Energía

Lisboa invoca la norma más radical de la UE contra el almacén nuclear de Almaraz

“Portugal ha recurrido a un arma jurídica de destrucción masiva”, reconocen fuentes españolas

Bruselas / Madrid
El presidente español, Mariano Rajoy, con el primer ministro portugués, Antonio Costa, el pasado noviembre en Madrid.
El presidente español, Mariano Rajoy, con el primer ministro portugués, Antonio Costa, el pasado noviembre en Madrid. Getty Images

La ofensiva política de Portugal contra el parque nuclear español acaba de convertirse en un conflicto diplomático y judicial de una virulencia desconocida entre los dos países ibéricos y sin apenas precedentes entre los socios de la Unión Europea. Lisboa, según fuentes europeas consultadas por CincoDías, ha invocado ante la Comisión Europea el artículo 259 del Tratado de la UE para intentar frenar de forma drástica la construcción de un depósito de residuos radiactivos en la central de Almaraz, situada en la provincia de Cáceres a poco más de 100 kilómetros de la raya hispano-portuguesa.

 “Portugal ha recurrido a un arma jurídica de destrucción masiva”, reconocen fuentes españolas tras una embestida de Lisboa que, salvo acuerdo in extremis, colocará el cementerio de Almaraz bajo la lupa del Tribunal de Justicia de la UE en apenas tres meses.

La ofensiva de Portugal se produce tras la reiterada negativa del gobierno español a someter el proyecto a un estudio de impacto medioambiental conjunto entre los dos países. Los intentos por resolver el conflicto fracasaron definitivamente el 12 de enero, durante una reunión en Madrid que acabó mucho peor de lo esperado entre la ministra española de MedioAmbiente, Isabel García Tejerina, y su colega portugués, Joâo Matos Fernandes.

Tras ese fracaso, Lisboa no ha dudado en esgrimir el artículo más duro del Tratado de la UE, una vía jurídica apenas transitada y a la que sólo se recurre cuando se produce un choque frontal entre dos capitales europeas. En 60 años de jurisprudencia comunitaria, apenas hay un puñado de casos en base al artículo 259 (antiguo 227) y casi siempre por gravísimos conflictos políticos sobre asuntos de extrema sensibilidad política, como el provocado por la tragedia de las vacas locas entre Reino Unido y Francia o las disputas de soberanía sobre Gibraltar entre Madrid y Londres.

Bruselas, incómoda

La propia Comisión Europea parece sorprendida e incómoda por la brutal deriva jurídica que ha tomado el conflicto en torno a la energía nuclear entre España y Portugal. El gobierno portugués había anunciad su intención de presentar una queja contra España ante el organismo comunitario. Pero no concretó que recurriría a la vía más expeditiva y tajante. Bruselas dispone sólo tres meses para resolver una queja que, en otros casos medioambientales, requiere de años. Fuentes europeas han indicado que los servicios de la Comisión ya han emplazado al Gobierno español a que presente sus alegaciones. Y Bruselas estudia el envío de técnicos comunitarios para verificar in situ la ubicación y condiciones del almacén de Almaraz, de 2,650 metros cuadrados. La declaración de impacto ambiental (DIA) del ATI fue aprobada el 7 de diciembre por un Gobierno en funciones, sin dar la palabra a Portugal, un derecho que le asiste por el Tratado Euratom.

Tras esa investigación, la CE dispone de dos opciones: asumir las tesis portuguesas e iniciar un expediente contra España. O inhibirse y dejar que Lisboa denuncia directamente a España ante el Tribunal de Justicia europeo, un choque judicial frontal que nunca se ha producido entre los dos países ante la Corte de Luxemburgo.

Un impulso para desbloquear el ATC

El bloqueo que se le avecina al futuro almacén temporal individual (ATI) de residuos radiactivos proyectado en la central de Almaraz, puede servir de impulso al almacén centralizado (ATC) del municipio conquense de Villar de Cañas, que albergará los desechos de todo el parque nuclear español. También bloqueado por la decisión del actual Gobierno de Castilla La Mancha de incluir sus terrenos en una zona de aves protegidas, el ATC acaba de recibir el espaldarazo del tribunal Supremo. En un fallo que Enresa, la empresa pública responsable del futuro almacén central, ha recibido con satisfacción, el Alto Tribunal ha admitido las medidas cautelares que le solicitó el Abogado del Estado. En opinión de Enresa, la decisión del Supremo, que entra en cierto modo, en el fondo del asunto y que “difícilmente derivará en un pronunciamiento judicial distinto”.

Sin embargo, aunque el proyecto se desbloquea, aún falta que el Ministerio de Medio Ambiente apruebe la declaración de impacto ambiental (DIA) y la autorización definitiva del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por lo que las obras no se iniciarían hasta 2018.

España tiene un problema añadido: necesita actualizar su Plan General de Residuos Radiactivos (el vigente es de 2006) para adaptarlo a la directiva de 2014 que establece un marco europeo para la seguridad nuclear. Y también a la posibilidad de que las centrales amplíen su vida útil prevista de 40 a 60 años, lo que supondrá casi duplicar el volumen de residuos a gestionar y los fondos económicos suficientes para dicha ampliación y para redimensionar el ATC. Y es que con el informe técnico del CSN favorable a la ampliación de la vida de Garoña, el parque español tiene más posibilidades de un indulto por 20 años.

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