Una legislatura larga, pero quizás baldía

Si Rajoy y los socialistas no pactan la reforma de las pensiones y la financiación regional, será un fracaso

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, durante la firma del acuerdo por el que la formación nacionalista canaria garantiza su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, durante la firma del acuerdo por el que la formación nacionalista canaria garantiza su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017. EFE

El apoyo del disputado voto del señor Quevedo al proyecto de Presupuestos de 2017 proporciona al Gobierno la aprobación, con los 176 votos mínimos imprescindibles en el Congreso, de la única ley anual sin la cual no es posible gobernar. Facilita un deseo expreso del presidente Rajoy de comenzar esta endiablada legislatura con un nuevo presupuesto para mandar una señal inequívoca a los españoles, los europeos y los mercados financieros de que existen posibilidades de gobernar con un elevado nivel de estabilidad pese a la incertidumbre, y, segundo, de que el Partido Popular tiene una elevada capacidad de llegar a consensos con el resto de grupos políticos, en contra de la extendida opinión de que Rajoy camina solo.

Podía haber resistido este ejercicio con las cuentas prorrogadas como estaban, con la garantía plena de que el objetivo de déficit se cumpliría. De hecho, el presupuesto al que concedía un valor capital era el de 2018, el que ya se está negociendo antes de aprobar el del año en curso, porque es el que proporcionará el oxígeno suficiente para culminar la mayor parte de la legislatura. Pero la obstinación en aprobar en el pleno y con 176 votos las cuentas de 2017 puede ser tan exitosa como lo fue aprobar, con la censura de toda la oposición, las cuentas de 2016 antes de someterse al veredicto de las urnas el 20 de diciembre de 2015 por si las moscas... Al final, las circunstancias en las que se enredó la política del país le dieron la razón, y bien podría estar buscando ahora también un salvavidas para los años venideros.

Era difícil vaticinar que Pedro Sánchez fuera a volver con plenos poderes a la secretaría general del PSOE y que ello podría bloquear toda iniciativa política en el Congreso que precisase de un pacto con los socialistas. Pero los hechos están ahí, y el Gobierno carece de garantía de que el PSOE vaya a colaborar en el diseño y aprobación del techo de gasto para 2018 y en las cuentas públicas de ese año, en contra de lo que sí hizo con el de 2017 cuando sus destinos estaban en manos de la gestora.

En todo caso, los pactos presupuestarios que el Gobierno ha cerrado con cuatro partidos minoritarios para llegar a los 176 escaños que dan la mayoría absoluta (C’s, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias) no se agotan en el horizonte de un año, porque muchas de las cuestiones consensuadas necesitan financiación en años sucesivos. Por tanto, esta mayoría circunstancial podría consolidarse, al menos en materia presupuestaria, para disponer de Presupuestos propios también en 2018.

Si no lograse el Gobierno reeditar el pacto con los cuatro grupos, y no hubiese posibilidad alguna de entendimiento con los socialistas, tiene la opción de prorrogar las cuentas que saldrán esta semana del Congreso y prolongar la legislatura al menos un año más, para llevar las elecciones generales como pronto a la primavera de 2019. No sería una legislatura de cuatro años, pero tendría una duración generosa para desenvolverse en una aritmética parlamentaria rocambolesca.

Pero lo importante de la legislatura no es precisamente su duración, aunque no sea desdeñable tal variable para proporcionar estabilidad política a la economía. El meollo está en qué propuestas legislativas y con qué profundidad salen adelante y cuáles encallan. Y esta legislatura estaba identificada como aquella que, tras superar la crisis económica, debía poner en marcha con gran consenso político las reformas necesarias para consolidar la recuperación y hacer viable la convivencia de los españoles en las próximas décadas. Además de resolver el desafío planteado por los nacionalistas catalanes, es de exigencia inaplazable resolver el futuro de las pensiones en una sociedad que envejece a marchas forzadas y ajustar la financiación autonómica, tras varios años aplazada por falta de recursos y falta de voluntad política para afrontarla.

Una legislatura sin gran consenso nacional en pensiones y sin un nuevo sistema de financiación autonómica que aplaque las tensiones territoriales, puede ser longeva y divertida, pero será cuasi baldía. Tales reformas se pueden hacer con un presupuesto prorrogado para 2018, pero será una malísima señal de arranque que ni siquiera el techo de gasto que tiene que salir en junio logre el plácet parlamentario.

Es una incógnita el camino que tomará Pedro Sánchez, aunque todo el mundo tiene la sospecha de que recrudecerá la oposición a Rajoy, y no es descartable que la moción de censura pirotécnica que ha presentado Pablo Iglesias para el 13 de junio se repita en 2018 con el líder del PSOE como candidato alternativo. De tal nivel de colaboración, poco resultado palpable puede salir, y las opciones de mantener la legislatura dependerán de la reedición del pacto presupuestario de este año.

La vuelta a las elecciones no parece interesarle a nadie, porque nadie tiene una expectativa de voto mejor de la que obtuvo en junio de 2016. Unos porque chapotean en una charca de corrupción; otros porque tienen al partido abierto en canal y roto, y sospechan que sus electores no son de la misma opinión que sus afiliados; los terceros porque la radicalización de los segundos les resta mercado; y los cuartos porque viven un momento de apocamiento existencial.

Optar por el colaboracionismo constructivo o por la pendencia electoralista es la decisión que tiene que tomar el grupo socialista, que como partido de Estado sigue teniendo la clave, si no de la elasticidad de la legislatura, sí de la riqueza de sus contenidos. Hasta ahora poco más que comisiones de investigación que ventilen el habitáculo político se han puesto en marcha. En absoluto sobran, pero bien está que vayan acompañadas de un espíritu colaborativo, y no solo de la continua erosión de los contrarios para engordar las ambiciones particulares.

Huelga decir que España necesita seguir creciendo al 3% para generar en poco tiempo los empleos que tenía antes de la crisis y mejorar su calidad. Para eso se precisa estabilidad normativa y política, y otro tanto para sacar adelante una reforma de pensiones consensuada por todos, porqué no con Podemos también, que selle el estado de bienestar, y una financiación regional en la que tienen que estar inexcusablemente Gobierno y PSOE, porque entre ambos gestionan todas las comunidades.

Rajoy y Sánchez no se llevan bien; pero ni siquiera tal detalle puede ser abstáculo para cumplir con las exigencias de los administrados. Demasiadas veces España ha pagado facturas dobles por retrasar decisiones estratégicas. Si todos las tienen identificadas, no hay interés particular que pueda impedirlas.

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