El Gobierno solo tendrá margen para tocar el 25% del presupuesto catalán

El 75% del dinero va ligado a servicios básicos y al pago de deuda

La lupa se pondrá en gastos menores como los de las oficinas en el extranjero

Artículo 155 pulsa en la foto

La activación definitiva del artículo 155 de la Constitución, que el Senado tiene previsto aprobar el viernes, dará al Gobierno central el control directo de la Generalitat de Cataluña y sus presupuestos como respuesta al desafío independentista planteado por el Govern en las últimas semanas. La medida, cuya letra pequeña está por escribir y que nunca antes ha sido activada, supone una vuelta de tuerca al control financiero de la comunidad que ya tomó Hacienda hace semanas. A efectos prácticos, sin embargo, el Ejecutivo apenas tendrá un estrecho margen de actuación económica, pues al menos el 75% del gasto va ligado a partidas básicas.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado sábado una serie de medidas excepcionales, amparadas en el artículo 155 de la Constitución, para habilitar al Gobierno a “ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria” en la comunidad. El objetivo, se decía, es que “en beneficio del interés general, se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”.

Ese compromiso de garantizar los servicios públicos blinda el grueso de los 31.853,9 millones de euros de gastos presupuestados por la Generalitat para 2017. Según el análisis realizado por el Ministerio de Hacienda, el 29% del montante se destina a cubrir los gastos de Sanidad; el 19% a financiar la partida de Educación y un 7% más a Seguridad y Protección Social. Además, la Generalitat destina otro 20% de sus presupuestos a hacer frente a la amortización de su deuda y el pago de intereses de la misma. Solo sumando estas partidas, el 74,09% de los gastos pueden considerarse fijos y aún habría otros básicos.

“La mayor parte del gasto está comprometido y es seguro, son las nóminas de médicos, profesores y funcionarios, y los gastos corrientes de Sanidad y Educación”, explica Carmen López Herrera, consultora senior de finanzas públicas en Analistas Financieros Internacionales (AFI), quien confirma que tres cuartas partes del presupuesto son fijas y avanza que lo previsible es que el Ejecutivo “se limite a ejecutarlo lo que resta de año”.

“Operativamente, para el ciudadano no cambia nada respecto a lo que hay ahora”, asume la analista. El mayor cambio, dice, se producirá si el 155 se aplica con toda su intensidad y el Gobierno pasa a decidir directamente si aprueba los gastos. Hasta ahora, el control financiero que tomó Hacienda hace semanas ya le permite decidir si aprueba el pago de las facturas que la Generalitat le remite, en función de si están correctamente justificadas. Ahora, el Ejecutivo también haría directamente el pago.

El Consejo de Ministros aclaró que el foco de su actuación presupuestaria estará puesto en evitar que los fondos transferidos por el Estado a Cataluña, o los recursos propios de la comunidad, “se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista”. La lupa, por tanto, se pondrá previsiblemente en partidas menores del presupuesto catalán, como son los 12 millones destinados a relaciones institucionales y procesos electorales, los 37,2 millones dedicados a promocionar la lengua catalana o los 35,5 millones de relaciones exteriores.

Después de todo, el gasto destinado a sufragar las múltiples oficinas internacionales que la Generalitat mantiene en EE UU, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y otra docena de países, promete ser una cuestión clave. “Si hay un supuesto de extralimitación de competencias es este”, apuntaba el viernes el exministro de Asuntos Exteriores, y actual diputado del PP, José Manuel García-Margallo, aseverando que estos centros internacionales “están haciendo una clara labor de difusión y defensa del separatismo”.

García-Margallo sostuvo que estas oficinas están llevando a cabo “una actividad que va mucho más allá de lo que es el desarrollo de sus competencias” que es “impulsar las relaciones comerciales, atracción de empresas y de turistas”. El exministro de Exteriores instó a que la activación del artículo 155 de la Constitución sirva para cercenar este tipo de actividad y para “asegurarse de que hacen legalmente lo que tienen que hacer y no hacen lo que no pueden hacer”.

“Son gastos bastante menores y no creo que en un momento como este sea la prioridad. Si se interviene hasta ese nivel va a ser para que todo funcione con la mayor normalidad posible. No para entrar en polémicas”, augura la experta en finanzas públicas de Afi.

Bajo su punto de vista, la principal decisión presupuestaria que puede recaer en el Ejecutivo tras la activación del artículo 155 de la Constitución es qué hacer con los Presupuestos de la Generalitat para 2018. “Otros parlamentos autonómicos comenzarán a tramitar sus presupuestos ahora”, recuerda López, quien considera previsible que “se haga como en el Gobierno central y se prorroguen para el año que viene los presupuestos de 2017, al menos durante los primeros meses”.

Control sobre los tributos autonómicos

Sube la recaudación: La Generalitat de Cataluña anunció ayer que la recaudación de los impuestos propios y transferidos por el Estado a la comunidad se ha incrementado un 18,28% en lo que va de año, respecto al mismo periodo de 2016, hasta sumar 2.600 millones a cierre de septiembre. La lista incluye una quincena de tributos, como son los de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, establecimientos turísticos, juego, o emisión de gases.

Bajo control de Montoro: Los impuestos citados, que venía controlando la Agencia Tributaria de Cataluña, pasarán previsiblemente a ser controlados por el Ministerio de Hacienda a partir del viernes, cuando se espera que el Senado avale la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ante el desafío secesionista de la Generalitat, el departamento que dirige Cristobal Montoro ya dejó de hacer la transferencia mensual, de unos 1.200 millones de euros, que el Estado hace a la comunidad. De esta forma, también los gastos dependientes de los ingresos propios de Cataluña pasarían a estar controlados por el Gobierno.

Rebajar el déficit: La toma del control económico de Cataluña por parte del Gobierno también busca “la estabilidad presupuestaria”, pero desde Afi descartan que el Ejecutivo tenga tiempo a estas alturas del año de reconducir el déficit de la comunidad.

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