¿De verdad tienen los autónomos una segunda oportunidad?
Expertos analizan la actual Ley de Segunda Oportunidad aplicada a los trabajadores autónomos.
“La Ley de segunda Oportunidad no es útil para los profesionales autónomos”. Esta es la principal conclusión a la que se puede llegar tras la entrevista mantenida sobre esta normativa con expertos en la materia. Carlos Martínez de Marigorta, Magistrado del Juzgado Mercantil nº 1 de Santander; Carlos Caicoya Cecchini, abogado y administrador concursal; y Jorge Caicoya Cecchini, economista, experto en auditoría y abogado, aseguran que la ley de Segunda Oportunidad no exime de la totalidad de la deuda, por lo que no puede calificarse como útil.
Pero, además, la ley penaliza a aquellos trabajadores por cuenta propia con menos recursos, teniendo que cumplir con un plan de pagos. Algo que carece de sentido si estamos hablando de una ley para que los autónomos puedan empezar de nuevo sin deudas. Incluso, en el caso de los autónomos que no sean de responsabilidad limitada, deberán responder con su propio patrimonio.
La importancia de una buena Ley de Segunda Oportunidad
Los trabajadores por cuenta ajena, entidades públicas o de crédito sí han conseguido que esta ley les aporte privilegios, pero según los expertos, los autónomos no cuentan con estos beneficios que les ayudaría a volver a emprender un negocio. La principal consecuencia de esto es que realizan actividades por su cuenta, bajo economía sumergida. Al no poder poner en marcha un proyecto por las deudas, encuentran en la economía sumergida la oportunidad de obtener ingresos. Por tanto, al final repercute en el sistema económico global.
Pero además, una buena Ley de Segunda Oportunidad fomenta la iniciativa empresarial y crea empleo. Los autónomos cotizarían de nuevo a la Seguridad Social, y contratarían personal a medida que la empresa empezara a ganar más. De igual manera, se reducen los costes del estado, ya que se eliminan los subsidios, y se empiezan a pagar impuestos.
Es precio que la normativa se equipare a la Ley europea, que libera la deuda de forma total, y no hay privilegios en los créditos públicos. Los expertos consideran que se deberían implantar sistemas de alarma que notifiquen la mala situación de una empresa, antes de entrar en quiebra, así como implantar la formación financiera en el sistema educativo.
