Tribunales

Condenas de cárcel para la excúpula de Eurobank, 14 años después

La entidad fue intervenida por el Banco de España en 2003

El expresidente de la entidad sigue en busca y captura

Eurobank
Sede de la Audiencia Nacional.

Casi tres lustros se ha tomado la justicia para dilucidar las responsabilidades del caso Eurobank, por el que la Audiencia Nacional acaba de imponer penas de prisión para algunos de sus principales responsables.

La entidad, uno de los referentes más cercanos al escándalo que rodeado a Banco Madrid, fue intervenida por el Banco de España en 2003 y acabó siendo liquidada causando pérdidas millonarias a sus accionistas.

La Audiencia Nacional ha terminado condenando a dos de los 14 acusados, María Vaqué y Manuel Vicente Fernández, por un delito continuado de administración desleal si bien el expresidente de la entidad, Eduardo de Pascual Arxé, principal acusado, no ha sido procesado al encontrarse en busca y captura.

 El tribunal absuelve a los 11 acusados restantes de los delitos de asociación ilícita, delito societario continuado, estafa en grado de tentativa y delito de insolvencia punible de los que habían sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción.

 Los dos condenados deberán indemnizar solidariamente a los accionistas afectados por la desaparición de la entidad con 5,177 millones de euros mientras que Vaqué deberá compensarles con 4,399 millones.

 Eurobank del Mediterráneo contaba con un capital social de 26,78 millones de euros, que controlaban medio millar de accionistas, cuando su presidente anunció que renunciaba a la licencia bancaria de la firma y procedía a liquidar la entidad lo que provocó la intervención por parte del Banco de España en julio de 2003.

Comenzó entonces una larga odisea judicial en la que más de 53 acusaciones particulares y asociaciones de defensa de los accionistas en busca de justicia y resarcimiento por el dinero perdido.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal concluye que aunque dos de los acusados cometieron delitos de administración desleal no ha quedado acreditado que la gestión que originó la despatrimonialización de la entidad fuera consecuencia de una asociación ilícita concertada para delinquir.

En su sentencia el tribunal explica que el presidente del banco con la anuencia de las dos personas que han sido condenadas crearon un grupo de sociedades patrimoniales controladas directa o indirectamente en diversos momentos y circunstancias por el presidente rebelde de la entidad, un hecho que por sí mismo no alcanza la relevancia penal, más allá de los abusos que cometieron en las funciones propias de su cargo de administradores de derecho y/o hecho, “ y que han provocado un perjuicio al banco y a sus accionistas”.

Respecto a los 13 años que tardó en celebrarse el juicio, que tuvo lugar a finales de 2016, el tribunal no pone en duda la complejidad de la causa, en tanto que “ se trataba de analizar con plenitud y exhaustividad “ las actividades desarrolladas en Eurobank desde 1996 hasta 2004.

Sin embargo, la Audiencia expone que la condena se ha fundametnando en la prueba documental , es decir, los informes del Banco de España, de la Dirección General de la Generalitat, la propia de Eurobank y las Mutuas; una documentación que, según recuerda la Sala, se encontraba perfectamente identificada y obtenida en el año 2004, “ siéndole tomada declaración a algunos de los acusados, como imputados en el año 2011. Esto hace que se deba tener en cuenta la atenuante” concluye la sentencia.

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