Guía para los accionistas, bonistas y depositantes de Popular en caso de compra o rescate

Los expertos creen que un rescate interno no tocaría la deuda sénior ni los depósitos

Un comprador sería más generoso con bonistas y accionistas

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Popular es la diana de todos los ataques en Bolsa, con un desplome del 38,2% la semana pasada y del 98,5% desde los máximos de más de 28 euros por título que alcanzó en abril de 2007. El viernes cerró a 0,413 euros. El mercado especula con una intervención de la entidad que preside Emilio Saracho si su venta o una macroampliación son imposibles.

Lo cierto es que desde enero del año pasado está en vigor la ley que fija el protocolo cuando un banco tiene problemas de solvencia. Esta norma establece que los accionistas primero y después una serie de acreedores realicen un rescate interno de la entidad (bail in, en la jerga), previo a la inyección de dinero público.

Los fondos propios –capital y reservas– de Popular sumaban a cierre de marzo 6.100 millones de euros. Este dinero, puesto por los accionistas y procedente de beneficios de ejercicios previos, es la primera arma que se utilizaría en caso de que hubiera que absorber pérdidas. Estas se desencadenarían al realizar las provisiones necesarias para tapar de una vez y para siempre el agujero de los alrededor de 36.000 millones de euros en créditos tóxicos vinculados al ladrillo. El quebranto se comería así los fondos propios. Este capital de máxima calidad se denomina CET1 en la jerga.

La fórmula que marca la ley para ejecutar este primer paso consiste en reducir “sustancialmente el valor nominal de las acciones”, que en Popular asciende a 0,5 euros. En el caso de Bankia, se rebajó desde los 2 euros por título hasta los 0,01, ante un valor económico negativo de la entidad de –4.148 millones.

El segundo instrumento en la línea de fuego serían los bonos contingentes convertibles (cocos o AT1, en la jerga), que suman 1.263 millones de euros. Esta deuda se convierte automáticamente en acciones si la ratio de capital de máxima calidad (CET1) de Popular cae de un determinado umbral. Del 5,125% en el caso de la emisión de 2013 por 500 millones, que se ha desplomado al 60% del nominal, y del 7% en la de 2015, por 750 millones, que cotiza al 54% del precio al que fueron colocados.

Los desplomes se deben al temor de que Popular impague el próximo cupón el 10 de julio. Pese a que en teoría cuenta con margen para realizar el abono, y esa es la intención del banco, el BCE puede desaconsejárselo.

El siguiente paso de los cocos sería su detonación y correspondiente metamorfosis en acciones, en caso de que el banco registre pérdidas que devoren los recursos propios necesarios. Los cocos son fácilmente activables y supondrían un ahorro de 1.250 millones por parte de un eventual comprador de Popular, como publicó CincoDías el pasado 26 de mayo.

El tercer escalón con capacidad para restablecer la situación del banco es la deuda Tier 2, como los 450 millones de euros bonos subordinados colocados a particulares en 2011 y que cotizan con descuentos del 28% al 32%. Ya está en la picota del mercado, como publicó este periódico el pasado jueves. Este tipo de pasivo suponía 636 millones a cierre del primer trimestre. Así, todos los instrumentos que pueden absorber pérdidas (CET1, AT1 y Tier 2) suman en Popular unos 8.000 millones de euros.

Las reglas del rescate interno implican que los dueños de deuda sénior e incluso los depositantes con importes de más de 100.000 euros pueden sufrir quitas. El dinero de particulares y de pequeñas y medianas empresas está blindado frente al de las grandes compañías. Y los expertos descartan que haya que llegar hasta ese nivel para cumplir con la exigencia de que el bail in suponga el 8% de los pasivos.

Quedarían al margen los depósitos inferiores a ese importe, las emisiones de deuda garantizadas, como las cédulas, las deudas con empleados o fondos de pensiones de trabajadores, las deudas a proveedores necesarios, las deudas con sistemas de pagos a plazos inferiores a siete días y las deudas con otros bancos en el mercado interbancario, también con un plazo inferior a siete días.

Este esquema de resolución, en vigor desde enero de 2016, no se ha puesto en marcha. Lo ha soslayado el italiano Monte dei Paschi, que no aplicará en puridad el esquema diseñado. La norma europea abre la puerta a una “actuación temprana”, que da margen para recapitalizar el banco con dinero público sin ser tan estricto.

La clave de una compra de Popular por Santander, Bankia o BBVA estaría en quién usa menos las herramientas de rescate interno. Los cocos son fácilmente activables, no así las quitas en la deuda subordinada, pues debería llegarse a un acuerdo con sus dueños. Eso sí, una prima respecto a su actual valor en Bolsa estaría descartada. La misión del adquirente será reducir la aportación de capital nuevo. 

Cómo se activa la resolución

El proceso consta de varias fases, aunque será el Banco Central Europeo (BCE) el que lo desencadene.

El supervisor que preside Mario Draghi es el principal responsable de detectar la necesidad de resolución de una entidad con problemas.

El Consejo de Resolución evaluará si la entidad supone una amenaza sistémica y, si su recapitalización privada no es posible, propondrá un plan de resolución. Tras revisar el plan, la Comisión Europea podrá apoyarlo o rechazarlo.

El Consejo de la UE también podrá oponerse a la decisión. Finalmente, una vez acordado, se ejecutaría la resolución de la entidad.

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