cadena de ilegalidades de las que solo ellos son responsables. La medida, que afecta a todos los consejeros que se han presentado ante la Audiencia Nacional excepto a uno –Santiago Vila, al que se le fija una fianza de 50.000 euros–, se funda en el elevado riesgo de fuga de los acusados y en la posibilidad de que puedan ocultar o destruir pruebas, dados los medios de que disponen y el entramado que les respalda. Como no puede ser de otra forma, en la decisión también ha pesado la negativa del expresidente Carles Puigdemont a comparecer ante la Audiencia, tras haberse desplazado a Bruselas con otros cuatro exconsejeros en un giro abrupto y esperpéntico que no solo daña su causa judicial, sino las del resto de los acusados.

Junqueras y los demás miembros del Govern están acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos, delitos extremadamente serios y castigados con penas elevadas. Se trata de un grave horizonte de responsabilidad al que se enfrentarán también tanto Puigdemont como los exconsellers que le acompañan. La decisión adoptada ayer por la Audiencia Nacional no puede ser una sorpresa para ninguno de ellos, tras las repetidas advertencias realizadas en su momento por los letrados del Parlamento catalán y por el propio Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de las actuaciones relacionadas con el proceso de secesión en Cataluña.

Es cierto que esta causa judicial no ayudará, en términos políticos, a pacificar la situación en la comunidad autónoma, donde ayer se agitaba ya en las calles la irrisoria y falsa acusación del presidio político. Pero también lo es –y se trata de un bien de mayor peso– que España es un Estado de Derecho con un ordenamiento jurídico que todos sus ciudadanos deben acatar y cuya violación tiene consecuencias legales ciertas. Es hora de que actúe el poder judicial; solo resta asegurar que pueda hacerlo con libertad, serenidad y eficacia.