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Protesta de funcionarios de Hacienda

Sindicatos y Gobierno vuelven a negociar la subida salarial de los funcionarios

UGT recuerda que también deben recuperarse los derechos perdidos en materia de jornada o de bajas por enfermedad

Después del fracaso de la negociación para alcanzar un pacto salarial en el sector privado, sindicatos y Gobierno asumen el reto de convertir a la Administración en el único ámbito donde sí podría llegarse a un consenso sobre cuánto deben aumentar los sueldos de los empleados públicos en los próximos años.

Fuentes de la Federación de Servicios Públicos de UGT admitieron ayer que están a punto de retomar las negociaciones suspendidas a finales de julio por el descanso estival, ya que el reloj corre en su contra.

Todo apunta a que si no ocurre ningún imprevisto de última hora que lo impida, el próximo día 22 el Gobierno aprobará en su reunión semanal del Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos de 2018. El caso es que el Ejecutivo no cuenta con mucho margen porque la ley establece que dicho texto ha de remitirse a las Cortes para su aprobación definitiva antes del 30 de septiembre, por lo que retrasar el visto bueno del Consejo al viernes 29 se antoja poco probable.

Y dicho proyecto de ley ha de contener como una de las grandes cifras de las cuentas públicas el gasto en personal previsto para el próximo ejercicio. Por eso, si el Gobierno quiere conseguir que esta vez exista un consenso total con los sindicatos en la subida salarial a los empleados públicos, apenas cuenta con 15 días para cerrar el pacto.

Por el momento, ninguna de las partes quiere hablar de horquillas de subidas salariales y sí de un acuerdo plurianual que logre recuperar la pérdida de poder adquisitivo registrada durante la crisis tras años de congelación salarial, los recortes decretados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la supresión de la paga extra de Navidad ordenada por el Gabinete de Rajoy.

El Gobierno, como es lógico, elude hablar de a cuánto asciende esa pérdida de poder de compra de los empleados públicos. Sin embargo, los sindicatos hablan de entre un 12% y un 15%, según los casos. De hecho, recuerdan que trabajadores de algunas administraciones, como aquellos dependientes de la Generalitat de Cataluña, sufrieron la pérdida de más pagas extras que, por ejemplo, los empleados de la Administración General del Estado; debido a la delicada situación de las finanzas públicas catalanas.

La extra de Navidad de 2012 no abonada ya ha sido devuelta a la totalidad de los empleados públicos y para 2016 y 2017 fueron decretadas sendas mejoras en sus retribuciones del 1%, pero los sindicatos consideran que ha llegado el momento de que el Gobierno haga un mayor esfuerzo.

“Si es cierto que la recuperación va tan bien y con la economía creciendo más del 3% durante varios años seguidos, nosotros consideramos que la subida para 2018 ha de situarse por encima del 1% y en ese compromiso está de acuerdo el Ejecutivo”, argumentó ayer el secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Frederic Monell.

En este sentido, el dirigente sindical recordó que una mejora por encima del 1% no solo sería buena para los trabajadores de la función pública, “es que una subida generalizada de salarios le vendría muy bien a la economía española”.

Por su parte, desde el Gobierno insisten en mostrar toda su disposición para la consecución de un buen acuerdo que no se suscriba únicamente a 2018, sino que abarque, al menos, lo que resta de legislatura, 2020 incluido. Admiten que las cuentas del próximo año tienen más margen para aprobar alzas más generosas que en 2016 y 2017, pero al mismo tiempo advierten contra los efectos que podrían tener “demasiadas alegrías” en la consecución del objetivo de déficit, del 3,1% del PIB.

Más allá del capítulo salarial, para los sindicatos es igualmente esencial que la negociación consiga avanzar en dos cuestiones claves. La primera es el contencioso sobre la jornada laboral de los empleados públicos. Uno de los recortes aplicados en 2012 consistió en modificar el Estatuto básico del empleado público y donde rezaba que su jornada de trabajo sería como máximo de 37,5 horas, el Gobierno decretó suprimir el término “máximo”, de forma que allí donde se había generalizado la jornada de 35 horas, esta tuvo que ampliarse a las citadas 37,5. Desde el Ministerio de Hacienda se recalca que esto también se va a estudiar.

Y otra de las reivindicaciones sindicales es la recuperación de la cobertura en salario que tienen los empleados públicos por incapacidad temporal (IT) o baja por enfermedad. Piden que dejen de descontarse del sueldo los primeros días de baja como ocurre en la actualidad.

Algunas claves que pueden facilitar el pacto

Estos son algunos de los asuntos que formarán parte de la negociación que ahora se retoma.

Jornada laboral. En algunas administraciones como la Junta de Andalucía, Gobierno regional y sindicatos han llegado a un acuerdo para recuperar la jornada de 35 horas, pero el Ejecutivo central ha de autorizarlo.

Bajas por enfermedad. De la misma manera, en algunos ayuntamientos y administraciones autonómicas se han mostrado partidarios de dejar de descontar del sueldo durante los primeros días de baja como fue decretado en 2012 para combatir el absentismo laboral. Los sindicatos exigen a Hacienda que elabore una norma de ámbito estatal que aclare en qué casos o por qué tipos de enfermedades no se podrá recortar dinero al trabajador que cause baja.

Empleo público. Y aunque en materia de empleo hay consenso y se ha logrado activar la mayor oferta de plazas de la última década, lo cierto es que se ha creado una comisión de seguimiento que velará porque eso sea así y continuará demandando otros aspectos. Entre ellos medidas para rejuvenecer las plantillas, como el fomento de la jubilación parcial y los contratos de relevo.

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