Contribuyentes catalanes: no jueguen con su dinero

Los inspectores tendremos que regularizar y sancionar a cualquier ciudadano que no ingrese sus tributos en la AEAT

Agencia Tributaria de Cataluña
El secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el director de la ATC, Eduard Vilà.

Nos gusta presumir de que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) no solo es una asociación que aglutina a unos 1.200 inspectores de Hacienda de los aproximadamente 1.500 actualmente en activo, sino que, además, es la única que representa a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

No es que tengamos la exclusividad en su representación, cualquier grupo de inspectores podría crear su propia asociación en cualquier momento, lo que ocurre es que desde su existencia, allá por 1991, todas sus juntas de gobierno han sabido valorar este inestimable activo y han guardado siempre la distancia necesaria respecto de la política, los programas de partido y de las ideologías y sus distintas formas de entender la Hacienda pública. Esto es un éxito de todos los asociados.

La consecuencia de esta peculiar característica de IHE es que cualquier comunicado o manifestación, como el que hicimos público la semana pasada en apoyo de nuestros compañeros destinados en Cataluña, vienen precedidos de un vivo debate en el seno de una junta de gobierno formada por personas con ideas, matices y prioridades muy distintas.

Pero hay al menos una cosa que tenemos todos en común: creemos en el respeto a la ley, en la igualdad de todos los españoles ante la ley y creemos en lo que hacemos, que no es poco.

No es ninguna insensatez afirmar que a pesar de que una gran mayoría de ciudadanos consideran que la Administración tributaria y sus, a veces, cuadriculados funcionarios son un grano en el culo, también reconocen que su existencia es necesaria y se encuentra intrínsecamente emparentada con la idea del bien común y del Estado de bienestar.

Durante los seis años que estuve destinado en Girona recuerdo la satisfacción que sentía cuando, tras explicar una dolorosa liquidación a un contribuyente, conseguía que se marchara reconociendo que nuestro papel es imprescindible y reforzado en la idea de que actuamos objetivamente y sin distingos. Y si además conseguía hacerle entender que no machacamos siempre a los mismos y que los grandes patrimonios y las personas famosas también son objeto de comprobaciones rigurosas, entonces, el premio era doble pues, además, me había ganado su confianza como cliente.

Y así llegamos al primer propósito de esta columna: querido cliente, no ingrese sus tributos del Estado en ninguna entidad distinta de la AEAT. Defienda su preferencia por la independencia de Cataluña si así lo siente, en democracia caben todas las ideologías, pero no cometa la irresponsabilidad de jugar con su dinero –los grandes patrimonios no lo hacen, ¿por qué iba a hacerlo usted?– porque lo que pasará es que regularizaremos su falta de cumplimiento ante la AEAT como la ley nos ordena y tramitaremos las sanciones que procedan.

Por otro lado, ser funcionario de la Administración tributaria en Cataluña estos últimos meses está siendo más ingrato de lo normal. Bueno, en realidad, como toda generalización, la anterior es una afirmación imprecisa, pues en la Administración tributaria estatal, reflejo de su integración en la sociedad catalana, también trabajan personas conformes con la idea de una Cataluña independiente. Lee usted bien: el Estado español pagando el sueldo a españoles-catalanes independentistas. Pero no debe dejar que este dato le haga hervir la sangre, esa es precisamente la grandeza de una democracia sana, que no impone formas de pensar o de sentir a las personas.

La defensa del derecho de esos empleados públicos a detentar una Cataluña independiente debe ser obligación para los empleados públicos que no la desean, e igualmente, los primeros deben proteger asimismo el derecho de aquellos que se sienten emocionalmente vinculados con España y no quieren independencia. Según mi experiencia, así ha sido siempre entre los compañeros de la propia Administración tributaria.

Pero no ocurre así fuera de nuestras oficinas; no es lo mismo hoy en día vivir en Cataluña y querer la independencia que vivir en Cataluña y no quererla.

Los que pertenecen a este último grupo se sienten señalados; guardan silencio y se cuidan de no discrepar para poder vivir en paz; evitan situaciones en donde se les diga que como son de fuera no lo entienden; salen de los grupos de WhatsApp de padres de alumnos porque los inundan con propaganda; interrogan a sus hijos a la vuelta del colegio para averiguar si han sido objeto de algún comentario o situación discriminatoria, incluso los hay que prefieren simular posiciones afines a la independencia para no perder el favor de sus vecinos o amigos. Esta estrategia perfectamente orquestada para imponer por aplastamiento la independencia ha llegado demasiado lejos, tanto que hasta insinúan su legitimidad por encima de la ley y eso no se puede consentir, ni por activa ni por pasiva. Y he aquí el segundo propósito de esta columna.

Querido compañero de la Administración tributaria de Cataluña: ni tú ni tu familia estáis solos en esto. Sabemos que os sentís inquietos por lo que pueda venir, pero esto ya ha llegado a su fin; tened por seguro que ni vuestros derechos van a ser expropiados ni vuestras competencias usurpadas. También nosotros tenemos un plan.

Pronto llegarán los nuevos inspectores desde Madrid, pronto se calmará este sinsentido y pronto podremos recalcar, orgullosos, que independientemente de las circunstancias, el funcionario de Hacienda siempre cumple el mandato de la ley haciendo lo que mejor sabe hacer: velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y luchar contra el fraude fiscal.

Saulo Marrero Martín es vocal de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

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