Así actúa el Mecanismo Europeo de Resolución... todavía por estrenar
En apenas 24 horas se decide si un banco puede salvarse o liquidarse El fondo común se nutre de las aportaciones de las entidades financieras
El Popular se ha colocado el primero de la fila entre los bancos en riesgo de estrenar el Mecanismo único de resolución MUR), la agencia europea que el 1 de enero de 2016 se convirtió en la máxima autoridad para la drástica reestructuración de entidades financieras en dificultades.
El nuevo Mecanismo se encargará, llegado el caso, de intervenir a las entidades financieros insolventes o en peligro de insolvencia con el objetivo prioritario de reducir al mínimo la posible inyección de fondos públicos.
El Mecanismo se compone de una Junta de Resolución, presidida por la alemana Elke König, y un Fondo de Resolución alimentado por las entidades financieras y que en un plazo de ocho años (hasta 2023) deberá contar con 55.000 millones de euros, equivalente al 1% de los depósitos garantizados de las entidades.
La Junta de Resolución, de la que forma parte el español Antonio Carrascosa, elabora desde hace meses los borradores de planes de resolución para cada una de las 142 entidades bajo su control.
Esos planes definen las características de cada banco y describen los instrumentos de resolución más adeudados, entre los que figuran, la venta de activos, la separación de activos tóxicos, la creación de una entidad puente o la aplicación del temido bail-in, es decir, un autorrescate a costa de las pérdidas de accionistas, acreedores e, incluso, de los ahorradores cuya cuenta supere los 100.000 euros cubiertos por los fondos nacionales de garantía de depósitos.
El plan de resolución, llegado el caso, lo ejecutan las autoridades nacionales. Pero las palancas que lo desencadenan se encuentran en Fráncfort y Bruselas.
El encargado de apretar el botón de alarma es el Banco Central Europeo, del que depende el Mecanismo único de Supervisión, otro pilar de la Unión Bancaria.
Pero la Junta de Resolución también puede lanzar la alarma. Y activar el plan si detecta que el BCE no reacciona en un plazo de 72 horas, una medida que se introdujo para evitar la posible tolerancia o connivencia del supervisor con el supervisado, a la que se atribuye el retraso de muchas autoridades a la hora de activar la resolución.
El plan de resolución se aprueba por consenso entre los miembros de la Junta de Resolución y el regulador nacional (el Banco de España o su equivalente en otros países). Si no hay acuerdo, los cinco miembros de la Junta de Resolución con derecho de voto pueden aprobarlo por mayoría simple.
Los reguladores de otros países disponen de un plazo de tres horas para frenar y revisar el plan si necesita más de 5.000 millones de euros del Fondo común de resolución o una inyección de liquidez superior a los 10.000 millones de euros.
Una vez aprobado el plan, solo podrá ejecutarse si, en un plazo de 24 horas, la Comisión Europea o el Consejo Europeo (ministros de finanzas) no plantean objeciones. Si las pegas vienen de la CE, la Junta de Resolución dispondrá de ocho horas más par modificar el plan. Pero si los ministros concluyen que el rescate no merece la pena, la entidad deberá ser liquidada.
