El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la cumbre de Tallin del pasado viernes. REUTERSInts Kalnins
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la cumbre de Tallin del pasado viernes. REUTERS/Ints Kalnins

Bruselas gira hacia la petición de diálogo tras la violencia del 1-O

La CE pide que se pase "de la confrontación al pacto"

El organismo insiste en la ilegalidad del referéndum y no reconoce los resultados

La violenta jornada del 1 de octubre ha obligado a Bruselas a abandonar su aparente indiferencia hacia el conflicto en Cataluña y a mostrar una mayor beligerancia en las peticiones de diálogo a los gobiernos de Mariano Rajoy y Carles Puigdemont.

La Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, ha hecho este lunes un llamamiento oficial a todos los actores involucrados en el conflicto "para que pasen muy rápidamente de la confrontación al diálogo".

Juncker ha telefoneado a Rajoy este lunes por la tarde. Y, según el entorno del presidente de la Comisión, le ha reiterado su apoyo al orden constitucional español pero le ha invitado a plantear un diálogo con Barcelona.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, también telefonéo a Moncloa para insistir en las llamadas al diálogo. “He hablado con Mariano Rajoy. Comparto sus argumentos constitucionalistas, pero le he instado a buscar fórmulas para evitar una escalada y el uso de la fuerza”, tuiteó Tusk nada más colgar el teléfono.

Puigdemont, sin embargo, ha supeditado este lunes el diálogo “a una mediación internacional, para que sea eficaz”. Una propuesta rechazada por Madrid y Bruselas, por lo que el enroque del govern podría abortar la negociación propuesta por la CE.

Juncker mantiene su "confianza" en el presidente del Gobierno español "para gestionar este difícil proceso". Pero el presidente de la CE subraya, tras las escenas de cargas policiales que han llamado la atención de toda Europa, que "la violencia nunca puede ser un instrumento político".

El organismo comunitario ha recordado que la consulta convocada por el Govern y suspendida por el Tribunal Constitucional "era ilegal". Y, por tanto, Bruselas no reconoce ningún resultado.

Pero la CE, por primera vez, insta directamente a entablar una negociación entre Madrid y Barcelona par restablecer la convivencia. “Más allá de los aspectos puramente jurídicos de este asunto, la Comisión considera que son tiempos para la unidad y la estabilidad, no para la división y fragmentación”, señala el organismo comunitario en un comunicado oficial.

En una línea similar se ha expresado este lunes un representante del Gobierno alemán. “El separatismo no resuelve ningún problema”, señaló Michael Roth, secretario de Estados para asuntos europeos en el gobierno de Angela Merkel. Y abogó por una salida negociada al conflicto, pero para lograrlo “ambas partes deben decir que están dispuestas a hacerlo”.

París se ha alineado más claramente con las posiciones de Madrid. En conversación telefónica con Rajoy, el presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró que el presidente del Gobierno es su único interlocutor. Un portavoz del ministerio francés de Exteriores apoyó expresamente la propuesta de Rajoy de “abrir una reflexión común con el conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento”.

La respuesta ha sido mucho más dura en países como Bélgica, donde se ha atribuido en g gran parte al Gobierno español la responsabilidad de la violencia del 1-O.

Las portadas de los principales medios de comunicación también coinciden en destacar dramáticas escenas de las cargas policiales y editorialistas y columnistas consideran, en general, que la respuesta del Gobierno central ha sido desproporcionada y contraproducente.

El Parlamento Europeo debatirá los acontecimientos del 1-O a propuesta de Populares, Socialsitas y Liberales

 

La jornada del domingo, en todo caso, ha supuesto la internacionalización de un conflicto sobre el que la mayoría de las capitales europeas habían pasado hasta ahora de puntillas.

La CE insistió el lunes en que se trata de “un asunto interno” de España. Pero la petición de diálogo marca un giro en relación con la posición previa al 1-O.

El viraje de Bruselas se iniciaba en el Parlamento Europeo. "Debe intervenir la política, no la policía”, señalaba el líder de los socialistas europeos, Gianni Pitella, el mismo domingo.

La semana pasada, los Verdes intentaron incluir ese punto en el orden del día, pero Populares y Socialistas, entre otros, lo rechazaron. La nueva propuesta llega avalada por populares, socialistas y liberales. Y aunque se dirige a abordar el problema desde el punto de vista de “la Constitución el Estado de Derecho”, tendrá la misma consecuencia política que la anterior: forzar a la Comisión Europea y al Consejo Europeo a pronunciarse ante el pleno sobre la actuación del Gobierno español y de la Generalitat de Catalunya durante el frustrado referéndum del pasado domingo.

Bruselas se niega a mediar
  • La CE ha urgido al diálogo entre Madrid y Barcelona pero ha rechazado participar en la mediación internacional reclamada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
  • El portavoz de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, aseguró el lunes que el organismo comunitario “no tiene ningún papel” en la posible negociación entre Madrid y Barcelona.
  • Fuentes europeas aseguran que el artículo 4 del Tratado de la UE impide a Bruselas intervenir. Ese artículo establece que la UE “respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional”.
  • Varios grupos del Parlamento Europeo, con los Verdes al frente, consideran, sin embargo, que Bruselas dispone de margen para mediar y recuperar el diálogo entre el gobierno de Rajoy y el de Puigdemont.
  • Los europarlamentarios de Podemos van más lejos y en lugar de mediación piden a Bruselas que expediente a España por la actuación de la policía durante la jornada del 1-O. Podemos pide, incluso, que Bruselas invoque el artículo 7 del Tratado de la UE para suspender el derecho de voto de España en el Consejo de la UE.
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