Reforma fiscal de EE UU: qué debe saber la empresa
Las compañías extranjeras con filial en Estados Unidos tendrán un tipo societario más bajo
La primera gran reforma del Código Fiscal estadounidense desde 1986 que el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca están estudiando está atrayendo un enorme interés de los contribuyentes. Muchas empresas extranjeras que han invertido en Estados Unidos se están preguntando si los actuales incentivos seguirán existiendo. El objetivo de la reforma fiscal es el crecimiento de la economía estadounidense y la creación de puestos de trabajo en el país. Los republicanos en la Cámara de los Representantes han publicado la propuesta de reforma fiscal más detallada (denominada Blueprint for Tax Reform), el presidente Trump también ha publicado los principios que desea que se incluyan en la reforma fiscal y los republicanos del Senado están asimismo trabajando para elaborar su propio plan.
Estas tres propuestas reflejan diferencias acerca de importantes y controvertidos asuntos como, por ejemplo, el border adjustment tax –que exime de impuestos a las exportaciones y no admite la deducibilidad del coste de las importaciones– y el tratamiento de la deducción de los intereses y los gastos de capital.
Las áreas clave de coincidencia, que podrían servir como base para el proyecto de ley tributaria, son: i) la rebaja del impuesto de sociedades al 15%-20%; ii) la transición a un sistema de tributación cuasi territorial en el que las empresas norteamericanas solo tributarán por sus ingresos de fuente local, quedando exentas la mayoría de las rentas de fuente extranjera (frente al sistema actual por el que tributan por la renta mundial, incluida la de las filiales extranjeras, pudiendo quedar esta diferida si se reinvierte fuera de Estados Unidos), y iii) la creación de un impuesto de repatriación único y obligatorio que grave los ingresos de empresas americanas que se mantengan fuera de Estados Unidos.
Aún no está claro si la propuesta respecto al border adjustment tax se aprobará, pero tanto la Casa Blanca como los republicanos del Senado tienen dudas acerca de la conveniencia de introducir este impuesto porque podría conllevar una subida de los precios de consumo, ser impugnada por otros países ante la Organización Mundial del Comercio y contravenir las convenios para evitar la doble imposición que Estados Unidos tiene suscritos con otros países.
Asimismo, no todos los Republicanos opinan que el hecho de permitir un gasto inmediato en la adquisición de activos intangibles y materiales y prohibir la deducción de aquellos intereses que superen el importe de los ingresos por intereses sea la mejor forma de lograr el crecimiento de la economía estadounidense.
No obstante, los republicanos del Senado están estudiando limitar el importe de los intereses que podrían deducirse y el planteamiento adoptado en el informe Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de la OCDE, respecto a la limitación de la deducibilidad de los intereses, podría servir como guía para que el Senado redacte su propia propuesta sobre esta materia.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el director nacional de Economía, Gary Cohn, están tratando de lograr un consenso sobre la reforma fiscal con los republicanos de la Cámara y del Senado. Su objetivo es que el proyecto de ley se publique en septiembre para que la reforma fiscal pueda aprobarse a finales de 2017. Los analistas creen que la reforma fiscal no tendrá carácter retroactivo (probablemente salvo en lo referente a la repatriación, para evitar posibles planificaciones en función de los cambios de ley).
La aprobación de la reforma fiscal antes de que finalice 2017 es un objetivo ambicioso y su logro supondrá todo un reto para los republicanos, pero las empresas extranjeras con inversiones en Estados Unidos deberían empezar a analizar las propuestas, entender cómo podrían afectarles y prepararse para el posible cambio.
Muchas empresas están estudiando sus cadenas de suministro para poder tomar decisiones si se crean nuevos o mayores incentivos para fabricar en Estados Unidos, así como sus actuales estructuras de préstamos (tanto para cumplir con las nuevas normas de deuda/capital de la normativa Section 385 como para prepararse ante posibles cambios en la deducibilidad de los intereses tras la reforma fiscal).
La repercusión de la reforma fiscal estadounidense sobre la inversión procedente del extranjero es incierta. Las empresas con filiales estadounidenses (especialmente cuando estas tengan sociedades extranjeras controladas –CFC– fuera de Estados Unidos) se beneficiarían de un tipo societario más bajo y del cambio al sistema territorial. La aprobación de la repatriación obligatoria podría tener un gran impacto sobre el coste de las operaciones, ya que las empresas estadounidenses dispondrían de más efectivo para invertir, lo que les permitiría poder afrontar precios más altos en las adquisiciones y desbancar a las empresas extranjeras en algunas operaciones.
Las empresas estadounidenses que no estén interesadas en realizar compras podrían utilizar el efectivo repatriado para aumentar los dividendos a sus accionistas o para programas de recompra de acciones, lo que podría resultar beneficioso para los inversores.
Las empresas deben tener en cuenta que la reforma fiscal es un objetivo político clave para los republicanos y que se están realizando importantes esfuerzos para que se alcance un consenso legislativo en otoño de 2017. Los rezagados en analizar las propuestas y el posible impacto económico sobre sus negocios podrían encontrarse en una situación de desventaja competitiva si no son capaces de responder con la suficiente rapidez cuando se apruebe la reforma fiscal.
Alexandra Minkovichn y Isabel de Otaola son socias de Baker & McKenzie.
