El juez propone juzgar a Pineda y Bernard por estafa en el caso Ausbanc
Pedraz insta a sentarles en el banquillo junto a otros 12 acusados Se les achaca extorsión, amenazas, fraude en subvenciones u organización criminal
Los máximos exresponsables de la asociación de usuarios de banca Ausbanc y del llamado sindicato Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernard, respectivamente, junto a una docena de sus colaboradores, se sentarán en el banquillo de los acusados por la presunta red de extorsión a entidades financieras que impulsaron conjuntamente. Así lo ha propuesto el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el auto de procesamiento con el que da la puntilla a dos años de instrucción del llamado caso Ausbanc.
El juez argumenta que la investigación realizada arroja indicios de delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal e insta a iniciar un procedimiento judicial contra 14 acusados.
De las pesquisas realizadas, Pedraz apunta a la existencia de una organización criminal dirigida por Pineda que usaba la asociación de usuarios de banca Ausbanc sin ánimo de lucro para la obtención de beneficios económicos ilícitos para sus miembros.
Bajo la cobertura de defender los derechos de los consumidores, los responsables de Ausbanc “coaccionaban” a entidades financieras para llegar a acuerdos económicos, normalmente “enmascarados como convenios publicitarios”, que presuntamente era distraído de la asociación para el beneficio personal de los acusados.
La extorsión alcanzaba aparentemente a entidades como BBVA, Banco Santander, Caja Madrid –y luego Bankia, Sabadell, Unicaja, Barclays, Citi, Liberbank, Caja Castilla la Mancha, Cajasur, Banco Caixa Geral, Caja Vial o sociedades como Telefónica, Gas Natural Fenosa o Volkswagen, e incluso a la Casa Real.
A menudo, detalla el juez, Ausbanc presionaba a estas compañías amenazando con la actuación de Manos Limpias como parte personada en juicios que tenían abiertos (como habría hecho con la acusación de la Infanta en el Caso Nóos), o amenazando con emprender litigios nuevos (con una denuncia que aseguraba que Emilio Botín fue asesinado, por ejemplo).
El dinero obtenido también alimentaba una serie de empresas que conformaban un entramado societario con el que se sospecha que Pineda ocultaba el origen del dinero y obtenía un lucro personal.
El listado incluye firmas de diversos sectores como Estructura y Servicios Inmobiliarios, Desarrollos Turísticos y Sociales, el Club de la Vida Buena, Producciones Zapallar, Buenas Maneras, Ausprom, Agroditora, la revista Dinero y Salud, el Despacho Jurídico Pineda, y otras más.
El auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado del magistrado da un plazo de 10 días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral o en su caso pidan el sobreseimiento de la causa.
Cuatro niveles de participación
El auto agrupa a los responsables en varios niveles, en función de su grado de implicación o de conocimiento de los hechos investigados. En el primero se encuentran el que fuera presidente de Ausbanc, Pineda, el secretario general de Manos Limpias, Bernard, la abogada Virginia López Negrete, conocida por representar a este sindicato en la acusación contra la infanta Cristina en el Caso Noos.
En el segundo nivel se encuentran el tesorero de Ausbanc, Alfonso Sole; el adjunto a la presidencia y director editorial, Ángel Garay Echevarría; y el director de CVB y responsable de comunicación e Manos Limpias, a tenor de la declaración de Pineda, Francisco Javier Castro Villacañas.
En tercer lugar están los miembros de la junta directiva de Ausbanc, la responsable de Consumo, María Teresa Cuadrado; la responsable de empresas y departamento jurídico, María Manuela Mateo; la secretaria de Consumo y directora de Publicidad, Isabel Medrano; el tesorero y director de comunicación, Hermenegildo García, y el delegado en Sevilla José Marín.
Finalmente, el juez coloca a la jefa de gabinete de presidencia de Ausbanc, Rosa Isabel Aparicio; el director de publicaciones, Luis María Suárez, y el administrador de varias sociedades participadas Ramón Perfecto Rodríguez. El magistrado acuerda el sobreseimiento provisional respecto a uno de los hasta ahora investigados, el abogado José María Gómez de León.