El plan de inversión privada en carreteras reaviva los pactos entre constructoras medianas

Buscan volumen para competir con las grandes del sector en el programa de 5.000 millones

Recelan de las condiciones para participar

iñigo de la serna
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la presentación ayer en Madrid del plan de innovación del ministerio.

Los 5.000 millones del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que ultima el Ministerio de Fomento han reactivado a la clase media de la construcción española, donde se están moviendo alianzas en busca de volumen para competir con los mayores conglomerados de infraestructuras del país. A falta de un listado en firme de proyectos, distintas fuentes aseguran que hay una versión extraoficial de lo que será el plan, así como un borrador de pliego de condiciones que Fomento está discutiendo con el sector.

Aldesa, Copasa, Azvi, Cyopsa, Rubau, Rover Alcisa, Sarrion y Sando, entre otras, están entre las empresas que pueden configurar equipo. Alguna de ellas rondaba los 1.000 millones de facturación antes de la crisis y operaban en el mercado local a máximo rendimiento, pero sus balances se resintieron con la debacle de la inversión pública y hoy buscan subirse al tren de la recuperación.

Pese a la unánime queja entre los grupos de la oposición por la escasa información hecha pública hasta ahora, tanto el Ministerio que lidera Íñigo de la Serna como el sector privado dan pasos para la puesta en marcha del que ha sido presentado como un programa de impulso para “el último sector productivo en salir de la crisis”. El Gobierno está pisando el acelerador para licitar las primeras actuaciones antes de que concluya el año, pero el grueso del plan saldrá a concurso y será adjudicado entre 2018 y 2019.

Aldesa, Copasa, Azvi, Cyopsa, Rubau, Rover Alcisa, Sarrión y Sando, entre las candidatas para aliarse por el ‘PIC’

Con un papel protagonista en las negociaciones de Seopan, asociación de las grandes constructoras, se da por descontado el interés de las mayores referencias del sector. Más difícil lo tienen las constructoras medianas asociadas a Anci, entre las que hay ciertos recelos sobre el diseño del PIC. De esta asociación, de la que forman parte algunas de las empresas citadas, pueden partir hasta tres consorcios para concursar, según fuentes cercanas a las negociaciones.

“Se han anunciado proyectos a partir de los 100 millones de euros, cuando la nueva Ley de Contratos del Sector Público propugna la máxima fragmentación en los mismos, con el claro fin de que planes como el PIC alcancen a todo un sector. Habrá que ver la lista definitiva”, se queja el primer ejecutivo de una de las firmas interesadas. Se espera que Fomento incluya los seis tramos de autovía de nueva generación que no pudieron licitarse para su acondicionamiento en 2007. Así, se verían afectados por el nuevo plan tramos de la A-3 o de la A-4 en Andalucía.

Las constructoras medianas también permanecen atentas a los filtros, en forma de requisitos de solvencia, que pondrá el Gobierno en los pliegos. En el sector se especula con la exigencia de un mínimo en fondos propios que represente el 20% de la inversión y no de la primera anualidad del contrato, lo que exigiría cierto músculo a los concursantes.

También se mira con lupa la demandada limitación de los riesgos de expropiación de suelo tras el fiasco de las autopistas radiales. Al parecer, una primera versión del PIC cifraría en un 175% el máximo que debe afrontar el sector privado sobre el coste presupuestado de expropiación, cuota que habría bajado al 150% en una segunda versión y que se deja abierto a modificación en un tercer borrador. Por encima de ese porcentaje, sería el Estado quien corre con la factura excedentaria de las expropiaciones. Las constructoras si correrán, por contra, con las posibles desviaciones en el presupuesto de obras y no tendrán que gestionar el riesgo de demanda o tráfico.

Las carreteras tocadas por el PIC deben formar parte de la red transeuropea de transportes y los proyectos saldrán en concesión. El canon mensual que cobrarán las adjudicatarias responde al modelo de pago por disponibilidad. Es decir, el sector privado adelanta la inversión en obras de mejora y la recupera a lo largo de 30 años de explotación –plazo que incluye el diseño y construcción–, en los que cobra en función del estado de la infraestructura. El PIC, totalmente independiente del presupuesto de Fomento y sin cómputo en el déficit, será financiado en un 40% por el BEI, las constructoras deben aportar otro 20% y levantar financiación de la banca comercial por el 40% restante.

La tradición de sumar fuerzas

- La alianza de constructoras medianas ha sido una estrategia recurrente cada vez que el Gobierno ha activado un plan extraordinario de inversiones. El último de ellos, el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) de Rodríguez Zapatero, motivó la creación de un equipo entre Cyopsa Sisocia, Rubau, Sarrión, CHM (las cuatro de la asociación Anci) y la vallisoletana Zarzuela.

- Un frente de compañías valencianas, integrado por Cyes, Rover Alcisa, Torrescámara y la ingeniería Arin, se fundió en un consorcio estable en plena crisis para buscar obra fuera de España.

- Hasta cinco constructoras catalanas formaron la compañía Quatuor Infraestructuras en 2009 en busca de concesiones. Fueron Àrids Romà, Emcofa, Excover, Rubau Tarrès y Vicsan Torredembarra.

- En el seno de la patronal Anci llegó a debatirse en 2012 la creación de una constructora abierta a la participación de los 25 integrantes del colectivo. Se trataba de sumar balances para competir fuera de España.

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