El expresidente de la CECA mantiene que la reforma de las cajas buscaba “jibarizarlas radicalmente”

Quintas asegura que las cajas estaban "enfermas", pero murieron "porque se optó dejarlas fallecer" Acusa del agravamiento de la crisis al "negligente retraso de los poderes públicos" en actuar

El que fuera presidente de la Confederación Española de las Cajas de Ahorros (CECA) hasta marzo de 2010 (cuando dimitió), Juan Ramón Quintas, no decepcionó en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso en la que se investiga la crisis financiera y el rescate de las cajas. Quiintas criticó a los directivos de las cajas, a los gobiernos autónomos, al gobierno central, incluido a Economía, como al Banco de España.

Ha asegurado que las malas prácticas de las cajas fue uno de los detonantes de la crisis de estas entidades, aunque no el único. "El control indirecto por los partidos políticos respecto de los órganos de gobierno de determinadas cajas permitió que se tomaran públicamente acuerdos en instancias ajenas a las cajas respecto de asuntos de gran transcendencia que realmente correspondían a los órganos de gobierno de las cajas", ha declarado. Subrayó que una parte de los consejeros de estas entidades carecían de "cualificaciones técnicas, considerándose preferentemente sus afinidades políticas, sindicales o personales".

"La realidad era que se producía una captura de los órganos de gobierno de las cajas por los directivos, encabezados por el presidente y respaldado por la posición hegemónica de los consejos de perfil político, seleccionados por las comunidades autónomas", añadió. De esta forma, considera que las cajas se comportaron como bancos públicos al servicios de los gobiernos locales.

Otra de las causas de la caída de estas entidades fue la "rigidez de capital" derivada de su regulación jurídica. Ha declarado que esta rigidez pudo evitarse si el Banco de España o el Gobierno central e incluso el Parlamento hubiesen puesto remedio con nuevas normativas, algo que considera que no se hizo.

"Una buena regulación (limitando la influencia política y flexibilizando la capitalización) y supervisión (cortando ejemplamente las malas prácticas) hubiera, sin duda, dificultado y limitado drásticamente los daños causados por la mala gestión de los administradores e impedido el deterioro de la solvencia" de estas entidades. 

El control de los gobiernos autónomos de las cajas, es denominada por Quintas como irracional. Mantiene que "la gravedad de sus consecuencias sobre la solvencia de algunas de estas entidades afectadas, fueron fuertemente contestadas por las propias cajas". Pese a ello, considera que no se puso remedio.

De esta forma, asegura que la responsabilidad de la caída de las cajas "también alcanza al Gobierno español". la razón de su afirmación la explica en "su incapacidad para elaborar a tiempo un diagnóstico correcto". Critica la respuesta de los supervisores y políticos de que "a toro pasado", ya que afirma que en marzo de 2009 él ya avisó en el Congreso de que estábamos ya "ante una crisis de una envergadura no conocida en 80 años y lo que estamos haciendo no está a la altura de esa crisis. O la sociedad española actúa con una contundencia muy superior y de forma mucho más coordenada de lo que se ha hecho hasta ahora o esta crisis va a tener consecuencias dramáticas para este país".

Se queja de que nadie le hizo caso. Y recuerda que ya los inspectores del Banco de España en una carta remitida en mayo de 2006 al ministro de Economía, entonces Pedro Sobes, alertaron del deterioro de la solvencia de estas entidades. También lamenta que el Gobierno tanto del PSOE como del PP no hubiesen ido a la ventana del BCE para recibir ayudas como lo hicieron varias entidades del resto de la banca europea.

También señala en su intervención directamente al Gobierno socialista por la salida a Bolsa de Bankia. Si es cierto las declaraciones de Luis de Guindos en diciembre de 2014 en el Congreso en la que aseguraba que el Ejecutivo socialista definió esta salida "como una cuestión de Estado, en que su Gobierno forzó voluntades e hicieron que los supervisores miraran para otro lado", si así ocurrió "estaríamos ante una de las más graves responsabilidades incurridas en la gestión de una crisis", ha manifestado en el Congreso.

Pero también culpa a Guindos, y a los supervisores al considerar que la reforma del sector "a lo que realmente estaba orientada era a jibarizalo radicalmente, al forzar la conversión en bancos, no solo de las cajas contaminadas por la crisis, sino también de las que la habían surcado sin sucumbir, incluyendo las que tenían los mejores ratios de solvencia".

Concluye con que "es cierto que las cajas estaban enfermas, pero si finalmente murieron es porque se optó por dejar que falleciesen, o mejor dicho, por ejecutarlas". Y añade que "por si esto fuera poco, el negligente retraso de los poderes públicos en combatir la crisis, a hizo insoortble para una gran parte del sector".

 También fue muy crítico con el Banco de España y su gobernanza. "En España la transparencia de los supervisores financieros, si bien puede ser hasta ejemplar enlos aspectos menores, presenta en cambio graves opacidades en otros mucho más relevantes". A lo que añade que "el control parlamentario del Banco de España también era débil", por lo que el parlamento no "tenía poder efectivo" para exigir "una verdadera rendición de cuentas".