La Audiencia imputa a Narcís Serra por un agujero de 720 millones en Catalunya Caixa
El expresidente de la entidad, su director general y 13 ex altos cargos, acusados de provocar un agujero
La Justicia pone ahora el foco en los desmanes inmobiliarios que presuntamente tuvieron lugar en Catalunya Caixa (CX). El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno admitió este jueves a trámite, según recoge Efe, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que solicitaba la imputación del expresidente de la entidad Narcís Serra y de otros 14 exaltos cargos, incluyendo al exdirector general Adolf Todó ante las “notables irregularidades” en la gestión de la entidad. En concreto, al entender que pudieron cometer un delito de administración desleal como consecuencia de una serie de operaciones inmobiliarias que habrían producido un perjuicio de 720 millones de euros a la entidad.
“Dicho perjuicio se ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y el precio de su adjudicación a la Sareb”, expone el escrito de la Fiscalía, basado en una denuncia que había presentado el FROB tras detectar potenciales operaciones irregulares en el seno de las cajas catalanas.
La denuncia relata “toda una serie de actos de administración que podrían resultar contrarios a los intereses económicos de la sociedad”, detalla la Fiscalía, que relata que la entidad intervino promociones inmobiliarias en todo el país, en Portugal y Polonia a través de un socio inmobiliario que dejaba el peso decisorio en los órganos de la caja.
Mediante este sistema, los gestores de la caja “adquirieron terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, pendientes, por tanto, del desarrollo de los diversos instrumentos urbanísticos para poder construir viviendas, lo que conllevaba riesgo en la inversión”.
Las operaciones se realizaron, además, sin contar con tasaciones realizadas por expertos independientes, adquiriéndolos a veces al socio partícipe incluso solo unos días después de la compra por parte de su participada. “La comisión ejecutiva aprobó determinados proyectos sin competencia para ello, por cuanto en atención al importe del proyecto correspondía su aprobación al consejo de administración”, reza el escrito, que señala que las decisiones tomadas ante la crisis inmobiliaria ocasionaron un grave impacto en el beneficio de la caja.
Catalunya Banc, como pasó a denominarse CX, requirió un rescate con fondos públicos de 13.600 millones de euros y acabó siendo adjudicada a BBVA en una subasta posterior, por 1.130 millones. A falta de ver qué cuantía se recupera por Bankia, el Tribunal de Cuentas considera este como el rescate más oneroso para las arcas públicas de todos los realizados en la reestructuración de la banca española.
La excúpula de Catalunya Banc aguarda, en paralelo, la apertura de juicio por otra causa relacionada con las subidas de sueldo que se aprobaron en 2010, después de que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que preside Gonzalo Postigo, reclamara a finales de febrero al apertura de juicio oral. A Serra, expresidente de Catalunya Banc y exministro socialista de Defensa, le solicitan cuatro años de prisión.