No es una buena noticia que EE UU se retire de París
Empresas e inversores internacionales han asegurado que seguirán aplicando el tratado
La eventual retirada de EE UU del acuerdo de París COP 21 no es una buena noticia. No lo es para combatir el cambio climático. No lo es para la organización de Naciones Unidas, en cuyo marco se adoptó. No lo es para un mundo con problemas que no conocen de fronteras políticas y que requieren respuestas concertadas de muchos estados. En su libro La gran convergencia, Kishore Mahbubani, decano de la Facultad de Política Pública de Singapur y exembajador de aquel Estado ante NN UU, dice que todos los habitantes del mundo viajamos en un gran transatlántico; pero que en el puente hay 193 capitanes nombrados por otros tantos Estados. Cada uno da órdenes a una tripulación distinta. Se requieren mecanismos para acordar el rumbo y que el buque avance con buena velocidad y seguro.
Es evidente que hay capitanes que mandan más que otros. Es el caso del presidente norteamericano; pero ni él puede fijar el rumbo solo. Por los otros capitanes y, Dios salve a los EE UU, porque son una gran democracia en la que su tripulación tiene mucho que decir. Veamos algunos ejemplos de esto último.
A la vista de los hachazos que el proyecto de presupuesto enviado por la Casa Blanca propina a las partidas dedicas a la Agencia del Medio Ambiente o a la de la Energía, básicas en el diseño y aplicación de las políticas para lograr la transición energética que haga posible evitar el incremento de las temperaturas; diversos congresistas, republicanos y demócratas, han recordado que el presupuesto federal lo aprueban ellos. Será importante ver qué presupuesto se aprueba.
La pretensión de demorar indefinidamente la aplicación de la regulación de la Administración Obama para reducir las emisiones de CO2 y otros gases en las plantas de generación eléctrica Clean Power Plan, está siendo discutida en el tribunal de apelaciones del distrito de Columbia. Los favorables a la regulación (diversos Estados como el de Nueva York, asociaciones empresariales y ONGs) sostienen que si la nueva administración quiere hacer cambios, que los haga y ya tendrán ocasión de combatirlos en los tribunales; pero que mientras, la cumpla. Los contrarios (otros Estados, Oklahoma por ejemplo, y otras asociaciones) abogan por suspender la aplicación mientras se estudia su revisión. Cuál sea el sentido de la resolución judicial, será trascendente.
Casi 30 Estados federados han aprobado leyes, con estándares y calendarios, con el propósito de expandir la producción eléctrica eólica y solar. En California, su parlamento ha fijado que en 2020 las emisiones de gases efecto invernadero, han de ser como las del año 1990. En 2030, el 40% por debajo y en 2050, el 80% por debajo. Combinando eficiencia energética y las renovables: todas las casas han de tener balance energético cero el 2020.
Esta misma semana, en el proceso de confirmación de altos cargos de la Administración Trump, senadores de ambos lados del pasillo han exigido que se respeten las decisiones de los Estados de la federación en materia energética.
En el sector privado, tan importante y aún más en EE UU, también esta semana, la junta general de accionistas de ExxonMobil, la mayor compañía petrolera del mundo, con el 62% de votos a favor, ha acordado que el consejo de administración debe analizar y hacer públicos los riesgos que el cambio climático supone para su actividad. También 1.100 grandes empresas y 280 inversores globales han dirigido al presidente de EE UU la petición de que no se retirara del acuerdo de París y a la vez, han dicho que sus modelos de negocio, en cualquier caso, lo seguirán aplicando ya que operan globalmente.
Pero orden, contra orden, igual a desorden. Lo que debiera ser un esfuerzo compartido se puede convertir en un sinfín de batallas jurídicas internas y guerras comerciales internacionales. El 26 de abril, el premier de la provincia canadiense de British Columbia pidió formalmente al primer ministro de Canadá que prohiba la exportación de carbón norteamericano a través de sus puertos, como respuesta a las tarifas que la nueva Administración EE UU ha impuesto a sus pellets de biomasa.
De eso a propuestas de impuestos sobre las exportaciones de EE UU a otros mercados, como el europeo, para equiparar los costes que otros productores soportan para, ellos sí, cumplir con los acuerdos COP21, no hay una gran distancia.
Sería inteligente que, como viajeros-tripulantes de ese transatlántico llamado Tierra, nos ahorráramos luchas entre cubiertas y motines abordo; pero ahora mismo, no depende de la tripulación española, ni de su capitán. En cambio, sí que solo nos corresponde a nosotros decidir si queremos apostar a la ruleta de lo que puede pasarle a nuestro planeta, si los negacionistas del cambio climático que rodean al presidente americano están equivocados, como dice la inmensa mayoría de la comunidad científica.
Sí que nos corresponde a nosotros tener un plan de transición energética, con objetivos y calendario. Sí que es nuestra responsabilidad abordar cómo produciremos la energía que las centrales nucleares en España dejarán de generar, si respetamos los plazos de las licencias de funcionamiento que se les otorgaron. También lo es decidir si vamos a aprovechar el potencial de generación solar que nuestro clima permite o si, a falta de aquel plan de transición y de un sistema armónicamente diseñado, vamos a seguir parcheando y poniendo dificultades a su desarrollo.
Que cada palo aguante su vela y del señor Trump hablaremos otro día.
Enric R.Bartlett Castellá es profesor de Derecho Público, Esade Business & Law School (Universidad Ramón Llull).
