Central nuclear

Acuerdo amistoso entre España y Portugal sobre el almacén de Almaraz

La mediación del presidente de la CE evita que el conflicto llegue al Tribunal de la UE. Lisboa supedita la puesta en marcha del mismo a una revisión por parte de su Gobierno

Bruselas / Madrid
Jean Claude Juncker, presidente de la UE, con Mariano Rajoy y Antonio Costa, primer ministro de Portugal, el pasado 3 de febrero en Malta.
Jean Claude Juncker, presidente de la UE, con Mariano Rajoy y Antonio Costa, primer ministro de Portugal, el pasado 3 de febrero en Malta. Reuters

La intervención in extremis del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha logrado evitar un choque judicial sin precedentes entre España y Portugal a cuenta de la polémica construcción de un almacén temporal de residuos nucleares en la localidad cacereña de Almaraz. Para intentar frenar ese proyecto a poco más de 100 kilómetros de la frontera portuguesa, Lisboa invocó el 16 de enero el artículo 259 del Tratado de la UE, una vía sólo utilizada en casos de extremas discrepancias entre los socios europeos y que puede desembocar en sólo tres meses ante el Tribunal de Justicia europeo.

 Pero las dos partes firmaron la paz, o al menos una tregua, durante un encuentro auspiciado por Juncker y celebrado el pasado 3 de febrero en Malta, donde se desarrollaba una cumbre europea informal.

Como fruto de esa cita, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, emitieron ayer una declaración conjunta avalada por Juncker en la que anuncian “un acuerdo amistoso a propósito del asunto de Almaraz”.

A iniciativa del presidente de la CE, Madrid y Lisboa se comprometen “a un proceso de consulta y diálogo constructivos que resuelva la controversia planteada por la construcción de un almacén temporal individual (ATI) de residuos nucleares en la central de Almaraz”. El conflicto derivaba de la negativa de España a someter el proyecto a consulta con Lisboa, por considerar que sólo se trataba de una nueva instalación en un recinto nuclear ya autorizado previamente.

Tras el acuerdo de Malta, el gobierno de Rajoy se ha comprometido a que “no emitirá ni ejecutará la autorización para comenzar las operaciones del ATI hasta que las autoridades portuguesas hayan examinado la información pertinente y la visita [de expertos portugueses y comunitarios] se haya llevado a cabo”.

La revisión del proyecto deberá ejecutarse en un plazo de dos meses. Y durante ese tiempo, según el acuerdo, “España se abstendrá de tomar cualquier medida que pueda considerarse irreversible”.

¿Victoria española?

A cambio de esos compromisos, el gobierno de Costa acepta retirar la denuncia presentada en base al artículo 259 del Tratado europeo, aunque se reserva el derecho a activar de nuevo ese procedimiento si lo considera necesario en el futuro.

El partido verde Equo, contrario al proyecto, lamentó la decisión y su eurodiputado Florent Marcellesi aseguró que “el gobierno portugués se ha plegado a las presiones del Gobierno español y de la CE, que defienden descaradamente los intereses de la industria nuclear española”. Equo considera que, de facto, Lisboa acepta la prolongación de Almaraz hasta 60 años.

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