"Sin acceso a la justicia no hay Estado de Derecho"
Esta es una de las conclusiones de Stéphane Leyenberger, miembro de la CEPEJ, en la jornada sobre el acceso a la justicia en la UE España se sitúa como el noveno país europeo en presupuesto público dedicado al sistema judicial
Este martes ha tenido lugar el encuentro sobre "Acceso a la Justicia en la Unión Europea", que forma parte de los cinco encuentros sobre el derecho a la justicia en el mundo que concluirán con una reunión en el foro que se celebrará en julio del año que viene en Nueva York. El evento, organizado por el Fondo para el Desarrollo Sostenible (SDGF), la Universidad de Navarra y el Consejo General de la Abogacía, ha contado con la Stéphane Leyenberger, Jefe de la División de Independencia y Eficiencia de la Justicia de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa (CEPEJ).
Un ponente de excepción para explicar cuál es la situación del acceso a la justicia en Europa, ya que el principal objetivo de esta división del Consejo de Europa, es promover la justicia como servicio público. Para ello, elaboran un informe cada 2 años que recoge los resultados sobre distintos indicadores del sistema judicial en los 47 países miembros del Consejo de Europa. El último se publicó el año pasado y recoge los datos de 2014 y el próximo se publicará en septiembre de 2018 con los datos de 2016. Estos datos son facilitados al CEPEJ a través de los Ministerios de Justicia de cada país. Sin embargo, como bien admite Leyenberger "no es fácil comparar los datos de países con distintas formas de organización de la justicia".
Lo cual por ejemplo en el caso de España ha generado cierta suspicacia en lo relativo al cómputo de jueces por cada 100.000 habitantes, ya que nuestro país se sitúa por debajo de la media europea en este aspecto. En un esfuerzo por hacer más comparables los resultados de los 47 países respecto al número de jueces, el CEPEJ ha creado tres categorías distintas: jueces profesionales, formados y pagados como tales, jueces profesionales que actúan de forma ocasional y pagados como tales y por último jueces no profesionales, voluntarios compensados por los gastos que también emiten decisiones vinculantes.
Stéphane Leyenberger ha insistido en su intervención en que "los individuos deben tener acceso a los jueces y tribunales desde un punto de vista intelectual, físico y financiero", ya que en su opinión "no hay Estado de Derecho cuando los ciudadanos no pueden tener fácil acceso a un juez". Desde un punto de vista intelectual, ha explicado que deben saber qué dice la ley, cómo pueden proteger sus derechos o en caso contrario, tener acceso a asesoramiento profesional que se lo facilite. Por otro lado, el aspecto físico se refiere el acceso real a un juez o tribunal, lo cual está estrechamente vinculado con la organización del mapa judicial. Y en cuanto al punto de vista financiero, a la posibilidad de pagar por ser asesorado o defendido.
En este último punto todos los países europeos, según señala Leyenberger, cuentan con un sistema de asistencia jurídica gratuita, la cual no sólo incluye la representación legal ante los tribunales, sino que cada vez más se extiende a la ejecución de decisiones judiciales o a la mediación judicial. Aunque también ha advertido que hay grandes diferencias respecto a la inversión pública que realiza cada Estado europeo en la asistencia jurídica. Por ejemplo, España dedica apenas un 6 % de su presupuesto para justicia, mientras que Irlanda invierte el 36 % o Noruega el 44%. Además, la organización de la asistencia jurídica gratuita es distinta en cada Estado. Y según ha reconocido "sólo en algunos países en los que los abogados pueden dedicarse únicamente al turno de oficio y vivir de ello como en Grecia, Italia, Portugal y también quizás España". Países que suelen ser además, "aquéllos que cuentan con un mayor número de abogados y mejor organizados".
En cuanto a la inversión pública general en el sistema judicial también, Leyenberger también ha insistido en que existen muchas diferencias entre los países miembros del Consejo de Europa. "La media europea es de 60 € per cápita, pero la mitad de los Estados gastó menos de 45 € per cápita. España, por su parte, con 88 euros per cápita se sitúa como el noveno país europeo en presupuesto público dedicado per cápita al sistema judicial". Asimismo, el pago de tasas judiciales por parte de los usuarios de la justicia, es también una fuente de financiación del sistema judicial, que se encuentra presente en todos los países europeos, salvo en Francia y Luxemburgo que prevén el acceso gratuito a los tribunales. Si bien en la mayoría de los casos estas tasas judiciales sólo cubren una parte del presupuesto asignado a al sistema judicial, hay casos como el de Austria en el que se generan beneficios con el pago de las tasas por los usuarios.
Otro de los puntos en los que se ha detenido ha sido el uso de las tecnologías de la información (IT) en el acceso a la justicia. Aunque ha destacado que su uso es cada vez más habitual, de hecho, el propio CEPEJ elabora un tiene un estudio específico al respecto, ha apuntado que "las nuevas tecnologías son un medio para mejorar el sistema judicial pero no un fin en sí mismo". Además, ha reclamado la necesidad de una política de gestión que acompañe este cambio e involucre a todas las partes.
Pero todo ello, como bien indica Stéphane Leyenberger "son algunos de los muchos indicadores para medir la eficiencia de los sistemas judiciales".
Por su parte, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, que ha sido la encargada de inaugurar la jornada, ha destacado que "en España el acceso a la justicia gratuita está garantizado por el turno de oficio tanto en tribunales nacionales como europeos".
Paloma Durán, directora del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mecanismo económico para la implementación de los 17 objetivos de Naciones Unidas para 2030, ha explicado las medidas que están llevando a cabo para conseguir el objetivo 16: promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Una estrategia en la que pretenden involucrar no solo a los Estados miembros de las Naciones Unidas sino también al sector privado y académico. De ahí también la colaboración con la Universidad de Navarra, representada en esta jornada por Jorge Noval, decano de la facultad de derecho, que ha señalado durante su intervención que "la justicia es un bien vital para la sociedad, el alimento social que nos permite la convivencia, tender puentes entre las culturas y eliminar barreras a los grupos más vulnerables".