La mayoría de expertos apuesta por ampliar la edad legal de jubilación
Más de un tercio de los encuestados por PwC cree conveniente reducir el importe de la prestación Los analistas piden que se reforme el sistema antes de cinco años
No es fácil contestar a la pregunta de si está en riesgo el futuro de las pensiones en España sin que se genere alarma a toda la población. A quienes ya cobran estas prestaciones porque enseguida interpretan que son las suyas las primeras que se recortarán y al resto de la ciudadanía que comienza a ver con escepticismo la posibilidad de poder jubilarse y cobrar una pensión como en el sistema actual.
Los más de 350 expertos, directivos y empresarios con los que la consultora PwC elabora su Consenso Económico han contestado en esta ocasión a las preguntas referidas a qué se puede hacer para garantizar el sistema público de pensiones en España. En lo que todos los encuestados están de acuerdo es en que el problema demográfico español es una bomba de relojería de efecto retardado, “que exige atraer mano de obra inmigrante (para el 45,2% de los participantes es “muy importante”) o aplicar nuevos incentivos a la entrada en el mercado laboral de la mano de obra femenina (iniciativa que respalda el 52,9%). Pero al margen de estas dos propuestas, las iniciativas más respaldadas siguen siendo las de siempre.
Casi dos terceras partes de los encuestados, el 65,4%, apuesta por ampliar de nuevo la edad legal de jubilación. Hay que recordar que en España las recientes reformas ya ampliaron de 65 a 67 años la edad oficial de retiro (que será plenamente efectiva en 2027), si bien la real sigue estando en torno a los 64 años.
Para otro importante porcentaje de los expertos consultados, el 38,5%, lo más efectivo sería reducir el importe de las nuevas prestaciones. Sin embargo, la propuesta de aplicar toda la vida laboral del trabajador para calcular la cuantía de la pensión solo es defendida por el 30,4% de los panelistas.
De este modo, para una amplia mayoría, el 63,1%, el sistema de reparto actual tendrá que modificar su estructura si se quiere garantizar su sostenibilidad. Y lo que es más importante, todos los cambios que se realicen los expertos reclaman urgencia y que se lleven a cabo antes de los próximos cinco años. La propuesta que no logra apenas adeptos es la de cambiar el modelo de reparto actual por otro de capitalización (cada trabajador cobra su pensión en función de su ahorro que el Gobierno gestionaría como un fondo colectivo), que solo es defendida por el 7,8% de los expertos.
Y es que un 43% considera que en España no existe la suficiente cultura financiera como para implantar un cambio de modelo tan radical. En este sentido, hay expertos que sugieren que el Gobierno, llegado el caso de optar por un sistema de capitalización, debería sugerir carteras de inversión y riesgo para que cada ciudadano pudiera elegir el plan de pensiones que más le tranquilizase. Solo un 6,1% de las respuestas estima que el Ejecutivo debería obligar a los ciudadanos a cotizar para garantizar su pensión.
Además, son más quienes defienden incentivos adicionales para los planes de pensiones privados (el 23,5%) que los que apuestan por la aplicación de un sistema de reparto de cuentas nocionales (16,7%). En caso de sustituir el sistema de reparto por otro de capitalización mixto, solo el 22,7% de los expertos aboga por hacer obligatoria la inscripción de los trabajadores en el nuevo modelo. “Si no fuese obligatorio, el corte debería hacerse según la edad del cotizante”, defienden.
Qué hara el Pacto de Toledo
Escepticismo: El Consenso Económico de PwC es bastante escéptico respecto al alcance de las recomendaciones que realizará la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Una mayoría del 55,6% espera propuestas para llevar a cabo pequeñas reformas encaminadas solo a reducir el déficit del sistema a corto plazo. Solo el 31,3% de los encuestados prevé que se propongan “sugerencias reformistas de calado”.
Modelo europeo: Los expertos consultados rechazan de forma bastante rotunda la posibilidad de que la UE estableciera un único modelo fijo de sistema de pensiones para todos y cada uno de los países miembros. Apenas el 22,5% de los panelistas vería con buenos ojos una reforma en esta dirección.
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