Dudas en la intervención de Popular

Pende la pregunta de por qué el FROB y el MUR ocultaron que el banco podía valer más

Dudas en la intervención de Popular

Pues sí. Parece que la entrada en vigor el próximo mes de enero de la directiva europea sobre mercados de instrumentos financieros (conocida en la jerga como MiFid 2) va a llevar consigo un giro radical en la comercialización de gran número de productos financieros.

Esta directiva, cuya trasposición en España está a la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) finalice su adaptación, tiene por objetivo proteger al cliente, sobre todo al usuario minorista para evitar en el futuro que la banca venda productos con elevado riesgo a cualquier cliente sin que este conozca de verdad las consecuencias que pueden conllevar para su bolsillo. Los abusos cometidos en España y en todo el mundo por parte de las entidades financieras con la colocación de productos poco indicados para ciertos clientes y vendidos directamente en las oficinas como si fueran depósitos sin mayores consecuencias ha sido el detonante de la aprobación de la MiFid 2.

Venta de preferentes, deuda subordinada, hipotecas con cláusulas suelo abusivas, fondo de inversión complejos a clientes minoristas llegó a convertirse en el día a día de las oficinas, cuyos empleados eran casi forzados a cumplir unos desorbitados objetivos si querían cobrar su parte de retribución variable o que sus superiores no tomarán represalia contra ellos. Muchos de estos empleados, incluso vendieron estos productos a su familia más cercana y a ellos mismos con tal de llegar al número mágico que le habían asignado en ventas.

Los expertos aseguran que la protección al cliente con ahorros entre 20.000 a 50.000 euros, es decir, los minoritarios, va a ser tal, que prácticamente no van a poder elegir productos. “El abanico en el que se podrán mover será muy limitado. Tendrán vetados un sinfín de productos. Incluso los fondos de inversión estarán acotados para ellos. El examen al que se les someterá para comprobar si saben lo que firman, o las comisiones que pagarán por un asesoramiento que ahora es gratuito en gran parte de las ocasiones será un freno para colocar su dinero en algo distinto a un depósito, con rentabilidades muy limitadas”, explica una conocida directiva bancaria.

¿Qué les queda a este tipo de ahorradores, pues si no quieren un depósito, cuya rentabilidad es muy baja, pues les queda la compra de una casa para alquilar o para vender más tarde y obtener una ganancia superior al 1% de un depósito, el mejor. Solo así podrán tener rentabilidades del 5% al 6% de media”, añade un director financiero de un destacado banco.

“El más perjudicado por la MiFid 2 es el cliente minorista. Se le ha querido proteger tanto que no se puede mover”, insiste un director de banca minorista de un gran banco.

Pero mientras que se debate si esta directiva es mejor o peor que su antecesora para proteger al cliente de a pie y la CNMV concluye su normativa, los abogados de medio mundo (estadounidenses, británicos, latinoamericanos y españoles, sobre todo) estudian fórmulas para demandar la intervención y posterior venta de Banco Popular al grupo Santander.

Cada vez es mayor el número de plataformas, asociaciones o colectivos de pequeños accionistas que se unen para demandar a la excúpula de Banco Popular por la ampliación de capital que realizó el banco en mayo de 2016 por 2.500 millones de euros, con un plan estratégico de negocio que nunca se cumplió y que al final ha llevado a la institución a su intervención bajo el nuevo sistema europeo de bail in, que supone que los accionistas y bonistas se hacen cargo de las primeras pérdidas, y que ha llevado a situar las acciones de la entidad a amortizarse y tener un valor cero.

Pero como se puede comprobar la desaparición de Banco Popular es digna de un best seller. La novela negra de este verano basada en hechos reales. Cada semana conocemos un capítulo nuevo, que nada desmerece al anterior. A la sorprendente y rápida intervención en una noche se le suman cada vez más preguntas sin resolver.

De momento, el capítulo de la liquidez sigue siendo uno de los principales escollos de la intervención. Las declaraciones del pasado 23 de junio del subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, en las que aseguraba que Popular tenía más garantías de las que presentó para obtener liquidez siguen provocando revuelo. Insinuaba que el expresidente de Popular, Emilio Saracho, no había hecho lo suficiente para frenar la crisis de la entidad.

Estas declaraciones han dado alas a grandes accionistas para incluirlas en sus demandas, caso de la familia chilena Luksic, que ha perdido 113 millones de euros con la compra del 3,4% del banco adquirido entre enero a 6 de junio, día de la intervención. Este accionista ha decidido investigar que pasó en los últimos días de Popular para que la liquidez fuese al final su muerte, en vez de la solvencia. El magnate chileno ya ha demandado al FROB hace dos semanas. Ahora esperar litigar contra el Mecanismoo Único Europeo (MUR), organismo similar al FROB español.

El eurdiputado de ICV, Ernest Urtasun, también ha dirigido una pregunta parlamentaria al MUR sobre las declaraciones del subgobernador. El morbo de esta pregunta, además, crece si se tiene en cuenta que tienen la obligación de contestar. Habrá que ver cuál será su respuesta sin romper la confidencialidad, la segunda cuestión a preguntar.

De momento, fuentes del exconsejo de Popular insisten en que se remitieron 40.000 millones de euros en activos como colaterales al Banco de España para obtener liquidez semanas antes de la intervención del banco, pero que el supervisor no les respondió hasta la semana de la intervención del banco diciendo que no todos los activos eran susceptibles de transformarse en garantías, solo una pequeña parte. Y su respuesta fue la concesión de 3.800 millones de euros en liquidez, insuficientes para contrarrestar la salida de depósitos del banco. Eso sí. En las actas del consejo de administración de Popular consta que el banco pidió 9.500 millones de euros de liquidez y que solo se le dio 3.800 millones. La cifra de 40.000 millones fue comentada de palabra, según estas mismas fuentes. El Banco de España insiste en que los colaterales presentados por Popular eran muy inferiores a esa cifra.

Ahora a las dudas sobre la liquidez de Popular se suman las del informe de Deloitte que dio origen a la valoración de un euro del banco, y que provocó la amortización de todas las acciones y bonos de la entidad. En estos días se ha sabido que no había dos escenarios con unas pérdidas de 2.000 millones a 8.200 millones. Al parecer había un tercero, el escenario sin estresar, y que daba un valor a Popular de 1.500 millones de euros, cifra que el FROB y el MUR ocultaron. Además, aún no se ha dado a conocer dicho informe. Otro argumento para añadir en las demandas de los grandes accionistas, según asegura algún que otro abogado.

Además, puede ser un argumento muy valioso en la defensa de PwC, auditor de Popular, firma, además, a la que el ICAC le ha pedido información sobre la reexpresión de las cuentas del banco. Las demandas de los pequeños accionistas también tienen como punto de mira al auditor de PwC.

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