Santander reconoce que el frente judicial puede impactar en sus objetivos en Popular

Señala la "eventualidad de abonar indemnizaciones o compensaciones"

Apunta que "podría encontrar activos dañados o deteriorados, riesgos desconocidos" en Popular

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Ana Botín, presidenta de Santander

Banco Santander ha superado un importante primer escollo en su proceso de absorción de Popular, al no acusar apenas en su cotización el impacto del anuncio de una ampliación de capital por 7.072 millones de euros y un descuento de casi el 18%. Pero la operación no va a ser ni mucho menos un camino de rosas y en el folleto explicativo registrado en la CNMV, Santander reconoce una serie de riesgos de gestión y de litigios que le pueden salir al paso y que “podrían no proporcionar los resultados y beneficios esperados”.

Para empezar, Santander explica que “no verificó de forma independiente la exactitud, veracidad e integridad” de la información disponible sobre Popular en el momento de decidir su adquisición. “No puede descartarse que la información facilitada por Popular al mercado o al banco contenga errores u omisiones”, reconoce el banco, que alude a las “particularidades y urgencia" del proceso mediante el que adquirió Popular. En unas horas frenéticas en la noche del 6 de junio, cuando se verificó la inviabilidad de la entidad y su emergencia de liquidez, que imponía una rápida respuesta que permitiera abrir las oficinas a la clientela al día siguiente.

Santander señala que la información de la que dispone en la actualidad sobre Popular es limitada y no ha sido aún procesada en su totalidad. “Por tanto, Santander podría encontrar activos dañados o deteriorados, riesgos desconocidos y que podrían resultar en contingencias materiales o que excedan las previsiones actuales de Banco Santander”, detalla el banco ante la CNMV.

Junto a la incertidumbre sobre la calidad definitiva de los activos que Santander ha incorporado a su balance, y que no ha habido ocasión de valorar todavía, la entidad que preside Ana Botín cita también el otro gran riesgo de la operación: la avalancha de reclamaciones judiciales por parte de accionistas y tenedores de cocos y deuda subordinada, que lo perdieron todo. “La adquisición por Santander de la totalidad del capital social de Banco Popular podría ser objeto de recursos o reclamaciones de toda clase cuyo resultado podría conllevar un cambio material adverso para el grupo”, detalla Santander en el folleto.

Santander señala que la resolución de Popular y su traspaso a Santander “no tiene precedentes en España ni en ningún otro estado miembro de la UE”, lo que de hecho ha dado pie a la presentación de querellas contra el proceso. Estas reclamaciones podrían afectar a la adquisición, “incluyendo la eventualidad de abonar indemnizaciones o compensaciones”, sin que el banco dé ningún detalle sobre cómo sería la fórmula con la que sopesa compensar a los pequeños accionistas de Popular que han perdido toda su inversión.

Santander también alude a las reclamaciones relacionadas con la compra de acciones e instrumentos de capital previa a la resolución del FROB, citando directamente la ampliación de capital de junio de 2016 por 2.500 millones de euros.

Otro de los frentes judiciales que puede tener un efecto adverso sobre Santander tiene que ver con las cláusulas suelo. “Popular se encuentra inmerso en acciones individuales y colectivas derivadas de las cláusula suelo. Si los costes resultantes de dichas acciones fueran superiores a las provisiones constituidas, podría producirse un impacto significativo en los resultados y la situación financiera del grupo”. Popular había realizado, a cierre de 2016, provisiones por cláusulas suelo por 511 millones de euros, sobre un riesgo máximo asociado a estos contratos de 1.000 millones de euros, que la entidad consideró “el escenario más severo y no probable”.

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