La Comunidad de Madrid descarta la privatización del Canal de Isabel II
Blindará por Ley el carácter 100% público de la empresa de aguas Cifra en ocho millones el deterioro de la filial brasileña que dio pie a la operación Lezo
El presidente del Canal de Isabel II y número dos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, acude esta tarde a la junta de accionistas de la empresa de aguas con mensajes como el mantenimiento a futuro del carácter público de la compañía; la necesidad de superar el impacto de la operación Lezo con un nuevo plan estratégico 2018-2022 de relanzamiento, y la vuelta del Canal a sus orígenes, que es la gestión del ciclo del agua en Madrid, renunciando a la internacionalización.
"Con el dinero de los madrileños no debemos jugar a la Bolsa", ha afirmado esta mañana Garrido en rueda de prensa. El consejo presentará esta tarde unas cuentas de 2016 cerradas con 232 millones de beneficio, en línea con la de 2015, y en las que se han provisionado 8,1 millones por el deterioro de fondo de comercio de la filial brasileña Emissao.
La compra de esta última, en 2013, dio pie a la Operación Lezo, que motivó la entrada en prisión del expresidente madrileño Ignacio González tras denuncia de la Comunidad de Madrid ante la fiscalía. En el encuentro con los medios se ha aclarado que el deterioro de la participación en Emissao podría estar en línea con el supuesto sobreprecio pagado por la empresa. De forma paralela, el Canal va a activar un arbitraje en busca de recuperar entre 7 y 10 millones por una adquisición que fue cerrada en 25 millones en Brasil y sobre la que se sospecha que los activos estaban sobrevalorados.
El Canal va a activar un arbitraje en busca de recuperar entre 7 y 10 millones por una adquisición que fue cerrada en poco más de 20 millones en Brasil
La empresa madrileña ha lanzado la contratación de un asesor financiero para tasar los activos fuera de España, e incluso los negocios en Cáceres y Lanzarote, para proceder a su venta. Aún no e sabe si en un paquete o por activos. Incluso no se descarta la colocación en Bolsa.
Las filiales internacionales ofrecen alrededor del 20% de unos ingresos totales de 868 millones en 2016. El proceso de desinversión debería llevarse alrededor de un año. "Si salimos fuera de España será con contratos de ingeniería y asesoramiento, no estableciendo filiales", se ha comprometido el presidente. Un mensaje que contrasta con la búsqueda de la internacionalización en empresas públicas dependientes de Fomento como Aena y Renfe.
Ángel Garrido explicará esta tarde en la junta que se han reforzado los controles internos para evitar nuevas corruptelas en el Canal: "Hemos enviado gente a las filiales extranjeras para que las controlen mientras dura el proceso de venta".
El mensaje de la Comunidad de Madrid contrasta con la búsqueda de la internacionalización en empresas públicas como Aena y Renfe
Fin al intento de privatización
Sobre el blindaje de la propiedad 100% pública del Canal, está en trámite en la Asamblea de Madrid una proposición de Ley que modifique la posibilidad de venta de capital a manos privadas, proyecto que abanderó el propio Ignacio González durante el mandato de Esperanza Aguirre en la Comunidad madrileña. "El capital debe estar en manos de la Comunidad y sus Ayuntamientos", ha insistido Garrido.
El accionariado de esta empresa, fruto del deseo de numeroros inversores industriales y de perfil financiero, está en manos de la Comunidad en un 82,4%, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un 7,6% y otros 110 municipios se reparten un 10%. Garrido ha asegurado esta mañana que se tratará de dar entrada al resto de Ayuntamientos sin participación, hasta completar los 179 de Madrid, "como muestra de refuerzo del control público". Para ello, la Comunidad podría ceder el 2,4% en que su paquete excede el 80% del capital, aunque no se descarta una ampliación de capital. Consistorios del peso de Leganés y Brunete han expresado el deseo de integrarse en el accionariado, mientras se buscará una fórmula para acomodar a los pueblos de la Sierra Norte.
Estos últimos se han mantenido fuera hasta ahora al corresponderles una cuota mínima del capital, en función de sus escasas poblaciones y en contra de su papel fundamental como tenedores del agua en la cuenca alta de Madrid.
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