Estas son las plazas que se quedan sin cubrir en las oposiciones

Hacienda asegura que a veces no se presentan suficientes opositores Los sindicatos critican los bajos salarios y las altas exigencias de algunas pruebas

Alejandro Meraviglia

El Gobierno acaba de poner en marcha la mayor oferta de empleo público de los últimos nueve años y dada la delicada situación por la que atraviesan algunos departamentos de la Administración General del Estado (AGE), garantiza que las primeras convocatorias de exámenes serán ya en septiembre.

Así, entre este año y 2018 está previsto que salgan a concurso 20.280 plazas para cubrir vacantes en la AGE. De ellas, 15.998 serán ordinarias porque se trata de sustituciones de bajas y jubilaciones que en parte contribuirán a mitigar la interinidad. Otras 4.282 serán puestos de nueva creación, que representan la primera creación neta de empleo en una década. A este volumen se suman las 7.969 aprobadas en marzo para docentes, militares, policías nacionales y autonómicos y guardias civiles, lo que da como resultado un total de 28.249 empleos públicos para 2017.

Nadie duda de que para muchas de estas plazas se presentarán decenas de miles de aspirantes, en busca sobre todo de la estabilidad que otorga conseguir trabajo en la Administración. Sin embargo, la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, sorprendió recientemente al asegurar que faltan opositores, sobre todo en los cuerpos superiores.

Un análisis de lo ocurrido con la oferta de empleo público durante los dos últimos años revela la existencia de hasta 12 cuerpos o escalas profesionales en 2015 y seis el año pasado donde la tasa de cobertura (porcentaje de plazas que consiguieron cubrirse sobre el total de vacantes ofertadas) no superó el 80%. En algunos casos, incluso no llegaron a reponerse ni la mitad.

Es el caso del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social. En 2015, el Estado convocó ocho plazas y solo se subrió el 25%, o lo que es lo mismo, dos de ellas. Situación muy parecida ocurrió en el Cuerpo de Interventores y Auditores de la Seguridad Social, que sacó a concurso 22 plazas, de las que finalmente solo seis pudieron ser cubiertas, el 27%.

Se trata de los dos casos más extremos ocurridos en 2015, donde las distintas convocatorias de la oferta de empleo público ya concluyeron, pero también se dejaron sin cubrir puestos de médicos, facultativos de Marina Civil, de Sanidad Penitenciaria, arqueólogos, meteorólogos o traductores (ver gráfico).

Y el año pasado ocurrió otro tanto. Según las cifras facilitadas por el Ministerio de Hacienda a CincoDías, de los procesos que ya concluyeron definitivamente, en seis cuerpos hubo vacantes que quedaron desiertas. De nuevo, se trató de facultativos de Sanidad Penitenciaria, ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ingenieros geógrafos, estadísticos, meteorólogos y técnicos especializados de organismos públicos de investigación.

¿Por qué se quedan sin cubrir estas plazas? Desde Hacienda aseguran que son dos los motivos principales. Por un lado, porque los años de convocatorias muy reducidas han supuesto la desmotivación de los opositores, sobre todo en las escalas superiores; lo que da como resultado que a veces se presenten pocos aspirantes. La segunda razón tiene que ver con la dificultad que tiene superar estas pruebas, tal y como demuestra el bajo índice de aprobados en algunos exámenes.

Fuentes de CC OO ponen un ejemplo. “Para el examen de acceso al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado del año pasado, en el que se convocaron un total de 12 plazas, se presentaron más de 100 aspirantes y solo aprobaron ocho, luego la tasa de cobertura de dicho cuerpo se situó en el 67%”, explica José Manuel Vera, secretario general del sector de AGE de CC OO. Para estadísticos del Estado, en 2016 salieron a concurso público 26 plazas, de las que finalmente solo se pudieron cubrir 18, que fue el número de aprobados entre más de 90 opositores.

CSIF coincide con CC OO en que no es cierto que no haya suficientes opositores. Ambos sindicatos achacan los bajos resultados en algunas convocatorias al elevado nivel de exigencia de las pruebas, unas remuneraciones sensiblemente más bajas que en el sector privado y unas escasas o nulas opciones de hacer carrera profesional en la Administración. “Para solucionar este problema creemos que se debería dar más publicidad a estas convocatorias, cambiar los perfiles que se exigen y hacer más atractivo el trabajo en el sector público para estos profesionales altamente cualificados”, argumentan en CSIF.

Cuánto gana un ingeniero en el sector público

Retribuciones. Según las últimas tablas salariales publicadas, un funcionario del grupo A1, el máximo dentro de la AGE, al que pertenecen casi todos los cuerpos con plazas vacantes, cobra unos 40.400 euros brutos al año, a los que algunos trabajadores (dependiendo del departamento al que pertenezcan) pueden sumar complementos específicos que oscilan desde apenas 3.000 euros al año hasta casi 30.000. CSIF estima que en términos netos un ingeniero de la AGE cobra entre 2.500 y 3.000 euros netos al mes. En el sector privado, esa cuantía para un sénior puede llegar a duplicarse, si bien los salarios de acceso, de los júnior, han mermado bastante con la crisis.

Requisitos exámenes. CC OO critica los duros requisitos que contienen algunas convocatorias, como las de intérpretes y traductores, a quienes se pide una combinación de idiomas o dialectos casi imposible de lograr.

Riesgo de privatización. Los sindicatos advierten de que estarán vigilantes para que esta falta de personal en algunos departamentos no sea utilizada como excusa para subcontratar o privatizar esos servicios públicos.