Mutua y CaixaBank retiran la póliza de responsabilidad civil a Puigdemont

SegurCaixa Adeslas comunica la rescisión del contrato Alega el "riesgo" político provocado por la Ley de Desconexión

Reunion de la mesa del Parlament de Cataluña presidida por Carme Forcadell junto con los portavoces de los grupos parlamentarios.Massimiliano Minocri

SegurCaixa Adeslas ha rescindido los seguros de responsabilidad civil que cubren al Govern de la Generalitat y al Parlamento catalán. La compañía ha tomado esta decisión por  "el riesgo producido por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña" y, en concreto, por la suspensión por parte del Constitucional de la ley de Transitoriedad Jurídica.

El Parlament y el Gobierno presidido por Carles Puigdemont recibieron el pasado 11 de octubre  una carta de la aseguradora en la que explica los motivos de la rescisión de la política de cobertura de responsabilidad civil contratada.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Cinco Días, se especifica que la póliza queda resuelta de modo inmediato "como consecuencia de la gravísima agravación del riesgo". La compañía se refiere expresamente a la por parte del Constitucional, de la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República".

Estos dos contratos de seguros cubrían la actividad de los 135 parlamentarios catalanas, junto a los miembros del Govern de la Generalitat y de sus altos cargos.

SegurCaixa Adeslas pertenece en un 50,1% a Mutua Madrileña y en un 49,9% a VidaCaixa, la filial aseguradora de CaixaBank. Se trata de la mayor compañía de seguros de salud de España y su principal canal de distribución son las oficinas de CaixaBank. La decisión se ha tomado con el consenso de ambos socios.

Hace una semana la compañía acordó el traslado de su sede social de Barcelona a Madrid, ante el incremento de la inseguridad jurídica en Cataluña. También se han trasladado otras aseguradoras, como VidaCaixa y Catalana Occidente.

Los seguros de responsabilidad civil son muy frecuentes entre directivos de empresas y altos cargos de la administración. Cubren a los funcionarios, profesionales o representantes públicos por los daños a terceros que hayan causado en el ejercicio de sus funciones.

Con la rescisión del contrato, SegurCaixa Adeslas entiende que el parlamento y el gobierno catalán, al saltarse la paralización de la ley de transitoriedad impuesta por el Tribunal Constitucional, están operando más allá de sus atribuciones constitucionales. La aseguradora quiere guardarse las espaldas ante potenciales reclamaciones de daños y perjuicios que puedan interponer empresas o particulares que se sientan damnificados por los actos cometidos por los parlamentarios autonómicos o por el gobierno de Puigdemont.