Tribunales

Arranca el pulso por ejecutar la condena de las visas ‘black’

Blesa y Rato recurrirán la sentencia al Supremo pero la acusación pide encarcelarles ya

tarjetas black
Los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, hoy durante el juicio por las tarjetas 'black'. EFE

La contundente sentencia impuesta el jueves por la Audiencia Nacional a los procesados por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, que declara culpables de apropiación indebida o colaboración a los 65 procesados e impone las penas de cárcel más duras solicitadas por el fiscal para los principales responsables, abría ya el viernes un nuevo pulso entre los letrados de las partes, en esta ocasión por la ejecución del fallo.

De un lado, algunos de los condenados mostraban su sorpresa por la dureza de la sentencia y avanzaban su intención de recurrirla ante el Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas revelaban, por ejemplo, que así lo hará el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, a quien se impuso la mayor condena, seis años de cárcel y una multa de 7.200 euros, que siguiendo los pasos de su sucesor, Rodrigo Rato, posterior presidente de Bankia, que ya el jueves avanzaba su intención de acudir a la máxima instancia judicial para discutir la pena de cuatro años y medio de cárcel que se le ha impuesto.

A priori, ambos podrían eludir el ingreso en la cárcel hasta contar con un fallo en firme, como ilustraba esta semana el caso de Iñaki Urdangarin, condenado a seis años de prisión por el caso Noos pero al que se ha concedido libertad sin fianza hasta que su caso llegue al Supremo.

Sin embargo, la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) en el caso de las visas opacas presentó el mismo viernes un escrito ante la Audiencia Nacional reclamando la celebración de una vistilla que aclare los términos de ejecución de la sentencia y solicitando el ingreso en prisión provisional sin fianza para Rato y Blesa.

La CIC, presidida por Gonzalo Postigo y representada en la causa por el letrado Andrés Herzog, argumenta en un documento de ocho páginas que el tribunal debe tener en cuenta la “gravedad del delito”, la “elevada pena” impuesta y el hecho de que tanto Blesa como Rato tengan otras causas judiciales pendientes para valorar el “riesgo de fuga”, por lo que defiende privarles de libertad o, al menos, retirarles el pasaporte y prohibirles salir del país.

El escrito detalla, concretamente, que Blesa se encuentra investigado por delitos de administración desleal, estafa, estafa a inversores y apropiación indebida en la causa abierta sobre la comercialización de las preferentes de Caja Madrid, y pendiente de sentarse en el banquillo, por administración desleal y apropiación indebida, en el caso sobre las retribuciones irregulares de la caja.

Rato, por su parte, está siendo investigado por administración desleal, estafa, estafa a inversores y apropiación indebida en el caso Bankia, sobre la salida a Bolsa de la entidad, y por administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y fraude fiscal en otros procesos sobre su presidencia de Bankia.

La acusación popular advierte finalmente sobre la “elevada posición social y económica de los condenados que, sin duda, aumentan el riesgo o las tentaciones de eludir la acción de la justicia”.

En medio de este pulso, la Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pronunciarse el lunes sobre si reclamará el ingreso inmediato en prisión u otras medidas cautelares para alguno de los 65 condenados, según fuentes judiciales citadas por Efe.

“En cuanto a la ejecución de sentencia es difícil que se apliquen medidas cautelares de ingresos en prisión puesto que no existe riesgo de fuga ni de ocultación de pruebas”, opina Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí. “Lo que sí esperamos es que se pida, y se conceda, la devolución de los 12 millones distraídos más los intereses. Sería lo razonable después de la contundencia de la sentencia”, expone.

“En cuanto a las posibilidades de prosperar el recurso ante el Supremo, no creo que vaya a prosperar en cuanto al fondo. La documentación es abundante y las pruebas, claras. Otra cosa son los detalles jurídicos. La celeridad de la sentencia –conocida el 23 de febrero de un juicio de 30.000 folios de sumario visto para sentencia el pasado 2 de febrero– puede que ofrezca algunas lagunas jurídicas que sin duda sus abogados defensores explotarán”, avanza Navas.

Fuentes jurídicas señalan, de hecho, que lo previsible es que los 65 condenados recurran el fallo ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días desde la notificación del fallo que se les dio. De los 65, 19 han sido condenados a más de dos años de cárcel, con lo que a priori deberían ingresar en prisión aunque carezcan de antecedentes penales si la sentencia se hace firme.

Otros 14 más han sido condenados a dos años. A todos ellos les preocupa un cercano precedente, el de que la Audiencia Nacional denegara en enero la suspensión de la pena a cinco exdirectivos de Novagalicia condenados a dos años de prisión por las indemnizaciones millonarias que se concedieron antes de dejar la caja.

Inhabilitaciones y cargos en el alero

Los 120 años de prisión y los cerca de 220.000 euros en multas que se han impuesto a los 65 condenados por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia hacen sombra a otros puntos de la condena. Los procesados han sido condenados también a la inhabilitación para la actividad bancaria durante el tiempo de la condena así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, esto es, la posibilidad de ser elegidos para cargos públicos. Más allá, las propias condenas pueden ser motivo para retirar a un procesado de su cargo en determinadas compañías, especialmente las cotizadas. Unas limitaciones relevantes para quienes han ocupado cargos de calado en el mundo bancario, político, sindical y empresarial, aunque muchos han sido ya apartados. “Al final el tiempo acaba poniendo todo en su sitio”, sentenció el viernes el ministro de Economía, Luis de Guindos, en declaraciones a los medios antes de intervenir en el foro “Invertir en Argentina” organizado por El País.

Destaca entre otros casos el del exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga, que gastó 255.372 euros con la black y ha sido condenado a 3 años y dos meses de prisión. Trabaja en el Corte Inglés, desde donde aseguran que ya no ocupa ningún cargo directivo ni ejecutivo y que el fallo es “un asunto personal” que no interfiere en su labor actual, que desde la empresa no aclaran.

Otro caso relevante es el del yerno de Juan Villar Mir, Javier López Madrid (que gastó 34.807 euros y ha sido condenado a seis meses), pues es consejero delegado del grupo Villar Mir y consejero en OHL. El empresario destaca que la sentencia no es firme y anuncia que ha dado instrucciones a sus abogados para recurrirla. Desde OHL, por su parte, avanzan que “atendidas las normas de gobierno corporativo y la legislación vigente, el consejero López Madrid informará al consejo de administración en su próxima sesión sobre las novedades producidas en su situación procesal, a fin de que dicho consejo adopte los acuerdos que procedan”, informa Javier Fernández Magariño.

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