La información y la transparencia son herramientas antiblanqueo

La base de datos de los notarios ha permitido destapar tramas ilegales

Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Balnqueo de Capitales del Notariado.
Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Balnqueo de Capitales del Notariado.

La monumental y extensa base de datos de sociedades que el Consejo General del Notariado puso en marcha en marzo de 2012 ha cumplido cinco años de funcionamiento con pruebas acreditadas de su utilidad en la lucha contra el blanqueo de capitales. El sistema, único en el mundo, se ha convertido en una herramienta extraordinariamente útil a la hora de perseguir este tipo de delitos, tal y como reconoce, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según los datos de los notarios, a los largo de este quinquenio la base de datos ha logrado identificar a los titulares reales manifestados (aquellos que comunican al notario ser los titulares) de 2,2 millones de sociedades. De ese ingente montante, 1,9 son sociedades limitadas, 113.242 son anónimas y 164.256 son asociaciones, fundaciones y otro tipo de entidades. Gracias a los datos del sistema, los notarios han podido averiguar en más del 80% de los casos (unos 1,7 millones de empresas) quiénes son los titulares reales de estas.

La inversión realizada por el colectivo de notarios para poner en marcha esa base de datos ha permitido arrojar luz sobre una importante parte de entramados societarios, algunos de los cuales tienen una intención claramente delictiva. Desde el colectivo de fedatarios públicos, se reconoce que la herramienta ha permitido destapar varios sonados escándalos de corrupción, así como seguramente un buen número de irregularidades a escala menor.

La dosis de transparencia y control que supone disponer de una base de datos de esta extensión constituye una ventaja valiosa para los órganismos encargados de articular la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en España. En ese sentido, la iniciativa es un buen ejemplo de colaboración entre un colectivo profesional –en este caso, que suma también la condición de funcionario público– y los organismos encargados de prevención y control del blanqueo de capitales. El reconocimiento internacional de la utilidad de esta herramienta hace inevitable plantear la conveniencia –y urgencia– de crear registros similares en otros países y de conectarlos entre sí con el fin de avanzar, en lo posible, hacia la tolerancia cero en este ámbito.

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