Una regulación uniforme y equitativa para el alquiler turístico

La multiplicidad de normativas autonómicas generará problemas

La barcelonesa Montse Perez y su hija Thais Franco en una ventana del piso de su propiedad que ha tenido que alquilar a través de Airbnb para poder recuperarlo después de alquilárselo a un arrendatario.
La barcelonesa Montse Perez y su hija Thais Franco en una ventana del piso de su propiedad que ha tenido que alquilar a través de Airbnb para poder recuperarlo después de alquilárselo a un arrendatario.

El mercado de los alquileres turísticos en España se ha convertido en un problema con muchos flancos que solventar. El crecimiento exponencial de esta actividad, la gran mayoría gestionada a través del portal Airbnb, está alimentando una sobresaturación ocupacional en los principales focos turísticos cuyos primeros efectos incluyen ya brotes de turismofobia, crecientes conflictos en los vecindarios y un aumento desorbitado de los precios en el mercado de arrendamiento. Las cifras de Airbnb muestran un potente ritmo de crecimiento y de expansión, con más de tres millones de alojamientos gestionados en 191 países. Un fenómeno que llega acompañado también de una litigiosidad que se explica no solo por el rápido aumento de los alquileres, sino por la propia naturaleza de la actividad –entre la economía colaborativa y el ejercicio profesional– y por el hecho de que se desarrolla en el todavía escurridizo ámbito digital.

Conscientes de que los pisos turísticos están comenzando a generar su propia burbuja (en el ayuntamiento de Palma de Mallorca, por ejemplo, los precios se han disparado un 40%), las comunidades autónomas y algunos municipios han apostado por legislar sobre la actividad para ejercer mayor control. Y lo han hecho a través de dos modelos regulatorios: bien con sanciones, bien con una normativa más restrictiva, o bien con una combinación de ambas.

Pese a esa ofensiva, la multiplicidad de legislaciones que emanan de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos está llamada a crear dificultades específicas y posibles conflictos de competencia, dado que somete esta actividad a una multiplicidad de normas más o menos restrictivas según el territorio en el que se desarrolle. Se trata, una vez más, del viejo problema –de momento, sin solucionar– de la fragmentación regulatoria que existe en España en competencias atribuidas a los Gobiernos autonómicos. La solución pasa por coordinar ese marco legal o dejar que sea el Estado el que tome la iniciativa para promulgar una normativa homegénea. De momento, estamos ante un nuevo laberinto legal que generará sus propios conflictos.

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