Unipost presenta un ERE para 2.200 trabajadores, toda su plantilla en España
Fuentes sindicales explican que se abre la puerta a la liquidación de la compañía. La empresa presentó el pasado julio el concurso voluntario de acreedores, con una deuda cercana a los 50 millones de euros.
El operador postal Unipost, en concurso de acreedores, ha presentado este miércoles un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España.
Fuentes sindicales han explicado que la representación de los trabajadores ha recibido una comunicación del bufete de abogados Jausas, que ejerce como administrador concursal, explicando que esta decisión abre la puerta a la liquidación de la compañía.
Unipost, que es propiedad de una rama de la familia Raventós y tiene su sede central en Barcelona, se presentó el pasado julio en concurso voluntario de acreedores con una deuda cercana a los 50 millones de euros y la voluntad de continuar con su actividad.
Ante esta situación, los sindicatos temían que la empresa presentara un ERE para una parte de la plantilla, pero en ningún caso esperaban que los despidos pudieran afectar a todos los trabajadores.
De hecho, Unipost, el principal operador privado del país, mantenía negociaciones con los representantes de los trabajadores para aprobar un plan que permitiera reducir la plantilla a las actuales necesidades del negocio.
Unipost, fundada en 2001 por la integración de la catalana Suresa, la valenciana Flecha y la aragonesa Urbandisa, presentó en los últimos años diversos expedientes de regulación para ajustar su plantilla. A principios de 2016, logró un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda.
La compañía, con unos ingresos superiores a los 110 millones de euros, según los últimos datos publicados en su web, gestiona 600 millones de envíos al año para más de 15.000 clientes de todos los sectores y realiza envíos a más de 200 países gracias a su asociación con DHL Global Mail, el principal operador de correo en el mundo.
En los últimos años, la compañía presidida por Anton Raventós ha sido vinculada con el proceso independentista. El pasado septiembre, la Guardia Civil se incautó de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional, durante el registro de varias oficinas de Unipost en Cataluña.
El grupo de mensajería alegó entonces que "en ningún caso conoce el contenido de los escritos y documentos que gestiona para sus clientes", pero el juez consideró que había "claros indicios" de la posible participación de los responsables de Unipost en el delito de malversación de caudales públicos por la organización del 1-O.
En el año 2014, durante la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre, Unipost también fue requerida por la Fiscalía para que informara sobre su contrato con la Generalitat para el servicio de buzoneo de la propaganda del proceso participativo.