La incertidumbre jurídica sobre las sicavs debe acabar de una vez
Las sicavs deben ser verdaderos instrumentos de inversión colectiva
Las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) son un buen ejemplo de que la incertidumbre es uno de los grandes enemigos de la actividad económica, sino el mayor. La creación de estos instrumentos se está hundiendo de manera inexorable, y en lo que va de año solo se ha creado una sicav. Ni una más. Ya en 2016 la puesta en marcha de nuevas sicavs se redujo a mínimos, con solo 19. Al tiempo, las desapariciones se han disparado. Bien por la mera transformación en sociedades anónimas o limitadas, por disoluciones propiamente dichas o por fusiones con fondos de inversión, la mortalidad de las sicavs crece sin parar. Y eso que la fórmula de la fusión con fondos ha perdido fuerza después de que Hacienda haya advertido al mercado de que se reserva el derecho a que afloren las eventuales plusvalías si considera que el principal motivo de la unión es de índole fiscal.
Este panorama está sustentado en la pesadilla que para las sicavs representa el pacto de investidura de PP y Ciudadanos, que las tiene en el punto de mira. Son siete meses más de un mal sueño a la espera de nuevas normas, tras los que solo cabe la esperanza de que el cambio legal no sea tan duro que desate una deslocalización masiva a países más estables jurídicamente, como Luxemburgo.
La principal queja de los partidos políticos es que, en muchas ocasiones, las sicavs no son verdaderos vehículos de inversión colectiva, sino fórmulas para manejar una fortuna personal o familiar. Y Ciudadanos ha hecho bandera de acabar con trampas en esta industria como que tengan 99 acompañantes –mariachis en la jerga– y un solo inversor verdadero, ya que la ley exige 100 partícipes.
El objetivo deseable, lejos del acoso político a los beneficios tributarios, es fomentar que las sicavs sean verdaderas instituciones de inversión colectiva. Para ello es necesario despejar de una vez, y definitivamente, la pesada incertidumbre jurídica que pesa sobre unos instrumentos que hoy cuentan con un patrimonio total en España de 33.200 millones de euros y que, de estar bien regulados, no solo mantendrían sino que atraerían capitales con capacidad de crear riqueza en España.
