El Gobierno invertirá 318 millones al año para el control de bajas laborales
Empleo incentiva a las comunidades con 1.260 millones con los que elevar la vigilancia sobre la incapacidad temporal entre 2017 y 2020
El Consejo de Ministros aprobó el viernes un plan de incentivos a las comunidades autónomas para elevar el control de las bajas laborales. En concreto, el Gobierno aprobó los convenios de colaboración con las autonomías para el período 2017 a 2020 con un importe máximo de gasto de 1.259 millones de euros para el conjunto del periodo. De esta cuantía 317,9 millones se destinan al ejercicio actual, lo que resta otro tanto para cada uno de los siguientes años.
La propuesta, presentada por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, incluye 16 convenios que “persiguen mejorar la colaboración y coordinación en los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas y las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social para el control eficaz de esta prestación sin generar molestias innecesarias a los trabajadores”, se explicaba en un comunicado oficial posterior al Consejo de Ministros.
Los convenios de colaboración con las distintas regiones (a excepción de País Vasco y Navarra) e Ingesa (el organismo competente para esta prestación en Ceuta y Melilla) incluyen dos apartados. De un lado, un programa de modernización de la prestación del control de la incapacidad temporal, al que se dedica el 60% del gasto. El 40% restante del presupuesto se dedicará a incentivar el cumplimiento de los objetivos de gasto previstos para las bajas laborales.
Del total del crédito previsto, el 22% se destinará a mejorar la transmisión telemática de los partes de bajas y altas (que anteriormente recibía el 20% del presupuesto). También se elevan los recursos dedicados al acceso remoto a los historiales clínicos así como a la formación de médicos de atención primaria “para que conozcan las circunstancias que atañen a la Incapacidad Temporal como prestación en la que participan los Servicios Públicos de Salud”, es decir, preparándoles para elevar el control de las bajas laborales que conceden con el objetivo de reducirlas en la medida de lo posible.
“La meta es asegurar que el gasto del Sistema se destina a su objetivo primordial que es proteger adecuadamente a los trabajadores que se encuentran incapacitados para el trabajo”, argumenta el Gobierno.
