Transparencia fiscal sobre el mercado del alquiler turístico

Hacienda requerirá a las plataformas datos sobre los particulares que arriendan viviendas

La ofensiva de Hacienda contra la proliferación del fraude fiscal en torno a nuevas formas de economía colaborativa contará muy pronto con un instrumento jurídico específico. La Dirección General de Tributos ha elaborado el borrador de un decreto que obligará a que las plataformas digitales que median entre particulares en el mercado de alquiler de viviendas turísticas deban colaborar con Hacienda a través de la cesión de datos personales. El texto establece que estas entidades deberán realizar “periódicamente” una declaración informativa especial que incluya el nombre de los titulares de las viviendas, de los clientes que se alojan en ellas, de los días de pernoctación, el importe abonado y un número de referencia catastral. La razón de estos requerimientos es preventiva y está dirigida a extremar el control sobre una actividad con potenciales características de un ignoto foco de economía sumergida.

Fenómenos como el creado en torno a la plataforma de alquiler turístico Airbnb permiten a particulares obtener elevados rendimientos de sus inmuebles –que pueden llegar a los 20.000 euros anuales que se paga de media por un apartamento en el centro de Barcelona– y no declararlos a Hacienda. Si a ello se une el exponencial crecimiento del parque de viviendas dedicadas a esta actividad, un 74,8% más entre 2014 y 2016, la decisión de Hacienda parece un paso necesario y obligado. Airbnb ha reaccionado ante el anuncio de esa nueva exigencia de información con una negativa: rehúsa comunicar datos de sus clientes, que considera protegidos por la normativa europea de protección de datos, y que solo cederá en el contexto de un procedimiento judicial. La compañía se apoya también en la directiva que regula el comercio electrónico.

La cuestión de si el decreto que elabora Tributos es un instrumento ajustado a derecho o no para reforzar el control de las viviendas de alquiler turístico es una cuestión jurídica que hay que examinar a fondo. Pero más allá de dilucidar y perfeccionar este extremo, existe un aspecto indudable en esta cuestión: la necesidad de arrojar transparencia y control fiscal sobre este y todos los mercados.